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sâmbătă, august 18, 2007

"Cautelas no novo Código"

"Uma adequada e equilibrada relação entre as sociedades comerciais e os investidores é vital para o mercado de capitais.
A competência e a independência na tomada das decisões de administração, a transparência na gestão, o adequado controlo interno e externo, o alinhamento de interesses entre sociedade/administração e seus accionistas (e 'stakeholders' em geral) são os valores e interesses, nem sempre coincidentes, a defender e preservar.
Neste sentido, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários colocou recentemente em consulta pública o Anteprojecto de Código de Governo das Sociedades, na senda de regulamentações propostas por governos e supervisores europeus e pelas instâncias comunitárias.
É, no entanto, necessária a adequação das medidas a implementar no mercado português, quer em função da sua dimensão, quer em função do esforço económico exigido para acompanhar tais medidas, quer, finalmente, em função das suas características e especificidades intrínsecas.
Não se pode esquecer que a integração num mercado global de capitais (ainda mais do que europeu) determina a adopção de padrões de exigência idênticos, designadamente para as empresas cujos valores sejam negociados em qualquer mercado.
O recurso ao mercado de capitais para a captação ou aplicação de recursos deve ocorrer num enquadramento legal, regulamentar e prático, de neutralidade em que apenas os veículos de investimento - no caso, as empresas - relevam. As diferentes jurisdições de sede das referidas empresas ou de negociação dos valores mobiliários - e respectivas regulamentações - não devem ser determinantes para a opção de captação ou aplicação de recursos.
Esse objectivo só se atinge com um elevado grau de exigência no que se refere, também, ao governo das sociedades, em geral, e não apenas às cotadas. Idealmente, o mais elevado padrão seria aplicável a todas as sociedades (designadamente, de capital aberto) e esse deve ser o objectivo a alcançar.
A realidade, por seu turno, sugere cautela, isto é, uma evolução paulativa no sentido deste objectivo, em que as próprias empresas possam optar, de acordo com critérios de natureza económica, pelos padrões mínimo ou máximo de regras de governo. Tendencialmente, pelo acesso diversificado e exponencial a recursos através do mercado de capitais e pela inerente redução dos custos de financiamento, a conclusão económica óbvia será: maior qualidade de governo das sociedades cria melhores condições de captação de recursos. Para os investidores: maior qualidade de governo das sociedades implica menor risco de investimento.
Um maior investimento no cumprimento das (boas) regras de governo das sociedades é recompensado pelo retorno decorrente das melhores condições de negociação com os diferentes 'stakeholders': detentores de capitais próprios, alheios, fornecedores, trabalhadores e clientes. Mas tal só ocorrerá se as referidas regras forem adequadas à realidade das empresas." (Miguel Pereira e Rita Maltez, Advogados, in Expresso - Economia, 18/08/2007)

luni, februarie 19, 2007

A propósito de horarios, farmacias y la Forza Antitrust Italiana.

Desde comienzos del mes se viene debatiendo en Italia sobre la (des)regulación de los horarios de las farmacias. El tema surgió a consecuencia de una segnalazione de la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), en la cual se llama a los gobiernos regionales para que:
Ciertamente el debate sobre las reglamentación de las farmacias en Italia no es reciente. Ya en 1998 la AGCM se había referido a diversas normas restrictivas de la competencia. Para quienes no se llevan bien con el italiano, una versión en inglés del comunicado de 1998 lo encuentran aquí, dentro del site de un grupo denominado de manera bastante ilustrativa: Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (Movimiento Nacional de Farmacéuticos Libres).
Algunas asociaciones, como Federfarma Ascoli, aceptan la liberalización de los horarios, pero sólo si se evita que al amparo de este nuevo derecho las farmacias de turno obligatorio no dejen de atender o que se perjudiquen las pequeñas farmacias rurales ante la existencia de mayor competencia. Si entiendo bien entonces, se le dice sí a los horarios libres, siempre y cuando se asegure la existencia de una oferta determinada obligatoria, lo que sería equivalente a que existan otras vías por las cuales se logre lo mismo que se obtiene con los horarios regulados.

El debate español.
Los italianos pueden ir no muy lejos de su propio continente y preguntarle a los españoles qué cosa han hecho y dicho sobre el tema de las farmacias y los horarios. A continuación algo de lo que en España se ha dicho.
Jorge Valín del Instituto Juan de Mariana, en un artículo titulado "Más farmacias no significan un mercado libre" escribe:

La Comisión Europea (CE) solicita a España que se liberalicen las farmacias equiparándolas al resto de comercios. Para la CE el sistema español es discriminatorio y no reúne las condiciones necesarias para abastecer a todos los ciudadanos. El gobierno español tiene dos meses para contestar a Europa. La advertencia ya fue lanzada también a Italia, y el gobierno de Romano Prodi lo está intentando con las quejas de costumbre. Evidentemente no provienen de los consumidores, sino de farmacéuticos que ven como sus abultados márgenes de beneficios pueden empezar a caer en beneficio de la competencia y el consumidor.

Como siempre, la CE no tiene idea alguna de lo que significa liberalizar. Liberalizar no significa introducir más empresas en un sector sino desregular, abolir leyes, impuestos y abrir el mercado a cualquiera que quiera arriesgar su capital en montar un negocio. Es el consumidor el auténtico soberano y sólo él ha de decidir qué empresa sigue y cuál cierra, qué productos se han de vender y cuáles no. En definitiva, somos nosotros quienes hemos de condicionar la oferta y no un funcionario de Bruselas (07/09/2006).

Por otro lado, en el Blog español Ajopringue leemos dedicado en general al tema de la libertad de horarios, pero que bien se aplican al tema de los horarios de las farmacias. De él se puede extraer lo siguiente:

Los argumentos que suelen esgrimir los que están en contra de la libertad de horarios comerciales se centran en la indefensión del pequeño comerciante frente al grande y la “explotación” de los trabajadores. No obstante siempre omiten mencionar al rey del mercado: el cliente. Al fin y al cabo todos somos consumidores finales, incluidos los pequeños comerciantes y los trabajadores. Y si atendemos a las encuestas, la mayor parte de los ciudanos contemplan con buenos ojos esta liberalización. Las restricciones a la libertad de horarios va en el sentido opuesto a los nuevos hábitos sociales. Cada vez más hogares tienen todos sus miembros trabajado, por lo que se incompatibilizan los horarios laborales y los horarios comerciales.

Desde una óptica liberal el Estado no debe injerir en los acuerdos a los que libremente han llegado un grupo de ciudadanos. Si un proveedor decide vender un bien o servicio a un cliente el Estado no debe inmiscuirse en el día y la hora en la que deciden llevar a cabo dicha transacción.

Desde el punto de vista económico todo son ventajas a la liberalización comercial, ya que con las mismas instalaciones se puede atender a un público mayor. Este principio lo vienen aplicando todos los grandes centros de producción, muchos de los cuales funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. Al producirse las ventas en un período de tiempo más amplio se simplifica la gestión de almacenes. También se pueden reducir costes al producirse economías de escala por el mayor volumen de las ventas.

Por último debe atenderse también a la discriminación que se produce con respecto a otros productos. Todos podemos comprar una serie de productos cualquier día del año en cualquier momento. No hace falta recurrir a los ejemplos de las tiendas virtuales de internet, tenemos ejemplos mucho más cercanos, como el ocio, los hidrocarburos, la electricidad o el teléfono (10.05.04).

A estas ideas desarrolladas a partir de la libertad de empresa y libertad de elección del consumidor se les oponen, por ejemplo, las reflexiones de Ignacio Cruz Roche en un artículo publicado en El País el 04.09.2004. Entre ellas se pueden leer los siguientes extractos:

La regulación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada...aunque desde un punto de vista económico no es el principal problema a que se enfrenta el comercio, sí que tiene una gran importancia política, ya que afecta a la configuración del modelo de vida de los ciudadanos en general y a la forma concreta de desarrollar su actividad por parte de los comerciantes y los empleados del comercio.

...la mayoría de los consumidores no parecen precisar horarios más amplios de los actualmente existentes, en los que encuentran una oferta suficiente para su abastecimiento.

La generalización de la apertura en festivos supondría que una gran parte de la población no pudiera compartir su ocio con el de sus familias. Por otra parte, el atractivo laboral de estos empleos en el comercio con la necesidad de trabajar en fines de semana, los harían menos interesantes para los nuevos demandantes de trabajo, haciendo más difícil la incorporación de los más jóvenes y de las personas más formadas.

Y volviendo sobre el caso particular de las farmacias también están quienes no consideraron necesaria la libertad de horarios, pues precisan que ello no conlleva a negocios más rentables, que la comodidad de cara al usuario es una de las razones que justifican que haya farmacias que no cierran nunca sus puertas pero que su existencia no responde a una necesidad sanitaria y que los horarios estaban perfectamente regulados por los colegios profesionales por lo que éstos deberían volver a ser los que coordinen las guardias, ya que la no obligatoriedad de realizarlas supone un problema.

Yo me quedo con lo que dice el español Xavier Xala-i-Martin:

Ah! Por cierto, todo este debate puede acabar siendo inútil dado que la introducción de las nuevas tecnologías hará que todos estemos funcionando 24 horas al día...diga lo que diga la regulación del gobierno.

Más información:

marți, octombrie 24, 2006

"Licenciamentos e registos maus para negócios em Portugal"

"Portugal está no 40.º lugar entre 175 países no índice Doing Business 2007 do Banco Mundial. Isto significa uma subida de cinco lugares em relação à versão do ano anterior deste índice, que mede como o enquadramento jurídico de um país facilita ou prejudica o ambiente de negócios.
A subida deve-se quase exclusivamente a um dos indicadores: a facilidade de abrir empresas, onde Portugal 'saltou' 80 posições (de 113.º em 2006 para 33.º em 2007) devido ao programa "empresa na hora". Em outros indicadores, contudo, Portugal continua muito atrasado: no registo de propriedade (98.º), no licenciamento de construções (115.º) e no mercado laboral (155.º).
O Doing Business tem um âmbito muito específico: 'Cobre somente os regulamentos que regem os negócios', lê-se no documento. Ou seja, não tem em conta a qualidade da infra-estrutura do país, a formação da sua força de trabalho ou a competitividade da sua economia.
'Assim, embora a Namíbia se classifique quase como Portugal em facilidade para fazer negócios, isto não significa que as empresas estejam tão ansiosas por operar em Windhoek como em Lisboa.' O que o Banco Mundial procura é comparar os quadros jurídicos de 175 países e apontar quais é que são mais propícios a um bom clima de negócios.
'A grande vantagem do Doing Business é que permite saber que áreas melhorar, e de que formas específicas', disse ao PÚBLICO Rita Ramalho, uma das autoras do relatório, que ontem apresentou em Lisboa. Em que áreas é que Portugal pode melhorar? 'O registo ou transferência de propriedades', diz Ramalho. 'Leva 81 dias a transferir propriedades, e há uma duplicação entre notários e conservatórias.'
Outra área é o licenciamento de obras: 'Leva muito tempo a obter uma licença de construção. Para um armazém, que é o edifício mais simples que pode haver, leva 227 dias a obter licenças. Se é assim, imagine-se para construir um prédio de 18 andares!', diz Rita Ramalho.
'A maior demora é nas autarquias, que controlam este processo. Podia haver simplificação, por exemplo estabelecer prazos-limite [de concessão de licenças], como no Canadá.'
Na apresentação do relatório, a coordenadora da Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (UCMA), Maria Manuel Leitão Marques, fez uma avaliação positiva do Doing Business - mas questionou alguns pontos concretos. Por exemplo, como é possível a Itália estar tão mal posicionada no índice (82.º lugar), ou porque não são incluídos outros critérios de avaliação, 'como factores sociais, casos da saúde ou da educação'.
O ranking do Doing Business é liderado por Singapura, seguido pela Nova Zelândia e pelos EUA. O que é estes países estão a fazer bem? 'Estão muito centrados nas necessidades das empresas', disse ao PÚBLICO Caralee McLiesh, outra das autoras do relatório. 'Têm uma estratégia muito ponderada, e todos fizeram uma grande aposta na Internet. São países onde o Estado continua a ter regulamentos muito fortes, mas fáceis de cumprir.'." (Pedro Ribeiro - Público, 24/10/2006)

vineri, februarie 17, 2006

Nuevo Regimen Societario

Argentina - Cuenta regresiva para la entrada en vigencia del "código" de la IGJ

A partir del próximo 21 de febrero regirá la RG 7/05, que armoniza los criterios del organismo sobre sociedades off shore, sociedades de cómodo e infracapitalización.
De esa manera, la IGJ reorganizó su sistema normativo que por más de 25 años permaneció disperso.A cinco días de la entrada en vigencia, luego de que la IGJ, a través de la resolución general 1/06, publicada el pasado martes, dejara en claro que regirá a partir del 21 de febrero próximo y no el 26 del actual, tal como lo había considerado, advirtiendo que se había incurrido en un error material en el cálculo, el nuevo "código societario" establece, entre sus principales normas, las siguientes disposiciones:
Aportes irrevocables
Antes del próximo 21 de febrero, las empresas que acordaron con el socio aportante postergar la decisión de capitalizarlos o devolverlos deberán definir su destino. Caso contrario, el aporte se tendrá por "no capitalizable". La resolución 7/05 dispone que la aprobación del socio debió realizarse en forma expresa y por escrito. Distinto es el caso de los aportes recibidos antes de la resolución 25/04. Así, la resolución 1/05 dispuso la prórroga por 180 días para decidir el tratamiento de los aportes irrevocables. Este plazo concluyó el pasado 7 de agosto. Por lo que para el caso en que no se hayan capitalizado, los aportes debieron "salir" de la cuenta Capital del Patrimonio Neto y se constituirse en un pasivo de la sociedad.
Notificaciones electrónicas
Establece la posibilidad de que la IGJ realice comunicaciones -en días y horarios administrativos- por medios electrónicos. Así, ahora el organismo, en sus facultades de fiscalización, podrán efectuar notificaciones al número de fax o dirección de correo electrónico de la sociedades inscriptas, sean éstas nacionales o extranjeras que deseen inscribirse en el país acorde al artículo 118 de la ley 19.550. Asimismo, fija (a través de la resolución general 10/05, que complementa el llamado "código") que sólo algunas providencias -vistas o traslados, ordenen medidas instructorias y probatorias, intimaciones o apercibimientos, entre otras- cuando no tengan carácter definitivo y en los casos en los cuales la notificación no requiera que se adjunten copias de documentación.
Sociedades de cómodo
Afirma que el organismo no inscribirá sociedades cuando su número de socios sea meramente formal o nominal. Para ello, evaluará el aporte inicial y si el mismo reviste relevancia económica suficiente para conformar un efectivo sustrato plurilateral.
Infracapitalización
La IGJ ratifica su criterio, de manera que exigirá un monto como capital social original superior a la fijada en el acto constitutivo, si advierte que el mismo resulta manifiestamente inadecuado.
Garantía de administradores
Impone que el plazo de indisponibilidad de esa garantía no deberá ser inferior a tres años contados desde que el director o gerente cesó en sus funciones, a fin de resguardar los intereses de los terceros contratantes con la sociedad.
Variaciones de capital
Expresa criterios que deben seguir tanto las sociedades anónimas como las de responsabilidad limitada a partir de los cuales serán improcedentes las llamadas "operaciones acordeón", a través de las cuales se reducen a cero el capital social por pérdida total y su simultáneo aumento.
Registro de inhabilitados por quiebra
Se crea, por medios informáticos, un libro índice alfabético de personas inhabilitadas por quiebra, de acuerdo a las comunicaciones que se efectúen desde los juzgados comerciales.
Sociedades extranjeras
Se implementan todos los requisitos de fondo y forma establecidos para este tipo de entidades que pretendan actuar en el país, unificando y clarificando criterios sobre la constitución y adecuación de estatutos o cancelación de inscripciones.
Contabilidad
La resolución 7/05 exige como condición necesaria para que se considere regularmente llevada una contabilidad informática la expedición de un certificado por la IGJ en base a un informe contable anual del que surja la concordancia entre el sistema autorizado y el concretamente utilizado; un informe técnico bianual sobre la obsolescencia del sistema y la posibilidad de exigir la volcatura a papel.
Asociaciones civiles y fundaciones
Fija la exigencia de la autorización e inscripción de asociaciones civiles, fundaciones y las simples asociaciones consagradas por el artículo 46 del Código Civil, como requisito necesario para funcionar. Asimismo, dispone que la IGJ fiscalizará el funcionamiento "en forma permanente" y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos a aprobación previa.
Actos registrables de sociedades participadas
Dispone la obligación de que en los acuerdos sujetos a inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedades locales participadas por sociedades del exterior, éstas deben intervenir hallándose inscriptas a los fines del artículo 123 o 118, tercer párrafo, de la ley 19.550 y estando debidamente cumplida la presentación requerida por los artículos 206, apartado I, inciso 1) o 220 y hacerlo, asimismo, por intermedio de su representante inscripto o por apoderado.
Vinculación con asociaciones civiles extranjeras
Establece que si de una sociedad surge vinculación con entidad o entidades constituidas en el extranjero, que reúnan a criterio de la IGJ caracteres análogos a los de las asociaciones civiles, federaciones, confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones reguladas por el derecho argentino, deberá acreditarse la existencia y vigencia de la entidad constituida en el extranjero, acompañando copia de sus instrumentos de constitución, reformas y constancias de autorización y/o registro, según corresponda.

Texto Completo Fuente: InfobaeProfesional

marți, februarie 07, 2006

Sociedades Off Shore

Marco normativo, alguno de los puntos mas relevantes en materia de sociedades off shore:

La IGJ intensifica el control sobre las sociedades off shore. Con su nuevo marco legal La IGJ ofrece mayor certidumbre . Pidió la disolución judicial de una SA local cuyas controlantes eran SAFI uruguayas que no se inscribieron en el país. Entienden que se trataba de una simulación La Inspección General de Justicia (IGJ) parece resuelta a no soltarles las riendas a las sociedades off shore. Esta vez, mediante una resolución particular, del 9 enero del 2006, en el caso “Biasider”, pidió la nulidad de la inscripción de una Sociedad Anónima local que tenía como accionistas a sociedades off shore uruguayas que no cumplieron con la obligación de inscribirse en el país, tal como lo dispone el artículo 123 de la ley de sociedades, n° 19.550. Lo novedoso del caso es que esas sociedades eran titulares del 99,999% del paquete accionario de la sociedad argentina. No obstante, nunca cumplieron con el requisito de inscribirse. "La IGJ llegó a la conclusión de que la falta de inscripción implicaba una presunción de simulación". En octubre del 2003 entró en vigencia la controvertida Resolución General 7/2003 que dispuso que la IGJ no inscribiría los instrumentos correspondientes a asambleas o reuniones de socios en las que hubieren participado, ejerciendo el derecho de voto, sociedades constituidas en el extranjero no inscriptas a los fines del art. 123 de la ley 19.550, cualquiera haya sido la cuantía de dicha participación, siempre que los votos emitidos, por sí o en concurrencia con los de otros participantes, hayan sido determinantes para la formación de la voluntad social.Sin embargo, las SAFI uruguayas hicieron caso omiso y no se presentaron a regularizar su situación. Dicha omisión fue entendida por la IGJ como una presunción adversa y entendió que se trataba de sociedades simuladas. En ese sentido sostuvo que "la titularidad del 99 por ciento de las acciones de una sociedad local y el lapso ininterrumpido en que se verificó tal omisión, no puede sino acarrear presunción adversa a la legitimidad del accionar de las sociedades extranjeras en las sucesivas adquisiciones accionarias, llevando incluso a presumir que han carecido de real condición de socias del ente societario nacional, toda vez que, en un orden normal de conductas esperables, ellas habrían debido ser las principales interesadas en cumplir con la ley".A esta presunción sobre el carácter simulado de dichas sociedades le sumó otros indicios, como:la inexistencia de sede social, establecimiento o haciendael funcionamiento de las asambleas o reuniones de directorio en el domicilio real de su controlantelas discrepancias entre los libros sociales sobre las verdaderas titularidades accionarias en la sociedad filial. (Fuente: Infobae)
Caso "Biasider SA Nissen: "Valerse de una off shore para hacer negocios es insensato"El ex titular de la IGJ aseguró que la reciente resolución particular del organismo en "Biasider" implica una nueva vuelta de tuerca en el control sobre sociedades fantasmas...

La resolución general de la Inspección General de Justicia 12/05
, dictada por el Dr. Hugo E. Rossi libera de algunos de los requisitos impuestos a las sociedades que son verdaderamente extranjeras. Su propósito es acertado ya que busca facilitar algunos trámites mientras sostiene a la vez los mismos objetivos del ex inspector, Ricardo A. Nissen.La resolución facilita los medios de prueba a aquellas sociedades que realmente mantienen su actividad fuera del país, manteniendo los controles a aquellas sociedades de argentinos que simulan hacerlo. Para ello se admiten elementos probatorios como publicidades comerciales, páginas web y otros.
La idea de la nueva resolución 12/05 es hacer que la renombrada resolución 7/03 no perjudique con mayores trámites cuando es innecesario.La resolución 7/03 dictada por el ex inspector Ricardo Nissen, apuntó justamente a aquellas sociedades off shore nacionales constituidas por argentinos en el exterior para actuar en la argentina y evadir la ley nacional, afirmo el Dr. Molinari.

Mediante la resolución 7/05 de la IGJ se llenó un vacío legal, en materia de entidades extranjeras se trato de asegurar que solo se registren reales sucursales con casa matriz. La intención de la Inspección General con la RG 7/05 ha sido la de recopilar todas las normas de este organismo en un solo cuerpo legal. En este nuevo ordenamiento, que cuenta con 464 artículos, los interesados en la materia encontrarán todas las normas dictadas por la Inspección General de Justicia, desde su misma creación, pero que se mantienen vigentes, en materia de nombre social, domicilio, objeto, capital social e infracapitalización, sociedades de profesionales, confirmación de asambleas, asociaciones civiles y fundaciones, procedimientos, denuncias, y además, plasmadas muchas de las soluciones previstas por este organismo en determinadas resoluciones particulares, como aquellas en donde se resolvió la no inscripción de poderes generales de administración y disposición de todos los bienes sociales en favor de terceros; la inadmisibilidad de la autoconvocatoria por la asamblea de accionistas; la posibilidad de labrar acta de lo sucedido en órganos sociales colegiados en escritura pública, en determinados supuestos; la necesidad de que sea una persona física el representante en la Argentina de las sociedades constituidas en el extranjero, etc.Las nuevas normas plasmadas en la 7/05 vienen a dar respuesta a una gran cantidad de realidades. En ese sentido, la posibilidad de que entidades civiles radicadas en el extranjero pretenden actuar en la Argentina o el tratamiento sobre cámaras, federaciones y confederaciones están contempladas en el nuevo ordenamiento.Nissen (ex inspector de la IGJ) expreso: Mayor control desde la IGJ “Para separar la paja del trigo debimos dictar muchas resoluciones para evitar y frustrar la desviación de este tipo de entidades que muchas veces se constituían al solo efecto de obtener subsidios del Estado o aprovechar ventajas impositivas”.

Cuadro Sinoptico:
Diferentes formas de asociarse para quien desea realizar actividades comerciales en la Argentina

Nota: La información contenida en este sitio no tiene por objeto el asesoramiento jurídico, para lo cual debe consultarse a un abogado. Su autor no garantiza, ni se responsabiliza por el contenido de este nota.

sâmbătă, ianuarie 21, 2006

El nuevo proceso de reforma de la Legislación del Mercado de Valores

La legislación española del mercado de valores ha experimentado en los últimos meses diversas modificaciones y desarrollos, algunos de notable importancia.

I. Uno de estos desarrollos parciales de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ha sido introducido por el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y afecta a los títulos tercero y cuarto en relación con la admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, con las ofertas públicas de venta o suscripción y con el folleto exigible a tales efectos.
Esta materia ya fue objeto de modificación por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, que dio nueva redacción al régimen legal sobre las ofertas públicas y sobre la admisión a cotización en mercados secundarios oficiales de valores en España. Tal modificación respondía a la necesidad de transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. Esta norma comunitaria pretende homogeneizar, en los mercados de valores de la Unión Europea, las exigencias relativas al proceso de aprobación del folleto exigido para la admisión a cotización de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas públicas; fruto de lo cual podremos hablar de un verdadero pasaporte europeo del folleto, ya que el autorizado en uno de los Estados miembros será válido en el resto sin requisitos de información adicionales. Junto a este objetivo, el Real Decreto-ley 5/2005 aprovechó la ocasión para eliminar los requisitos que podían perjudicar la competitividad del sector financiero español.
El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, viene a completar la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva citada. Asimismo, incorpora los artículos vigentes de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre admisión de valores negociables a cotización oficial y de la información que ha de publicarse sobre dichos valores. Y también en este caso se acomete un objetivo mayor que el de la transposición, al pretender establecer un régimen de admisión a negociación y de ofertas públicas moderno, eficaz y eficiente que permita mantener y mejorar la competitividad de los mercados de valores españoles. Ello permitirá preservar la seguridad jurídica necesaria para garantizar la confianza de los inversores y de los operadores en los mercados financieros.
Como resultado de esta reforma, queda derogado el Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores, y casi todo el capítulo V del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por el Decreto 1506/1967, de 30 de junio.

II. En segundo término, hay que mencionar la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, en la que se acomete el desarrollo del artículo 27.4 de la Ley 24/1988.

Dicho precepto ya fue modificado por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, antes citado, en atención a los mismos objetivos arriba apuntados. Por obra de la Orden EHA/3537/2005, se da una nueva redacción del artículo 27 de la Ley para determinar los elementos esenciales del contenido del folleto: la información que el mismo debe contener, los requisitos referentes a la persona que ha de suscribirlo y la descripción del resumen del folleto. Y, en previsión de que en un futuro próximo sea necesario el desarrollo de esta regulación, se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para establecer el contenido de los distintos tipos y modelos de folletos, las excepciones a la obligación de incluir determinada información, los documentos que han de acompañar a los folletos y los supuestos en los que la información ha de incorporarse por referencia.

III. Para concluir esta exposición, me referiré al Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988 en materia de abuso de mercado.
Este Real Decreto tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la nueva normativa comunitaria en materia de abuso de mercado: la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado; norma fundamental en la que se definen todos los elementos integrantes del actual marco normativo del abuso de mercado en el ámbito europeo.
Es cierto que dicha regulación ya se incorporó a los artículos 81 a 83 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tras la modificación operada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. No obstante, el Real Decreto 1333/2005 completa la transposición de dicha directiva, así como la de aquellas normas comunitarias que la desarrollan y completan (la Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación de mercado; la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de intereses, y la Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, de prácticas de mercado aceptadas, la definición de información privilegiada para los instrumentos derivados sobre materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, la notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la notificación de las operaciones sospechosas).
En el capítulo primero de este Real Decreto se ofrece un concepto de información privilegiada y de manipulación de cotizaciones, se definen las pautas para determinar cuándo una determinada práctica puede constituir manipulación de cotizaciones, y se fija el procedimiento y los elementos a tener en cuenta para que el supervisor español pueda declarar aceptada una práctica, bien en los mercados en los que se negocien instrumentos financieros derivados, bien a los efectos de valorar la inexistencia de manipulación de mercado. El segundo capítulo regula las obligaciones de los emisores en materia de información relevante, y detalla los medios y plazos para su comunicación al organismo supervisor, la posibilidad de retrasar su comunicación bajo determinadas circunstancias y la obligación de que el emisor cree registros de todas las personas que tengan acceso a tal información. En el capítulo tercero se determinan las obligaciones que recaen sobre los administradores y directivos del emisor en cuanto a la comunicación al supervisor de las operaciones que efectúen sobre acciones y otros instrumentos financieros del emisor. Y en el capítulo cuarto se determinan las condiciones que han de cumplirse para la elaboración y presentación de recomendaciones de inversión, y para desvelar los posibles conflictos de interés que puedan afectar a quien elabore tal recomendación.

Normativa analizada:
- Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (BOE de 16 de noviembre de 2005).
- Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 16 de noviembre de 2005).
- Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado (BOE de 23 de noviembre de 2005).

Sylvia Gil Conde
Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

vineri, ianuarie 20, 2006

Desarrollo reglamentario de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva

Las Instituciones de Inversión Colectiva ya fueron objeto en España de una importante reforma legislativa gracias a la promulgación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre. Sin embargo, el desarrollo normativo de esta disposición legal data de fechas muy recientes; concretamente, la aprobación de su Reglamento es fruto del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
No debemos olvidar que la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, fue un importante hito en este sector, al derogar una normativa con casi veinte años de vigencia, la Ley 46/1984, de 26 de diciembre. Se acometía, finalmente, la modernización de este sector, dotándole de flexibilidad para que las estructuras de inversión colectiva puedan adaptarse a los cambios que demanda el mercado.
Pese al balance positivo que hizo el legislador de la Ley 46/1984, sin embargo se entendía precisa su reforma por diversas razones. Resultaba necesario establecer legalmente de forma clara, ordenada y completa los aspectos sustantivos del régimen jurídico de las Instituciones de Inversión Colectiva. Pero, además, la Ley 35/2003 fue el cauce para la transposición de las Directivas que completan la introducción de la inversión colectiva mobiliaria en el mercado único de servicios financieros –la Directiva 2001/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002, y la Directiva 2001/108/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002-. Y, tampoco debemos olvidar que en aquel momento era preciso establecer un régimen jurídico que satisficiera las necesidades del sector de inversión colectiva, basado en tres principios: la liberalización de la política de inversión, el reforzamiento de la protección a los inversores con nuevos instrumentos –con el fortalecimiento de las obligaciones de transparencia y de las normas de conducta-, y el perfeccionamiento del régimen de intervención administrativa –buscando la agilidad del procedimiento y la seguridad jurídica para los administrados-.
El Reglamento, que ahora se aprueba, introduce, además de ciertas concreciones respecto del régimen legal, las adaptaciones necesarias para completar la regulación de la tributación de las instituciones de inversión colectiva -tanto en el régimen de las propias instituciones como en lo relativo a la tributación de los partícipes o accionistas-. Fruto de lo anterior, es la modificación que incluye el Real Decreto 1309/2005 respecto del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión -para introducir mejoras en el procedimiento administrativo de autorización de modificaciones estatutarias-; y respecto del Reglamento de cooperativas de crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero -para adaptar su régimen a las normas internacionales de contabilidad-.
En el Reglamento también está presente el intento de flexibilizar el marco de actuación de las instituciones de inversión colectiva, como resulta de la adopción de una serie de medidas que pretenden evitar las restricciones o el establecimiento de obstáculos innecesarios a las posibilidades de inversión y de actuación de las instituciones de inversión colectiva españolas. En esta línea estaría la posibilidad de crear clases de participaciones o de series de acciones dentro de una misma institución; la regulación de las instituciones de inversión colectiva de inversión libre, la supresión de la obligación de que las acciones de las sociedades de inversión colectiva de carácter financiero deban negociarse en bolsas de valores, así como el establecimiento de métodos alternativos para otorgar liquidez a sus acciones. Asimismo, el principio de protección de los inversores constituye un elemento esencial, en la medida en que la inversión colectiva es un instrumento de captación del ahorro popular. En este marco se han concretado los deberes de diligencia y lealtad de las sociedades gestoras y el deber de vigilancia de la actuación de aquéllas por el depositario. Junto a ello, se somete a las sociedades gestoras, depositarios, comercializadores y sociedades de inversión al cumplimiento de un conjunto de normas de conducta con el objetivo de prevenir los conflictos de interés. Por otra parte, se atiende a la mejora del régimen de intervención administrativa mediante la concreción del régimen de creación y modificación de los compartimentos de las instituciones de inversión colectiva y con el establecimiento del régimen administrativo de intervención. Y, finalmente, en cuanto a la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/ CE, se concreta definitivamente la política de inversión de las instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, así como el régimen jurídico de las sociedades gestoras.
Por lo que atañe a su contenido, el título preliminar del Reglamento define el objeto de la norma, el concepto de institución de inversión colectiva y la forma y clases de instituciones. Y, para resolver ciertas dudas al respecto, se declaran expresamente incluidos en el ámbito del reglamento determinadas situaciones jurídicas como las cuentas en participación y las comunidades de bienes y derechos.
El título I regula la forma jurídica de las instituciones de inversión colectiva. En el capítulo I se establece el régimen de los fondos de inversión; en particular, se desarrolla la previsión legal de crear fondos de inversión por compartimentos, se establece el número mínimo de partícipes por fondo de inversión –será de 100, con la excepción de determinadas instituciones de naturaleza especial-, y se regulan las comisiones aplicables a los fondos de inversión. El capítulo II prevé los requisitos esenciales que han de cumplir las sociedades de inversión, como el número mínimo de accionistas -100 por sociedad, salvo en el caso de sociedades de inversión libre-, la distribución de costes, obligaciones y gastos entre los distintos compartimentos de una sociedad, y el sistema de organización de la administración, admitiéndose la delegación de la actividad de gestión de activos en determinadas entidades.
El título II establece las disposiciones comunes a todas las instituciones de inversión colectiva, en cuanto al régimen de autorización (creándose un procedimiento simplificado de autorización e inscripción en el correspondiente registro de la CNMV o, por ejemplo, desarrollando el ejercicio del derecho de separación de los partícipes de los fondos), a la comercialización transfronteriza a través de comercializadores extranjeros, y a las obligaciones de transparencia informativa para garantizar una adecuada protección de los inversores y el régimen de disolución y demás operaciones societarias (como el nuevo procedimiento para permitir la fusión entre sociedades y fondos de inversión de la misma clase).
El título III regula las clases de instituciones de inversión colectiva. El capítulo I se dedica a las disposiciones comunes a todas las instituciones de carácter financiero. Tales como la política de inversión (ahora pueden invertir un 10 por ciento de su activo en entidades de capital riesgo, en sociedades o fondos de inversión libre, entre otros), las reglas para la utilización de instrumentos derivados o de valores no cotizados y las normas para la diversificación del riesgo (como, p. ej., normas que permiten una mayor concentración de las inversiones en determinados activos para aquellas instituciones que reproduzcan o tomen como referencia, índices bursátiles o de renta fija)-, disposiciones especiales en las que se prevén instituciones de inversión colectiva sujetas a regímenes especiales -las que comercialicen en otros países de la Unión Europea haciendo uso del pasaporte comunitario, las de inversión libre que se dirigen a un tipo de inversor cualificado, los fondos de gestión alternativa), y las especialidades de los fondos -como los fondos de inversión cotizados, cuyas participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores- y de las sociedades de inversión de carácter financiero -desapareciendo la exigencia de que sus acciones coticen en bolsa de valores-.
El capítulo II del título II regula las instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero, más concretamente, las instituciones inmobiliarias, respecto de las que se introducen novedades en su política de inversión. El desarrollo de las demás instituciones de carácter no financiero queda pendiente de un futuro desarrollo.
El título IV establece el régimen de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. A este respecto, habría que destacar el establecimiento de un régimen especial para la delegación de funciones de las instituciones de inversión colectiva, la regulación detallada de los requisitos de recursos propios que han de cumplir estas sociedades y el régimen de organización administrativa. Se permite, además, que las mismas asuman la gestión, colectiva o individual, de carteras distintas a las de las instituciones de inversión colectiva. Y, en cuanto a las obligaciones que pesan sobre las mismas, además de incluirse un listado detallado de tales obligaciones, se les exige que informen sobre la política de ejercicio de los derechos de voto asociados
a las acciones que posean los fondos que gestionen.
El título V desarrolla la figura del depositario, prestando especial atención a sus funciones de depósito y administración de valores y de vigilancia y supervisión. Se pretende que el depositario adquiera un papel fundamental en la protección de los intereses de los inversores, así como en la supervisión de la actuación de la sociedad gestora o, en su caso, de los administradores de las sociedades de inversión.
El título VI establece las normas de conducta a las que han de sujetarse todos aquellos que intervienen en la actividad de estas instituciones -sociedades gestoras, depositarios, etc-; tales como las normas dirigidas a garantizar la transparencia y el control de las operaciones vinculadas, las que tienden a fortalecer la exigencia de separación entre sociedad gestora y depositario cuando ambas entidades pertenecen al mismo grupo, o aquéllas que pretenden garantizar la independencia en el ejercicio de sus respectivas funciones mediante la creación de una comisión independiente que controle su cumplimiento.

Normativa analizada:
- Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (BOE de 5 de noviembre de 2003).
- Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (BOE de 8 de noviembre de 2005).


Sylvia Gil Conde
Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid

miercuri, noiembrie 16, 2005

"Infarmed detecta vários casos de 'coacção' na distribuição de medicamentos"

"Das nove 'investigações' já concluídas pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed) na sequência de queixas de dificuldades de abastecimento apresentadas por alguns proprietários das lojas licenciadas para a venda de remédios fora das farmácias, 'em sete há confirmação de coacção', revelou ontem no Parlamento o ministro da Saúde, Correia de Campos.
No debate na especialidade do Orçamento do Estado, o ministro acrescentou que os resultados da investigação vão ser enviados para a Autoridade da Concorrência e garantiu que não vai ficar parado, mas não quis adiantar que outro tipo de medidas tem em mente.
O Infarmed enviou na semana passada um inquérito às 29 lojas então licenciadas para a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias. O objectivo era apurar se as queixas de alegado boicote por parte dos distribuidores - devido à suposta pressão exercida pelas farmácias - eram generalizadas. 'Algumas confirmaram dificuldades em adquirir medicamentos', 'nomeadamente à Codifar' (uma cooperativa de farmacêuticos), 'à Alliance UniChem e à OCP', adiantou Carlos Pires, assessor de imprensa do Instituto.

Mais de 100 candidaturas
O certo é que, dois meses depois de ter entrado em vigor a legislação que acabou com a exclusividade da venda de medicamentos nas farmácias, 38 estabelecimentos já estão licenciados pelo Infarmed e mais de uma centena apresentaram pedidos nesse sentido.
A maior parte das lojas não avançou ainda, porém, até porque está a fazer obras de adaptação ou a formar pessoal para o efeito. Mas vários proprietários garantem que só não arrancaram porque têm deparado com grandes dificuldades no abastecimento. É o caso da dona da Botica Fialho (com dois estabelecimentos, um em Mem Martins e outro na Terrugem), a farmacêutica Ana Maria Alves.
O processo atrasou-se porque vários armazenistas se recusaram a vender remédios, alegando "não ter autorização dos directores técnicos", conta. Por que não recorreu directamente aos laboratórios farmacêuticos? "As condições são muito más. Temos que comprar em quantidades muito elevadas, sem bonificações e a pronto pagamento", explica.

'Boicote das farmácias'
Luís Marques, do Ortotondela, queixa-se do mesmo. 'Só não estamos a vender ainda porque tem havido um boicote das farmácias [que pressionam] os armazenistas', diz. Luís Marques conta, a propósito, que tentou marcar reuniões com os responsáveis de uma grande distribuidora, sempre sem sucesso.
Em Coimbra, o estabelecimento Saúde à Flor da Pele, depois de aberto há mais de um mês, começou sexta-feira a vender medicamentos, mas ainda tem pouca variedade, também devido à dificuldade de abastecimento. '[Os armazenistas] apresentam os mais variados argumentos. Uns dizem que estão a estudar as propostas, ou que os produtos estão esgotados, outros afirmam que têm que mudar os estatutos (as cooperativas)', relata uma farmacêutica.
O PÚBLICO tentou contactar os responsáveis da Alliance UniChem (uma multinacional cujo ramo português é detido em 49 por cento pela Associação Nacional de Farmácias), da OCP e da Codifar. Mas só o director-geral da Codifar se mostrou disponível para falar. Marques da Costa considerou que, como cooperativa de farmacêuticos, a Codifar está 'fora desta discussão, porque apenas tem que trabalhar para os seus sócios, como mandam os estatutos. Os sócios são 'farmacêuticos proprietários de farmácias'. E desvalorizou as queixas, lembrando que continua a haver 'inúmeros fornecedores que têm que cumprir a lei'.
A Codifar tem entre 11 a 12 por cento do mercado da distribuição, enquanto a Alliance UniChem e a OCP possuem cerca de 20 por cento cada. Com Joana Ferreira da Costa" (Alexandra Campos, com Joana Ferreira da Costa - Público, 16/11/2005)

luni, noiembrie 07, 2005

Produção de sangria, que vem tirando espaço do vinho, pode continuar até 2011

A polêmica em torno da nova fórmula para a sangria imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) teve nova decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Primeira Seção garantiu à Indústria e Comércio de Bebidas Rodrigues e Silva, detentora da marca Comari, o direito de produzir a bebida derivada de vinho sem as modificações estabelecidas em uma instrução normativa baixada pelo Ministério, até o fim do prazo da autorização recebida em 2001, que expira em 10 anos.
Considerando que a indústria investiu para produzir a sangria quando obtida a licença da autoridade, a relatora do processo, ministra Eliana Calmon, entendeu não ser possível retirar da indústria a autorização dada por prazo certo e determinado (conforme artigo 15 do Decreto 99.066/90, os registros devem ser renovados a cada dez anos). Apoiada na perspectiva que a autorização lhe oferecia, a indústria teve suas expectativas de ampliação de mercado modificadas no momento em que lhe foi exigida uma outra composição para a sangria. A decisão da Seção foi unânime.
A controvérsia versa sobre a Instrução Normativa (IN) nº 5, de 6 de janeiro de 2005, pela qual o Mapa estabeleceu novos padrões de identidade e qualidade para a sangria, impondo a adição de um mínimo de 10% de frutas cítricas, ou 2,5% de suco de limão. A fórmula original da Comari utiliza 2% de suco de uva e nenhuma bebida cítrica.
O pedido da indústria apresentado no mandado de segurança ia além do que foi concedido, mas não foi atendido nesses pontos pela Seção. Pretendia que se impugnasse a regulação exercida pelo Mapa. A Indústria de Bebidas Rodrigues e Silva atua há mais de 25 anos no mercado, comercializando vinho, licores, destilados, vermutes e coolers. Afirmou obedecer às regras da Lei n. 7.678/88, observando os percentuais não inferiores a 50% de uva e vinho para bebidas derivadas desses produtos.
Em 2001, iniciou a comercialização da sangria, uma bebida que surgiu na Espanha e logo ganhou o mundo por seu sabor refrescante. Para a produção, a indústria alega ter feito grandes investimentos, o que resultou em boa aceitação no mercado interno e a tornou a maior compradora de vinhos do País.
A indústria alega que, no entanto, o sucesso de vendas teria incomodado os grandes fabricantes de vinhos que estariam perdendo espaço no mercado de vinhos mais baratos pela concorrência com a sangria. Assim, segundo a indústria, por pressão desses fabricantes, a nova composição foi imposta "arbitrariamente" pelo Mapa. Para a indústria, a exigência torna a bebida totalmente diferente da composição original, vinda da Espanha.
No processo, o Ministério alegou que a IN 05/2005 decorreu de lícito exercício do poder normativo após consulta pública em que ouviu e recebeu sugestões técnicas e fundamentadas dos setores interessados, enquanto a Indústria Rodrigues e Silva, apesar de ter recebido cópia de todo o processo de consulta, não se manifestou dentro do prazo estabelecido. Nesse aspecto, a relatora entendeu que não ficou demonstrada a ausência de comunicação à indústria e o seu chamamento para participar do processo de consulta.
A ministra Eliana Calmon afirmou que, em sede de mandado de segurança, não era possível comprovar a viabilidade ou não da sangria com a nova composição, o que poderia ser feito em ação ordinária, com a produção de prova pericial. Entretanto advertiu a relatora não ser possível retirar daquela indústria a autorização outorgada por prazo certo e determinado de dez anos, o que levou a empresa "a investir no tipo de bebida autorizado, ampliando o seu potencial diante das perspectivas do mercado, o que veio a ser modificado no momento em que lhe foi exigida uma outra composição para a sangria".(Fonte: Informativo STJ)

marți, octombrie 25, 2005

Deliberação CVM No 490, de 18 de Outubro de 2005

Altera a Deliberação CVM no 457, de 23 de dezembro de 2002.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, com base no art. 9o, § 2o, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e tendo em vista o disposto na Resolução no 454, de 16 de novembro de 1977, com redação dada pela Resolução no 2.785, de 18 de outubro de 2000, ambas do Conselho Monetário Nacional,
DELIBEROU:
Art. 1o Fica revogado o art. 34-A da Deliberação CVM no 457 de 23 de dezembro de 2002.
Art. 2o Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Original assinado por
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente

Deliberação CVM No 491, de 18 de Outubro de 2005

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos dos arts. 15 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e 2o, § 2o, da Instrução CVM no 388, de 30 de abril de 2003.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, com fundamento no art. 9o, § 1o, incisos III e IV, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, combinado com o inciso I, alínea c, da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 702, de 26 de agosto de 1981, e considerando que:
a) todos os elementos constantes dos autos do Processo CVM No RJ2005/5308 conduzem à conclusão de que a INTRADE INFORMAÇÕES LTDA. desenvolve atividade que consiste na captação de clientes residentes no Brasil (introducing broker), indicando-os para corretoras estrangeiras não registradas perante esta CVM como integrantes do sistema de distribuição brasileiro e sugerindo a realização de operações no mercado denominado FOREX (Foreign Exchange);
b) as operações realizadas no mercado FOREX envolvem negociações com pares de moedas estrangeiras, revelando a existência de instrumentos financeiros por meio dos quais são transacionadas taxas de câmbio;
c) as características acima referidas amoldam-se à definição de contrato derivativo e, por conseguinte, ao conceito legal de valor mobiliário, conforme disposto no inciso VIII do art. 2o da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976; e
d) as informações constantes da página da INTRADE INFORMAÇÕES LTDA. na rede mundial de computadores, juntamente com outros elementos constantes dos autos do processo referido na letra "a" da presente Deliberação, conduzem à conclusão de que, além de a sociedade exercer a atividade de captação de clientes, os seus sócios prestam serviços de analista de valores mobiliários, sem a observância do disposto no art. 2o, § 2o, da Instrução CVM no 388, de 30 de abril de 2003,
DELIBEROU:
I - alertar os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que a INTRADE INFORMAÇÕES LTDA., CNPJ no 06.900.667/0001-27, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, e seus sócios VICENTE IZQUIERDO MUÑOZ, cidadão espanhol, CPF no 309.906.468-82, e GHALDY VILLAURRUTIA AREVALO, cidadã mexicana, passaporte no 04430030552, bem como o seu administrador JOSÉ RODRIGUES ALVES, cidadão brasileiro, CPF no 932.882.638-15, este último domiciliado em São Paulo-SP, não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil para corretoras estrangeiras e recomendar operações no mercado FOREX, pelo fato de não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, não estando, ademais, os sócios acima referidos autorizados a prestar serviços de analista de valores mobiliários, nos termos do art. 2o, § 2o, da Instrução CVM no 388/03;
II - determinar às referidas pessoas a imediata suspensão das atividades de intermediação e análise de valores mobiliários, alertando que a não observância da presente determinação sujeitá-la-ás à imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação desta Deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76, e após o regular processo administrativo sancionador; e
III - esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Original assinado por
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente

duminică, octombrie 09, 2005

Instrução CVM nº 424, de 04 de Outubro de 2005

Dispõe sobre o cadastramento de bancos comerciais, bancos múltiplos sem carteira de investimento na CVM, da Caixa Econômica Federal e das cooperativas de crédito, como condição para o exercício das atividades que menciona – Revoga a Instrução CVM nº 417, de 31 de março de 2005.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, de acordo com o disposto no art. 8o, inciso I, da Lei no 6.385, de 7 dezembro de 1976, no art. 2o da Resolução no 3.261, de 28 de janeiro de 2005, e no art. 23, inciso VII, da Resolução no 3.106, de 25 de junho de 2003, com redação dada pela Resolução no 3.309, de 31 de agosto de 2005, todas do Conselho Monetário Nacional, RESOLVEU baixar a seguinte Instrução:

Art. 1º
Para o exercício das atividades de que trata o art. 2o da Resolução CMN no 3.261, de 28 de janeiro de 2005, e o art. 23, inciso VII, da Resolução CMN no 3.106, de 25 de junho de 2003, com redação dada pela Resolução CMN no 3.309, de 31 de agosto de 2005, os bancos comerciais, os bancos múltiplos sem carteira de investimento, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito deverão solicitar o seu cadastramento na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
§ 1o A solicitação deve conter as seguintes informações cadastrais:
I – nome, endereço e CNPJ da instituição;
II – indicação de diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento aberto, ou de captação de ordens pulverizadas de venda de ações; e
III – indicação de diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, e na Instrução CVM no 387, de 28 de abril de 2003.
§ 2o As informações cadastrais devem ser atualizadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após terem sofrido qualquer alteração.

Art. 2º
Nas operações de distribuição de cotas de fundos de investimento aberto, ou de captação de ordens pulverizadas de venda de ações, deve ser observado o disposto na Instrução CVM no 301, de 1999.
Parágrafo único. Nas operações de captação de ordens pulverizadas de venda de ações, será observado ainda o disposto na Instrução CVM no 387, de 2003, no que couber.

Art. 3º
Até 30 de junho de 2008, as cooperativas de crédito somente poderão realizar a distribuição de cotas de fundos de investimento abertos classificados como fundos de curto prazo, fundos referenciados e fundos de renda fixa, nos termos dos incisos I a III do art. 92 da Instrução CVM no 409, de 18 de agosto de 2004, vedada a distribuição de fundos que cobrem taxa de performance, de ingresso ou de saída.
Parágrafo único. As cooperativas de crédito que atingirem índice de 100% (cem por cento) de certificação a que se refere o art. 1º da Resolução CMN no 3.309, de 2005, antes de 30 de junho de 2008, poderão solicitar à CVM autorização para distribuir cotas de outros tipos de fundos.

Art. 4º
Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, o exercício, pelas instituições referidas no art. 1o, das atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento abertos e de captação de ordens pulverizadas de venda de ações, sem o prévio cadastramento na CVM, nos termos desta Instrução.

Art. 5º A instituição cadastrada nos termos desta Instrução que não mantiver seu registro atualizado fica sujeita à multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais), incidente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976.

Art. 6º
As instituições a que se refere o art. 1o terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Instrução, para requerer o cadastramento para o exercício das atividades de distribuição de cotas de fundos de investimento aberto e de captação de ordens pulverizadas de venda de ações, ressalvadas as instituições já cadastradas na forma da Instrução CVM nº 417, de 31 de março de 2005.

Art. 7º
Fica revogada a Instrução CVM nº 417, de 2005.

Art. 8º
Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente

miercuri, octombrie 05, 2005

Instrução CVM Nº 423, de 28 de Setembro de 2005

Dispõe sobre o envio de informações e o registro na CVM dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, inciso IX, e 8º, inciso I, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, RESOLVEU baixar a seguinte Instrução:

Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre o registro e o envio de informações dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI.

Art. 2º O início de atividades, o encerramento, a transformação, a cisão, a incorporação, a fusão e as alterações cadastrais dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, deverão, a partir de 1º de outubro de 2005, ser comunicados à CVM.
§ 1º O início de atividades dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI depende de prévio registro na CVM.
§ 2º O administrador deverá comunicar à CVM a data da primeira emissão de cotas do fundo, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua ocorrência.
§ 3º O prazo para comunicação à CVM dos eventos de encerramento, transformação, cisão, incorporação, fusão ou alterações cadastrais é de 15 (quinze) dias, contados a partir de sua ocorrência.
§ 4º Quando da comunicação do início de atividades, o administrador deverá encaminhar o regulamento e o prospecto, se houver, devidamente atualizados, através do sistema de recebimento de informações da CVM em sua página na rede mundial de computadores.

Art. 3º Os Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, deverão, a partir de 1º de novembro de 2005, encaminhar através do sistema de recebimento de informações da CVM, os seguintes documentos, conforme modelos disponíveis na página desta Comissão na rede mundial de computadores:
I – Informe Diário, e no prazo de 2 (dois) dias úteis após o dia a que se referir a informação;
II – Mensalmente e no prazo de 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem:
a) Balancete,
b) Demonstrativo de composição e diversificação das aplicações – CDA; e
c) Perfil Mensal
III – Regulamento atualizado dos fundos em funcionamento em 1º de outubro de 2005, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Instrução, e sempre que houver alteração do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da assembléia que deliberou pela alteração; e
IV – Prospecto atualizado dos fundos em funcionamento em 1º de outubro de 2005, se houver, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Instrução, e sempre que houver alteração do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua alteração.

Art. 4º O documento "Informe Diário" substituirá as informações diárias anteriormente exigidas.
Parágrafo único. A partir da comunicação de início de atividades do fundo, o "Informe Diário" deverá ser encaminhado à CVM, mesmo na hipótese de todos os valores serem nulos.

Art. 5º O demonstrativo de composição e diversificação das aplicações - CDA substituirá as informações semanais anteriormente exigidas.
Parágrafo único. As informações semanais referidas no caput deste artigo serão devidas somente até a posição de 28 de outubro de 2005 e até esta data deverão ser encaminhadas diretamente através dos sistemas atualmente disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6º Os administradores deverão verificar as informações relativas aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, disponibilizadas no Cadastro Geral da CVM em sua página na rede mundial de computadores, comunicando eventuais incorreções no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de entrada em vigor desta Instrução.

Art. 7º Desde que não haja conflito com o disposto nesta Instrução, permanecem em vigor as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil relativamente aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI.

Art. 8º Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n.º 6.385/76, o administrador do fundo pagará uma multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), incidente a partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo, em virtude do não atendimento dos prazos previstos nesta Instrução.

Art. 9º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Original assinado por
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente
Em exercício

marți, octombrie 04, 2005

Deliberação CVM No 489, de 03 de Outubro de 2005

Aprova o Pronunciamento do IBRACON NPC Nº 22 sobre Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada em 28 de setembro de 2005, com fundamento no § 3o do art. 177 da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976, combinado com os incisos II e IV do § 1o do art. 22 da Lei No 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e considerando a importância e a necessidade de que as práticas contábeis brasileiras sejam convergentes com as práticas contábeis internacionais, seja em função do aumento da transparência e da segurança das nossas informações contábeis, seja por possibilitar o acesso, a um custo mais baixo, das empresas nacionais às fontes de financiamentos externas;

D E L I B E R O U:
I - aprovar e tornar obrigatório, para as companhias abertas, o Pronunciamento anexo à presente Deliberação sobre Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas emitido pelo Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes - IBRACON, elaborado em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários; e
II - que esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente

Norma e Procedimento de Contabilidade (NPC 22)
Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas

I - Sumário do tratamento a ser dado envolvendo contingências ativas e contingências passivas
II - Exemplos de tratamento a ser dado envolvendo contingências ativas e contingências passivas


OBJETIVO

1. O objetivo desta Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC é definir critérios de reconhecimento e bases de mensuração aplicáveis a provisões, contingências passivas e contingências ativas, bem como definir regras para que sejam divulgadas informações suficientes nas notas explicativas às demonstrações contábeis, para permitir que os usuários entendam sua natureza, oportunidade e seu valor.
2. Os termos que aparecem em itálico deverão ser lidos considerando as definições e os conceitos dados nos itens 6 a 8 desta NPC.

ALCANCE

3. Esta NPC deve ser aplicada por todas as entidades na contabilização de provisões, contingências passivas e contingências ativas, exceto as:
resultantes dos instrumentos financeiros registrados a valor de mercado;
resultantes dos contratos a executar, exceto quando o contrato é oneroso;
provenientes de apólices de seguro em entidades seguradoras; e
abrangidas por outra norma emitida pelo Ibracon ou órgão regulador, tais como aquelas relacionadas com contratos de construção, imposto de renda e contribuição social e benefícios a empregados
4. Outras normas especificam se dispêndios devem ser tratados como ativos ou despesas. Essas questões não são abordadas nesta NPC. Dessa forma, esta norma não determina a contrapartida de uma provisão, como, por exemplo, um ativo ou uma despesa.
5. Esta NPC se aplica a provisões para reestruturação (inclusive a relativa à descontinuidade de operações).

DEFINIÇÕES

6. Os termos a seguir são utilizados nesta NPC com os seguintes significados:
(i) Contratos a executar são contratos em que duas ou mais partes comprometem-se a cumprir obrigações futuras e cujos fatos geradores ainda não ocorreram.
(ii) Uma provisão é um passivo de prazo ou valor incertos.
O termo provisão também tem sido usado no contexto de contas retificadoras, como depreciações acumuladas, desvalorização de ativos e ajustes de valores a receber. Esses ajustes aos valores contábeis de ativos não são abordados nesta NPC.
(iii) Provisões derivadas de apropriações por competência são passivos por mercadorias ou serviços que foram recebidos ou fornecidos, mas que não foram faturados ou acordados formalmente com o fornecedor, incluindo montantes devidos a empregados (por exemplo, os montantes relativos à provisão para férias), os devidos pela atualização de obrigações na data do balanço, entre outros. Embora às vezes seja necessário estimar o valor ou o tempo das provisões derivadas de apropriações por competência, o que poderia assemelhar-se conceitualmente a uma provisão, a diferença básica está no fato de que as provisões derivadas de apropriações por competência são obrigações já existentes, registradas no período de competência, sendo muito menor o grau de incerteza que as envolve.
(iv) Uma reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração de uma entidade, que muda de maneira substancial (a) um negócio empreendido pela entidade ou (b) a maneira como esse negócio é conduzido (item 54).
(v) Um passivo é uma obrigação presente de uma entidade, decorrente de eventos já ocorridos, cuja liquidação resultará em uma entrega de recursos.
(vi) Uma obrigação legal é aquela que deriva de um contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos), de uma lei ou de outro instrumento fundamentado em lei.
(vii) Uma obrigação não formalizada é aquela que surge quando uma entidade, mediante práticas do passado, políticas divulgadas ou declarações feitas, cria uma expectativa válida por parte de terceiros e, por conta disso, assume um compromisso.
(viii) Uma contingência passiva é:
uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle da entidade; ou
uma obrigação presente que surge de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
é improvável que a entidade tenha de liquidá-la; ou
o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente segurança.
(ix) Uma contingência ativa é um possível ativo presente, decorrente de eventos passados, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle da entidade.
(x) O fato gerador, no contexto desta norma, é um evento passado que cria uma obrigação presente, legal ou não formalizada, para uma entidade.
(xi) Um contrato oneroso é um contrato no qual, apesar de ainda não concluído, ou até mesmo iniciado, já apresenta prejuízo decorrente da existência de custos inevitáveis que excedem os benefícios econômicos esperados do contrato.
Provisões e outros passivos
7. As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, tais como contas a pagar a fornecedores e provisões derivadas de apropriações por competência, porque há incertezas sobre o tempo ou o valor dos desembolsos futuros exigidos na liquidação. Contas a pagar a fornecedores são passivos a pagar por mercadorias ou serviços fornecidos, faturadas pelo ou formalmente acordadas com o fornecedor.
As provisões derivadas de apropriações por competência são normalmente classificadas como contas a pagar a fornecedores ou outras contas a pagar, conforme a natureza do item a que estiver relacionada. As demais provisões devem ser apresentadas separadamente.
Relação entre provisões e contingências passivas
8. De maneira geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas em relação ao tempo ou ao valor. Entretanto, nesta NPC, o termo "contingente" é usado para ativos e passivos que não são reconhecidos, pois não atendem aos critérios necessários ao seu reconhecimento. Se os critérios forem atendidos, tem-se um passivo ou um ativo.

RECONHECIMENTO

Parâmetros para avaliação
9. Para fins de classificação dos ativos e passivos em contingentes ou não, esta NPC usa os termos praticamente certo, provável, possível e remota com os seguintes conceitos:
Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado no julgamento de contingências ativas. Ele é aplicado para refletir uma situação na qual um evento futuro é certo, apesar de não ocorrido. Essa certeza advém de situações cujo controle está com a administração de uma entidade, e depende apenas dela, ou de situações em que há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.
Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.
Os conceitos descritos nesse item não necessariamente se aplicam a outras normas.

Provisões
10. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
uma entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente como conseqüência de um evento passado;
é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança.
Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão não deve ser reconhecida. É importante notar, por outro lado, a diferença existente entre provisões e outros passivos e contingências passivas, conforme os itens 7, 8 e os exemplos no Anexo II a esta NPC, notadamente aqueles incluídos no item 4.

Obrigação presente
11. Em raros casos, não fica claro se há uma obrigação legal ou não formalizada presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma obrigação presente quando, levando-se em consideração todas as evidências disponíveis, for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço.
As evidências consideradas incluem quaisquer evidências adicionais, fornecidas por eventos subseqüentes à data do balanço. Com base nessas evidências:
quando for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, a entidade reconhece uma provisão (se os critérios de reconhecimento descritos no item 10 forem atendidos); e
quando não for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, a entidade divulga uma contingência passiva, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos (item 70).

Evento passado
12. Um evento passado que origina uma obrigação presente é chamado de fato gerador. Para que um fato gerador seja considerado ocorrido, é necessário que a administração da entidade conclua não haver alternativa realística que não liquidar a obrigação criada por ele. Essa ocorrência se verifica somente:
quando a liquidação da obrigação pode ser exigida por um contrato, lei ou decisão judicial; ou
no caso de uma obrigação não formalizada.
13. As demonstrações contábeis apresentam a posição patrimonial e financeira de uma entidade no fim do período (data do balanço) e não de sua possível posição no futuro. Portanto, nenhuma provisão é reconhecida para custos que precisam ser incorridos para operar no futuro. Os únicos passivos reconhecidos no balanço de uma entidade são aqueles que existem na data do balanço.
14. Somente são reconhecidas como provisões aquelas obrigações que surgem de eventos passados e existem independentemente de atos futuros de uma entidade (como a conduta futura do seu negócio). Exemplos dessas obrigações são multas ou custos com limpeza e reparos em virtude de danos ambientais, que resultariam em saída de recursos para sua liquidação, independentemente de atos futuros da entidade. Da mesma forma, uma entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade de uma instalação industrial na medida em que ela é obrigada a retificar eventual dano já causado.
15. Uma obrigação sempre envolve outra parte interessada a quem se deve a obrigação. No entanto, não é necessário saber a identidade da parte interessada a quem se deve essa obrigação. Em virtude de uma obrigação sempre envolver um compromisso com outra parte, uma decisão do conselho de administração ou da diretoria não originará uma obrigação não formalizada na data do balanço, a menos que a decisão tenha sido comunicada antes dessa data, para terceiros afetados por ela, de maneira suficientemente específica para criar nestes uma expectativa válida de que a entidade cumprirá com suas responsabilidades.
16. Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la em uma data posterior, em razão de mudanças na lei ou porque um ato (por exemplo, uma declaração pública na qual a entidade compromete-se a fazer algo) da entidade dá origem a uma obrigação não formalizada.
17. Quando os detalhes de uma nova legislação proposta ainda tiverem de ser finalizados, uma obrigação surgirá somente quando for praticamente certo que a legislação será promulgada conforme a minuta divulgada. Normalmente, será impossível estar praticamente certo da promulgação de uma legislação até que ela seja promulgada.

Saída provável de recursos
18. Para que um passivo seja reconhecido, não deve haver somente uma obrigação presente, mas também deve ser provável que haja um desembolso de recursos para liquidar aquela obrigação. Quando não for provável, ou seja, for apenas possível que uma obrigação presente exista, a entidade divulga uma contingência passiva, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos (item 70).
19. Quando há várias obrigações semelhantes (por exemplo, processos trabalhistas, garantias sobre produtos vendidos etc.), a avaliação da probabilidade de que uma saída de recursos ocorra deverá considerar o tipo de obrigação como um todo. Esse critério é adotado já que, embora possa ser pequena a probabilidade de uma saída de recursos para qualquer item isoladamente, pode ser provável que alguma saída de recursos ocorra para o tipo de obrigação, ou seja, para alguns itens, seja necessário o desembolso. Se esse for o caso, uma provisão é reconhecida (se os outros critérios para reconhecimento forem atendidos).

Estimativa confiável da obrigação
20. O uso de estimativas é parte essencial da preparação das demonstrações contábeis e não prejudica sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso das provisões, que, por sua natureza, são mais incertas do que a maior parte dos outros itens do balanço. De maneira geral, uma entidade é capaz de determinar os possíveis desfechos que envolvem uma obrigação e, dessa forma, fazer uma estimativa que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento de uma provisão.
21. Em casos extremamente raros, em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado como contingência passiva (item 70).

Contingências passivas
22. Uma entidade não deve reconhecer uma contingência passiva. Esta é divulgada, ou não, conforme o item 70.
23. Quando uma entidade for conjunta e solidariamente responsável por uma obrigação, a parte da obrigação que se espera que as outras partes liquidem é tratada como uma contingência passiva. A entidade reconhece uma provisão para a parte da obrigação para a qual é provável uma saída de recursos, exceto em circunstâncias extremamente raras, em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita.
24. As contingências passivas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação anterior continua válida. Se for provável que uma saída de recursos será exigida para um item anteriormente tratado como uma contingência passiva, uma provisão será reconhecida nas demonstrações contábeis do período no qual ocorre a mudança na estimativa de probabilidade.

Contingências ativas
25. Uma entidade não deve reconhecer uma contingência ativa. Contingências ativas não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Entretanto, quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo correspondente não é uma contingência ativa e é requerido seu reconhecimento.
26. Uma contingência ativa é divulgada, conforme o item 73, quando for provável uma entrada de recursos.
27. Assim como as contingências passivas, as contingências ativas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação inicial continua válida. Se for praticamente certa que uma entrada de recursos ocorrerá por conta de um ativo, entrada esta anteriormente não classificada como praticamente certa, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa. Caso se torne provável uma entrada de recursos, a entidade divulga em nota a contingência ativa (item 73).

MENSURAÇÃO

Melhor estimativa
28. O montante reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.
29. A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o montante que uma entidade pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para terceiros naquela data.
30. As estimativas de desfecho e os efeitos financeiros são determinados pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes e, em alguns casos, por relatórios de especialistas independentes. As evidências consideradas devem incluir qualquer evidência adicional fornecida por eventos subseqüentes à data do balanço.
31. Incertezas sobre o montante a ser reconhecido como provisão são tratadas de diversas formas, de acordo com as circunstâncias. Quando a provisão que está sendo mensurada envolve uma ampla quantidade de itens, deve-se estimar a provisão ponderando-se todos os possíveis desfechos em relação à possibilidade de sua ocorrência. Isto é necessário a possibilidade de perda para o conjunto, pois pode-se deparar com uma avaliação individual para os itens (apenas possível, por exemplo) diferente da avaliação do grupo como um todo ( que poderia ser provável para alguns dos itens.)
Essa situação pode ser verificada, por exemplo, em uma entidade que produza determinada linha de eletrodomésticos em que, para cada eletrodoméstico analisado individualmente, a possibilidade de que ocorra um defeito é possível; entretanto, a possibilidade de que um defeito venha a ocorrer, para algum dos eletrodomésticos produzidos, dessa vez analisando a linha como um todo, é provável. Nesse caso, a provisão não será de 100% dos valores envolvidos: deverá ponderar a perda média esperada para os itens, ou ainda o percentual de perda esperado do universo. Por exemplo, experiências passadas de uma entidade e suas expectativas futuras indicam que, no ano seguinte à venda de um produto, 80% dos bens não apresentam defeito, 15% apresentam defeitos menores e 5% têm defeitos maiores. Uma entidade avalia a probabilidade de uma saída para as obrigações de garantias como um todo. Supondo que a entidade estima que se a totalidade dos produtos vendidos tivesse que sofrer pequenos reparos, isto custaria um total de R$ 2 milhões e no caso de grandes reparos custaria R$ 6 milhões, a provisão para garantia seria determinada como segue: (80% x 0) + (15% x R$ 2 milhões) + (5% x R$ 6 milhões), totalizando R$ 600 mil.
32. Quando se está mensurando uma única obrigação, o desfecho mais provável pode ser a melhor estimativa. Entretanto, mesmo nesse caso, as demais possibilidades de desfecho devem ser analisadas, se indicarem valores diferentes da melhor estimativa, e o passivo deverá ser ajustado, para refletir um valor maior ou menor. Por exemplo, se uma entidade tiver de reparar um defeito grave em uma fábrica que ela tenha construído para um cliente, o resultado individual mais provável poderá ser para que o reparo seja bem-sucedido na primeira tentativa a determinado custo, mas uma provisão para um montante maior será feita se houver uma chance significativa de que outras tentativas sejam necessárias. Em caso de expectativas aproximadamente iguais, deve prevalecer a de valor maior.
33. A provisão é mensurada antes dos efeitos tributários. As conseqüências fiscais da provisão e suas alterações são tratadas na NPC 25 - Contabilização do imposto de renda e da contribuição social.

Riscos e incertezas
34. Os riscos e as incertezas que inevitavelmente existem em torno de muitos eventos e circunstâncias devem ser levados em consideração para se alcançar a melhor estimativa de uma provisão.
35. O risco descreve a variabilidade de estimativas de desfechos. Uma nova avaliação de risco pode aumentar o valor pelo qual um passivo é mensurado. É preciso ter cuidado para evitar aumentar desnecessariamente a avaliação de risco, com a conseqüente mensuração a maior de uma provisão. Uma incerteza não justifica a criação de provisões excessivas ou uma sobreavaliação deliberada de passivos. Por exemplo, se os custos projetados de um desfecho particularmente adverso forem estimados numa hipótese mais conservadora, esse desfecho não pode ser deliberadamente tratado como sendo o mais provável. A melhor estimativa, considerando realisticamente o caso, é que deve ser observada.
36. A divulgação das incertezas que cercam o valor do desembolso é feita de acordo com o item 69 (b).

Valor Presente
37. Observado o descrito no item 78, quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é relevante, o montante de uma provisão deve ser o valor presente dos desembolsos que se espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação, exceto quando outra norma do Ibracon ou de órgão regulador determinar que uma provisão específica seja mantida pelo seu valor nominal.
38. A taxa de desconto deve ser uma taxa aplicada antes de impostos que reflita as atuais avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para o passivo.

Eventos futuros
39. Eventos futuros que podem afetar o montante exigido para liquidar uma obrigação devem ser refletidos no valor da provisão, quando houver evidência objetiva suficiente de que eles ocorrerão. Por exemplo, o efeito conhecido de uma possível nova legislação deve ser levado em consideração na mensuração de uma obrigação existente quando há evidência objetiva suficiente de que é praticamente certo que a legislação seja promulgada. Entretanto, normalmente, não existirá evidência suficiente até que a nova legislação seja promulgada.

Baixas Esperadas de Ativos
40. Os ganhos esperados na baixa de ativos não devem ser levados em consideração na mensuração de uma provisão, mesmo se a baixa esperada estiver intimamente ligada ao evento que dá origem à provisão.

REEMBOLSOS

41. Quando se espera que algum ou todos os dispêndios exigidos para liqüidar uma provisão sejam reembolsados por outra parte, o reembolso deve ser reconhecido somente quando for praticamente certo que ele será recebido se a entidade liquidar a obrigação. O reembolso deve ser tratado como um ativo separado. O montante reconhecido para o reembolso não deve ultrapassar o montante da provisão.
42. Na demonstração do resultado, a despesa relativa a uma provisão pode ser apresentada líquida do valor a ser reembolsado.
43. Algumas vezes, uma entidade pode exigir de terceiros o pagamento ou ressarcimento de todos ou de uma porção dos desembolsos exigidos para liquidar uma provisão (por exemplo, por meio de contratos de seguro, cláusulas de indenização ou garantias dos fornecedores). Nos casos em que a entidade permaneça sendo a responsável por todo o valor em questão e tiver que liquidar o valor total se o terceiro por alguma razão não pagar, uma provisão é reconhecida pelo valor total do passivo, e um ativo é reconhecido pelo valor do reembolso esperado, desde que seu recebimento seja praticamente certo, no caso de a entidade liquidar o passivo.
Nos termos do item 23, uma obrigação pela qual uma entidade esteja conjunta e solidariamente responsável é considerada uma contingência passiva. Deixará de ser assim considerada no momento em que se passe a esperar que a entidade venha a participar da liquidação da obrigação.

MUDANÇAS NAS PROVISÕES

44. As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que uma saída de recursos será requerida para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida em contrapartida da linha do balanço e/ou do resultado contra a qual ela foi originalmente constituída e/ou realizada.
45. Observado o descrito no item 78, quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor contábil de uma provisão aumenta a cada período para refletir a passagem de tempo. Esse aumento é reconhecido como uma despesa financeira.

USO DAS PROVISÕES

46. Uma provisão deve ser usada somente para os desembolsos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. Portanto, somente despesas relacionadas à provisão original são liquidadas contra ela.

APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

Prejuízos operacionais futuros
47. Provisões para prejuízos operacionais futuros não devem ser reconhecidas, a não ser quando vinculadas a contratos onerosos. Os prejuízos operacionais futuros normalmente não atendem à definição de um passivo, contida no item 6, nem dos critérios gerais de reconhecimento estabelecidos para provisões no item 10.
48. Uma expectativa de prejuízos operacionais futuros normalmente é uma indicação de que determinados ativos da operação podem não ser recuperáveis, nem parcial nem totalmente.

Contratos Onerosos
49. Se uma entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente, ou mesmo os prejuízos futuros inevitáveis, de acordo com o contrato, devem ser reconhecidos e mensurados como uma provisão.
50. Muitos contratos podem ser cancelados sem pagar compensação para a outra parte; portanto, não há obrigação. Outros contratos estabelecem direitos e obrigações para cada uma das partes contratantes. Quando os eventos tornarem esse contrato oneroso, esta NPC deverá ser aplicada, e existirá um passivo que deve ser reconhecido. Esta NPC não se aplica aos contratos de execução que não são onerosos.
51. Em um contrato oneroso, o menor custo entre as situações de seu cumprimento ou descumprimento é maior que os benefícios econômicos dele esperados.Ao determinar se um contrato é oneroso, a entidade compara os benefícios econômicos dele esperados com o custo de cumpri-lo ou de deixar de cumpri-lo, dos dois o menor. Se os custos superam os benefícios, então o contrato é oneroso. A provisão é constituída para o menor custo entre cumprir o contrato ou deixar de cumpri-lo, independente da intenção da entidade. Nos casos em que houver apenas uma alternativa ou uma outra alternativa não é realista, a entidade provisiona o valor dessa única alternativa.
52. Antes de ser estabelecida uma provisão separada para um contrato oneroso, uma entidade deve reconhecer qualquer prejuízo decorrente da desvalorização ocorrida nos ativos destinados àquele contrato.

Compensação
53. Não raramente, a administração de uma entidade questiona a legitimidade de determinados passivos, e, por conta desse questionamento, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão são depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. Nessas situações, não havendo a possibilidade de resgate do depósito, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade, o depósito deverá ser apresentado deduzindo o valor do passivo, sendo os valores atualizados e divulgados de acordo com o item 76.

Reestruturação
54. Exemplos de eventos que podem se enquadrar na definição de reestruturação são:
venda ou extinção de uma linha de negócios;
fechamento de fábricas ou locais de negócios de um país ou região ou realocação das atividades de negócios de um país ou região para outro(a);
mudanças na estrutura da administração, por exemplo, eliminação de um nível gerencial; e
reorganizações fundamentais que têm um efeito relevante na natureza e no foco das operações da entidade.
Não se enquadram na definição de reestruturação, portanto, reorganizações financeiras, societárias e outras similares.
55. Uma provisão para custos da reestruturação é reconhecida somente quando são cumpridos os critérios gerais de reconhecimento de provisões estabelecidos no item 10. Os itens 56 a 67 demonstram como os critérios gerais de reconhecimento aplicam-se às reestruturações.
56. Uma obrigação não formalizada para reestruturação surge somente quando uma entidade:
(a) tiver um plano formal detalhado para a reestruturação, identificando pelo menos:
o negócio ou parte do negócio em questão;
os principais locais afetados;
o local, as funções e o número aproximado de funcionários que serão incentivados financeiramente a se demitir;
os desembolsos que serão efetuados; e
quando o plano será implantado;
(b) tiver criado uma expectativa válida naqueles que serão afetados pela reestruturação, seja começando a implantação daquele plano seja pelo anúncio de suas principais características para aqueles afetados pela reestruturação.
57. A evidência de que uma entidade começou a implantar um plano de reestruturação seria fornecida, por exemplo, pela desmontagem da fábrica, pela venda dos ativos ou pela divulgação das principais características do plano. A divulgação de um plano detalhado para reestruturação constituirá uma obrigação não formalizada somente se for feita de tal maneira e em detalhes suficientes (ou seja, apresentando as principais características do plano) que origine expectativas válidas de outras partes interessadas, como clientes, fornecedores e funcionários (ou seus representantes), de que a entidade a realizará.
58. Para que um plano seja suficiente para dar origem a uma obrigação não formalizada, quando comunicado àqueles por ele afetados, é necessário que sua implantação comece o mais rápido possível e seja concluída dentro de um prazo que torne improváveis quaisquer mudanças no plano. Entretanto, caso se espere que haja um grande atraso antes de a reestruturação começar ou que esta demore tempo demais, deixa de ser provável que o plano crie uma expectativa válida de que a entidade está, atualmente, comprometida com a reestruturação, porque o período de execução dá oportunidade para a entidade mudar seus planos.
59. Uma decisão de reestruturação da administração ou da diretoria, tomada antes da data do balanço, não dá origem a uma obrigação não formalizada naquela data, a menos que a entidade tenha, antes disso:
começado a implantar o plano de reestruturação; ou
anunciado as principais características do plano de reestruturação àqueles afetados por ele, de maneira suficientemente específica, criando neles uma expectativa válida de que fará a reestruturação.
Em alguns casos, uma entidade começa a implantar um plano de reestruturação, ou anuncia suas principais características àqueles afetados, somente depois da data do balanço. Caso essa reestruturação seja relevante no conjunto das demonstrações contábeis, a entidade deverá fazer a devida divulgação do evento subseqüente.
60. Embora uma obrigação não formalizada não seja criada apenas por uma decisão da administração, ela pode resultar de eventos anteriores combinados com essa decisão. Por exemplo, negociações com representantes de empregados, para pagamentos de demissões, ou com compradores, para a venda de uma operação, podem ter sido concluídas, sujeitas apenas à aprovação da diretoria. Uma vez obtida a aprovação e comunicada às outras partes interessadas, a entidade tem uma obrigação não formalizada de reestruturar, se as condições do item 56 forem cumpridas.
61. Em alguns casos, a alta administração de uma entidade pode incluir representantes de interesses diferentes dos de uma administração tradicional (por exemplo, empregados), ou a notificação para esses representantes pode ser necessária antes de ser tomada a decisão pela alta administração. Quando uma decisão dessa diretoria envolve a comunicação a esses representantes, isso pode resultar em uma obrigação não formalizada de reestruturar.
62. Nenhuma obrigação surge da venda de uma unidade operacional até que a entidade comprometa-se com essa operação, ou seja, quando há um contrato firme de venda.
63. Mesmo quando uma entidade tiver tomado decisão de vender uma unidade operacional e anunciada publicamente essa decisão, ela pode não se comprometer a vendê-la até que um comprador tenha sido identificado e houver um contrato firme de venda. Até haver um contrato firme de venda, a entidade poderá mudar de idéia e, de fato, terá de tomar outras medidas se não puder ser encontrado um comprador que concorde com o negócio em termos aceitáveis. Quando a venda de uma operação for vista como parte de uma reestruturação, os ativos da unidade serão analisados considerando o seu valor de recuperação nas circunstâncias. Em alguns casos, quando uma venda for somente uma parte da reestruturação, uma obrigação não formalizada poderá surgir para as outras partes dessa reestruturação, se as condições previstas no item 56 forem atendidas, mesmo antes de existir um contrato firme de venda.
64. Uma provisão para reestruturação deve incluir somente as despesas diretas decorrentes da reestruturação, que são:
necessariamente ocasionadas pela reestruturação; e
não associadas às atividades em andamento da entidade.
65. Uma provisão para reestruturação não inclui custos como:
novo treinamento ou remanejamento da equipe permanente;
propaganda e marketing; ou
investimento em novos sistemas e redes de distribuição.
Esses desembolsos se relacionam à futura condução do negócio e não são passivos relativos à reestruturação na data do balanço. Esses desembolsos são reconhecidos na mesma base, como se surgissem independentemente de uma reestruturação.
66. Perdas operacionais futuras, identificáveis até a data de uma reestruturação, não são incluídas em uma provisão, a menos que se relacionem a um contrato oneroso, conforme definido no item 6.
67. Conforme descrito no item 40, os ganhos esperados na baixa de ativos não são levados em consideração na mensuração de uma provisão para reestruturação, mesmo se a venda de ativos for vista como parte da reestruturação.

DIVULGAÇÃO

68. Para cada tipo de provisão relevante, uma entidade deve divulgar:
o valor contábil no início e no fim do período;
provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;
montantes utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período;
montantes não utilizados, estornados durante o período; e
despesas financeiras apropriadas no período para as provisões ajustadas ao valor presente e qualquer mudança na taxa de desconto.
Não são necessárias informações comparativas.
69. Além do descrito no item 68, uma entidade deve divulgar, para cada tipo de provisão relevante:
uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de quaisquer desembolsos;
uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma desses desembolsos. Quando for necessário fornecer informações adequadas, uma entidade deve divulgar as principais premissas adotadas em relação a eventos futuros, conforme abordado no item 39; e
o montante de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso.
70. A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso, a entidade deve divulgar, para cada tipo de contingência passiva relevante na data do balanço, uma breve descrição da natureza da contingência passiva e, quando praticável:
uma estimativa do efeito financeiro, mensurada de acordo com os itens 28 a 40;
uma indicação das incertezas relacionadas ao montante ou ao tempo de qualquer desembolso; e
a possibilidade de qualquer reembolso.
71. Na determinação de quais provisões ou contingências passivas podem ser agregados para formar um tipo único, é necessário considerar se a natureza dos itens é similar o suficiente para divulgação única que cumpra as exigências dos itens 69(a) e (b) e 70(a) e (b). Assim, pode ser apropriado tratar como uma provisão única os montantes relacionados a garantias de produtos diferentes, mas não seria adequado tratar como uma provisão única os valores relacionados a garantias de produtos vendidos e os montantes relativos a processos judiciais.
72. Quando uma provisão e uma contingência passiva surgirem do mesmo conjunto de circunstâncias, uma entidade faz as divulgações requeridas pelos itens 68 a 70 de maneira que evidencie a ligação entre a provisão e a contingência passiva.
73. Quando for provável uma entrada de recursos, uma entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza da contingência ativa na data do balanço e, se praticável, uma estimativa de seus efeitos financeiros mensurados, usando os princípios descritos para as provisões contidos nos itens 28 a 40. Essas divulgações devem evitar dar indicações indevidas quanto à probabilidade do ganho.
74. Quando algumas das informações necessárias, de acordo com os itens 70 e 73, não forem divulgadas por não ser praticável a sua apresentação, a entidade deve divulgar esse fato.
75. Em casos extremamente raros, pode-se esperar que a divulgação de alguma ou de todas as informações necessárias em conformidade com os itens 68 a 73 prejudique seriamente a posição da entidade em uma disputa com outras partes sobre o assunto da provisão, contingência passiva ou contingência ativa. Nesses casos, a entidade não precisa divulgar as informações, mas deve divulgar a natureza geral da disputa e o fato de que as informações não foram divulgadas, com a devida justificativa, bem como deve avaliar a necessidade de comunicar o assunto ao órgão regulador, nos termos das normas existentes acerca de informações confidenciais.
76. Nos casos em que, para fins de divulgação, ocorrer a compensação de passivos com valores depositados em juízo, permitida nos termos desta NPC, deverão ser destacadas, em nota explicativa, as quantias que estão sendo compensadas e a explicação das eventuais diferenças existentes.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

77. Os efeitos da adoção desta NPC que não se relacionarem a mudanças de estimativas devem ser apresentados como ajustes de exercícios anteriores.
78. O ajuste a valor presente previsto nos itens 37, 38 e 45 deverá ser efetuado apenas se requerido por uma norma específica que se refira à provisão, ou quando da edição de norma que dê legitimidade à aplicação desse conceito nas práticas contábeis adotadas no Brasil.

ENTRADA EM VIGOR

79. Esta NPC entra em vigor para as demonstrações contábeis que abrangem os períodos que começam em 1º de janeiro de 2006, ou após essa data, incentivando-se a sua aplicação imediata, e revoga disposições anteriores, inclusive o Pronunciamento do IBRACON XXII - Contingências.

ANEXO I
SUMÁRIO DO TRATAMENTO A SER DADO ENVOLVENDO CONTINGÊNCIAS ATIVAS E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

O objetivo deste anexo é auxiliar no entendimento da NPC sobre Provisões, contingências ativas e contingências passivas e deve ser lido no contexto completo da NPC, não devendo ser considerado isoladamente.
Tipo de contingência
Probabilidade
Tratamento
Referência com os itens da NPC
Contingência ativa
Praticamente certa
Reconhecer o ativo.
25
Provável
Divulgar.
26
Possível ou remota
Não divulgar.
72
Contingência passiva
Provável
- mensurável com suficiente segurança
Provisionar.
10
- não mensurável com suficiente segurança
Divulgar.
21
Possível
Divulgar.
11(b)
Remota
Não divulgar.
22, 70 e 75
ANEXO II

EXEMPLOS DE TRATAMENTO A SER DADO ENVOLVENDO CONTINGÊNCIAS ATIVAS E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

O objetivo deste anexo é auxiliar no entendimento da NPC sobre Provisões, contingências ativas e contingências passivas e deve ser lido no contexto completo da NPC, não devendo ser considerado isoladamente.
1. Garantias
Uma montadora dá garantia de dois anos para uma determinada linha de veículos a partir da data da venda pela concessionária. Baseada em experiências passadas, a montadora sabe que é provável que alguns dos veículos vendidos apresentem problemas nesses dois anos, que são cobertos pela garantia. Nesse caso, o fato gerador da obrigação é a venda do veículo pela concessionária, dando a garantia de dois anos, e é provável que, para alguns veículos, ocorra desembolso por parte da montadora. Nesse caso, deve ser constituída provisão para cobrir esses eventuais custos, baseada na melhor estimativa possível.
Esse é o típico exemplo de uma situação na qual a possibilidade de que uma obrigação analisada isoladamente (um veículo) venha a ocorrer é menor que provável. Entretanto, a possibilidade de que parte de uma obrigação analisada de forma associada (em nosso exemplo, a linha de veículos) venha a ocorrer é provável. Dessa forma, uma provisão deve ser constituída.
Na mesma linha da garantia, está a política de reembolso de compras de clientes insatisfeitos, adotada comumente por entidades de determinados segmentos da economia. Essa política é divulgada ao público e, muitas vezes, é parte integrante da estratégia publicitária dessas entidades, e, em alguns casos, algumas dessas entidades chegam a registrar o compromisso público do reembolso em cartório. Em ambos os casos, a entidade criou uma expectativa válida no consumidor. Assim, como na situação das garantias, uma provisão deve ser constituída para cobrir os custos de reembolso, na melhor estimativa possível.
2. Danos ambientais
Em determinadas circunstâncias, quando danos ambientais são causados, a entidade pode, por diversas razões, não estar obrigada a remediá-los. Assim, inicialmente, não se fala em obrigação; entretanto, o surgimento de uma nova lei ou um comprometimento público da entidade fará surgir uma obrigação legal ou não formalizada, respectivamente, e, nesse caso, observada a devida avaliação sobre a possibilidade dessa obrigação se concretizar, a constituição de uma provisão poderá ser necessária.
A lei referida no item anterior pode não ter sido aprovada ainda, mas se a sua aprovação é praticamente certa, uma provisão deverá ser constituída.
Vejamos as situações a seguir e a correspondente análise:
(a) Uma entidade que lança resíduos na água de um rio próximo da fábrica, em razão das pressões cada vez mais crescentes da população e de organismos internacionais, decide investir na construção de uma Estação de Tratamento, com o objetivo de tratar os resíduos que serão lançados no rio. Nessa situação, não cabe constituir provisão para os dispêndios com a construção de uma Estação de Tratamento, pois trata-se, na verdade, de uma mudança no processo produtivo. Entretanto, caso a obrigação pela reparação do dano já causado diretamente ao rio, e indiretamente ao meio ambiente, seja provável, uma provisão deverá ser constituída, provisão esta que exclui os custos com a Estação de Tratamento, que influenciará no processo futuro, e não na ajuda do tratamento dos danos já causados.
(b) Uma entidade é vencedora em um processo de licitação para exploração de petróleo em alto-mar. O contrato prevê que, no caso de descontinuidade da operação, por exaustão do poço ou por qualquer outro motivo, a entidade deverá arcar com os custos de remoção da plataforma de petróleo e reparação do leito do mar. Nessa situação, a entidade deverá constituir provisão para remoção da plataforma com contrapartida no custo da própria plataforma, já que o fato gerador é a sua instalação. Em relação ao custo de restauração do leito, uma provisão deve ser feita e ajustada mensalmente, à medida que o poço for sendo explorado.
3. Reestruturação
Em reunião da diretoria de uma entidade, realizada em dezembro de 2001, esta decidiu que efetuará uma reestruturação que incluirá redução de níveis hierárquicos, demissões e fechamento de unidades deficitárias. A reunião aprovou as principais linhas do plano de reestruturação, mas a administração ainda não divulgou esse plano às partes envolvidas (funcionários, clientes, fornecedores etc.). Assim, em 31 de dezembro de 2001, a provisão ainda não deve ser constituída, pelo menos até que o plano seja divulgado em detalhes suficientes para as partes envolvidas. Caso a comunicação tivesse sido feita antes de 31 de dezembro de 2001, o balanço deveria contemplar provisão para fazer face à melhor estimativa dos custos a incorrer por conta da reestruturação.
Outro exemplo é o de uma fábrica cuja receita é derivada, em sua quase totalidade, da venda de um componente automotivo, que, em 2001, é fornecido exclusivamente para duas montadoras de automóveis. Essas montadoras fazem comunicado público ou enviam cartas à fábrica avisando que, a partir de 1º de janeiro de 2002, não mais utilizarão esse componente em seus automóveis, com antecedência suficiente para não ser considerado quebra de contrato. Nesse caso, a administração não terá muitas opções, e a reestruturação é praticamente inevitável, ou seja, é provável, já que o pressuposto da continuidade estará afetado. A melhor estimativa de gastos com a reestruturação deverá ser feita e provisionada. Caso a entidade venha a implantar uma nova fábrica para produzir um novo componente, podendo até ser o componente que irá substituir o que ela fornecia, os dispêndios relativos à reestruturação da planta/linha de produção anterior deverão ser lançados ao resultado, não podendo, portanto, ser alocados ao custo da nova fábrica de produção. Antes de ser efetuada a provisão para a reestruturação, a administração deverá efetuar o ajuste no valor dos ativos ao seu valor de recuperação. Caso haja situações em que se preveja ganho sobre baixas esperadas de ativos, esses ganhos não são levados em consideração na mensuração de uma provisão para reestruturação.
4. Tributos
(a) A administração de uma entidade entende que uma determinada lei federal, que alterou a alíquota de um tributo ou introduziu um novo tributo, é inconstitucional. Por conta desse entendimento, ela, por intermédio de seus advogados, entrou com uma ação alegando a inconstitucionalidade da lei. Nesse caso, existe uma obrigação legal a pagar à União. Assim, a obrigação legal deve estar registrada, inclusive juros e outros encargos, se aplicável, pois estes últimos têm a característica de uma provisão derivada de apropriações por competência. Trata-se de uma obrigação legal e não de uma provisão ou de uma contingência passiva, considerando os conceitos da NPC.
Em uma etapa posterior, o advogado comunica que a ação foi julgada procedente em determinada instância. Mesmo que haja uma tendência de ganho, e ainda que o advogado julgue como provável o ganho de causa em definitivo, pelo fato de que ainda cabe recurso por parte do credor (a União), a situação não é ainda considerada praticamente certa, e, portanto, o ganho não deve ser registrado. É de se ressaltar que a situação avaliada é de uma contingência ativa, e não de uma contingência passiva a ser revertida, pois o passivo, como dito no item anterior, é uma obrigação legal e não uma provisão ou uma contingência passiva.
(b) Nas circunstâncias de processos ainda não julgados definitivamente, em que a entidade discute a recuperação de tributos, supostamente pagos a maior, mas nos estritos termos da lei em discussão, e obtém liminar permitindo compensar aqueles valores com outros tributos, a entidade não deverá registrar o ganho contingente, amparada nessa liminar.
Isso porque a liminar é um instrumento provisório, e, portanto, a realização do ganho não é definitiva. Nesses casos, a Entidade irá proceder à compensação do ponto de vista financeiro; todavia, o tributo compensado deverá ainda figurar como obrigação legal até o desfecho final da causa. Como sua liquidação também é provisória, se o desfecho for desfavorável à entidade, esta deverá recolher o tributo anteriormente compensado com os acréscimos legais, conforme aplicável.
(c) Ao obter decisão final favorável sobre um ganho contingente, a entidade deverá observar o momento adequado para o seu reconhecimento contábil. Não havendo mais possibilidades de recursos da parte contrária, o risco da não-realização do ganho contingente é considerado "remoto", e, portanto, a entidade deve reconhecer contabilmente o ganho quando a decisão judicial final produzir seus efeitos, o que ocorre, normalmente, após a publicação no Diário Oficial.
Isso significa dizer que, a partir desse momento, o ganho deixará de ser contingente e se tornará um direito da entidade. Antes do registro do ganho contingente, porém, e periodicamente após seu registro, a administração da entidade deve avaliar a capacidade de recuperação do ativo, uma vez que a parte contrária pode tornar-se incapaz de honrar esse compromisso, ou pode ser que sua utilização futura seja incerta.
(d) Existem situações em que uma entidade ainda não obteve a decisão final favorável à recuperação de um tributo ou à extinção da obrigação tributária registrada, mas há jurisprudência favorável para outras entidades em casos idênticos, bem como avaliação dos advogados de que as chances de um desfecho favorável são prováveis. Mesmo nas situações em que há jurisprudência favorável, isso não é suficiente para dar base ao reconhecimento do ganho contingente, uma vez que não está assegurada uma decisão final favorável à entidade, pois muitos outros fatores podem influenciar essa decisão, por exemplo, o ramo de atividade, a formalização do processo etc. A entidade, por outro lado, deve fazer divulgação em nota explicativa acerca do assunto.
5. Contrato oneroso
Uma entidade opera de maneira lucrativa em uma fábrica arrendada conforme um arrendamento operacional. Durante dezembro de 20XX, a entidade transfere suas operações para uma nova fábrica. O arrendamento da antiga fábrica ainda terá que ser pago por mais quatro anos, com custo total de R$ 8 milhões. A entidade recebeu a oferta de sub-arrendar a fábrica por R$ 5 milhões pelo período de quatro anos. A entidade tem também a opção de cancelar o contrato de arrendamento pagando multa de R$ 2 milhões. continua nos próximos quatro anos, não pode ser cancelado, e a fábrica não pode ser alugada novamente para outro usuário.
Nessa situação, o evento passado é a assinatura do contrato de arrendamento, que dá origem a uma obrigação legal e atual. O arrendamento torna-se oneroso, com provável saída futura de recursos, e, assim, neste momento, uma provisão é reconhecida pelo menor valor entre cumprir ou deixar de cumprir o contrato. Mesmo que, por uma questão de imagem, a entidade esteja estudando a opção de cumprir o contrato e arrendar a fábrica a fim de possibilitar a manutenção do emprego das pessoas que não irão para a nova fábrica, a provisão a ser constituída será de R$ 2 milhões. A provisão, entretanto, deverá ser ajustada para o valor de R$ 3 milhões (custo de arrendamento de R$ 8 milhões menos receita de subarrendamento de R$ 5 milhões), no momento em que ficar praticamente afastada a possibilidade de cancelar o contrato original, o que poderá ocorrer no momento de assinatura do subarrendamento.