Seguradora condenada por má-fé (Sentença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais)

Reconhece-se a presença de má-fé da seguradora que, mesmo diante da apresentação da apólice de seguro, boletos de pagamento quitados e advertência pelo juiz acerca de seu comportamento processual, interpõe recurso de apelação, alegando inexistir relação jurídica entre as partes, por ausência de documentos que comprovem o pacto securitário.
Com esse entendimento, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma companhia de seguros a indenizar um casal, residente em Minas Novas, em R$35.000,00, por danos morais, em razão da morte de sua filha em um acidente automobilístico, além de pensão mensal e despesas de funeral. A seguradora deverá também pagar uma multa de 1% sobre o valor da causa, por agir com má-fé ao apresentar recurso meramente protelatório.
Segundo os autos, no dia 17 de março de 2002, um comerciante do Paraná conduzia um caminhão em alta velocidade pela BR 381, sentido São Paulo - Belo Horizonte, por volta de 6h. Ao tentar desviar de um caminhão que estava tombado na estrada, invadiu a contramão e se chocou contra o carro, modelo Corsa Wind, onde estavam o casal com sua filha de 2 anos e mais duas pessoas.
No acidente, a criança morreu por hemorragia interna grave e traumatismo craniano, e a mãe da menina ficou paralítica. O casal ajuizou ação contra o proprietário do caminhão, requerendo indenização e pensão mensal até que a vítima completasse 65 anos, totalizando R$ 2.000.000,00. O dono do veículo, então, denunciou à lide a seguradora, denúncia que foi acolhida.
O proprietário do caminhão alegou que tinha emprestado seu veículo para o comerciante e que o condutor do veículo naquela ocasião não teve culpa do acidente, mas sim o motorista do outro caminhão, que deixou o veículo tombado, em pista escorregadia, sem qualquer sinalização. A seguradora, por sua vez, afirmou que não havia contrato de seguro em nome do proprietário do caminhão, e que não foi apresentada a apólice do seguro.
Contudo, o proprietário do veículo apresentou a apólice de seguro nos autos. A decisão de primeira instância condenou a seguradora a indenizar os pais da vítima por danos morais em 200 salários mínimos. Determinou, ainda, o pagamento de R$900,00, relativos a despesas com funeral, mais pagamento de pensão mensal de dois terços do salário mínimo por 11 anos (referente ao período em que a menina teria entre 14 e 25 anos de idade). No total, a seguradora foi condenada a pagar R$100.000,00. O valor excedente deve ser custeado pelo proprietário do caminhão.
A empresa recorreu ao TJ, mas os desembargadores Alberto Vilas Boas (relator), Roberto Borges de Oliveira e Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, mantiveram a sentença, apenas convertendo o valor da indenização por danos morais de 200 salários mínimos para o valor fixo de R$35.000,00.
Eles entenderam que a seguradora agiu de maneira pouco ortodoxa e desleal e determinaram que, sendo a empresa de seguros litigante de má-fé, negando a existência do contrato de seguro, deve também arcar com uma pena de 1% do valor da causa.

Centro de Imprensa – TJMG (Unidade Francisco Sales)

Actividades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados

En el marco de la legislación española, tiene especial interés la promulgación en los últimos meses de la Ley 26/2006, de 17 de julio, cuyo objeto es regular las condiciones en las que deben ordenarse y desarrollarse las actividades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados, así como establecer las normas sobre el acceso y ejercicio por parte de las personas físicas y jurídicas que las realicen y el régimen de supervisión y disciplina administrativa que les resulte de aplicación. Esta norma se articula en 68 artículos, agrupados en tres Títulos, y se completa el texto con once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
La ley 26/2006 se dicta con motivo de la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros, dadas las importantes modificaciones que habían de ser introducidas en la Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados.
La citada Directiva, establece las bases para la armonización de la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea, con dos fines principales: por una parte, establecer un marco legal que permita a los mediadores de seguros ejercer libremente en toda la Unión; y, por otra parte, la protección de la clientela. Respecto del primero de estos objetivos, la Directiva establece el principio de registro por la autoridad competente del Estado miembro de origen de todas las personas que, cumpliendo unos requisitos profesionales mínimos -competencia profesional, honorabilidad, a la existencia de un seguro de responsabilidad civil profesional y a su capacidad financiera, principalmente-, accedan o ejerzan la actividad de mediación de seguros y reaseguros. Y en relación con la protección de la clientela, los intermediarios de seguros tendrán la obligación de información previa a la suscripción del contrato de seguro, así como la de establecer mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos que surjan con su clientela, y la obligación de sancionar las conductas contrarias a las normas que rigen esta actividad.
Junto a la obligación de transposición de la normativa comunitaria, también ha sido determinante para la reforma la evolución experimentada en los últimos años por la actividad de mediación en seguros privados. No podemos desconocer que han aparecido algunas prácticas no previstas en la normativa vigente y que se han consolidado nuevas formas de mediación en el mercado asegurador.
Con la Ley 9/1992, de 30 de abril, el legislador ya puso de manifiesto la importancia económica y social de la actividad de mediación de seguros. Se incrementaron las exigencias requeridas para actuar como mediador de seguros, para con ello mejorar la calidad del servicio y proteger a los tomadores de seguros y asegurados. Asimismo, se incorporaron medidas tendentes a conseguir una mayor liberalización en este sector. No obstante, la realidad del mercado ha demostrado que tal liberalización ha llevado aparejada, en ciertos supuestos, una falta de transparencia en la mediación de seguros. Situación, que la nueva Ley pretende paliar.

La nueva Ley se asienta en tres principios básicos:
Primero.- La regulación de nuevas formas de mediación. Se incorpora la figura del agente de seguros vinculado a varias entidades aseguradoras, entendiendo por tal aquel mediador que, de acuerdo con la legislación anterior, no se adaptaba plenamente ni a la figura del corredor de seguros, por carecer de la necesaria independencia, ni al agente de seguros, por no estar permitida su vinculación con varias entidades aseguradoras. De este modo se sitúa a los mediadores de seguros residentes o domiciliados en España en condiciones de igualdad con los mediadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, en los que se permite esta forma de mediación. Por otra parte, dentro de los agentes de seguros, se regula la mediación a través de las redes de distribución de las entidades de crédito –denominados operadores de banca-seguros-. Y, por último, se regula igualmente la figura del corredor de reaseguros, conforme a las exigencias de la Directiva.
Segundo.- El principio de igualdad de trato de las distintas clases de mediadores. Se establecen requisitos profesionales equivalentes para todos ellos atendiendo a su especial naturaleza.
En relación con los agentes de seguros, se establece un régimen diferenciado atendiendo a su posible vinculación con una o con varias entidades aseguradoras.
En el caso del agente de seguros exclusivo se mantiene el régimen existente. Las entidades aseguradoras responderán de su actuación, le suministrarán la formación técnica necesaria, verificarán su honorabilidad, y comprobarán el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a la celebración del contrato de agencia y a su inscripción en el registro de agentes de la compañía aseguradora.
Respecto de los agentes de seguros vinculados con varias entidades aseguradoras, le corresponde al propio agente acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos y garantizar que dispone de los conocimientos necesarios para ejercer su actividad, así como de honorabilidad y de capacidad financiera cuando manejen fondos ajenos de la clientela. En cuanto a la responsabilidad civil derivada de su actuación, ésta podrá ser asumida por las entidades en cuyo nombre se haya mediado, o bien suscribir el mismo un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera. Ello sin perjuicio de la posible responsabilidad penal o de la responsabilidad en la que el agente haya podido incurrir frente a la Administración.
En relación con los operadores de banca-seguros, se les aplicará el régimen previsto para los agentes de seguros, ya sean exclusivos o vinculados con varias entidades aseguradoras. En cuanto a la obligación de formación de las redes de distribución, ésta recae en las entidades aseguradoras con las que hayan concertado el contrato de agencia de seguros, así como en las entidades de crédito a través de las que distribuyan los contratos de seguros.
Respecto a los corredores de seguros, se mantiene el régimen anterior. Se recuerda la necesaria independencia de éstos respecto de las entidades aseguradoras, como resulta de la necesidad de prestar al cliente un asesoramiento objetivo sobre los productos disponibles en el mercado. Y, conforme a las exigencias de la Directiva, deberán disponer de capacidad financiera si manejan fondos de su clientela.
Finalmente, se establecen para los corredores de reaseguros iguales requisitos a los previstos para los corredores de seguros, excepto la exigencia de acreditar su infraestructura y disponer de capacidad financiera, por tratarse de mediadores que asesoran a entidades aseguradoras, que no requieren una especial protección.
Tercero.- El principio de transparencia que garantice adecuadamente la protección de los consumidores en este ámbito. En su virtud, para la protección del consumidor, se obliga a establecer un punto único de información que contenga los datos procedentes del Registro estatal y de los Registros que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas -sólo los mediadores que hayan acreditado los requisitos profesionales requeridos podrán figurar inscritos en él-. Asimismo, la Ley se refiere a la información que, con carácter previo a la suscripción del contrato de seguro, debe proporcionar el mediador de seguros a su cliente, para que éste pueda tener conocimiento de la clase de mediador que le asesora y de su situación de dependencia o de independencia respecto de las entidades aseguradoras que concurren en el mercado. Por otra parte, se exige, para que la clientela pueda obtener información suficiente, que el mediador de seguros, basándose en las peticiones y necesidades del cliente, especifique los motivos que le llevan a proponerle un determinado contrato de seguro. La independencia de los corredores de seguros se fundamenta en el llamado análisis objetivo, esto es, cuando base su actuación en un análisis de un número suficiente de contratos de seguros; a tal efecto, la Ley especifica cuándo se presumirá que ha existido dicho análisis. La intención de proteger a la clientela también está presente al establecer la exigencia de prever procedimientos para atender y resolver las quejas y reclamaciones, así como la obligación de disponer de un departamento o servicio de atención al cliente o de un defensor del asegurado.

La Ley 26/2006, objeto de examen, también se caracteriza por los siguientes rasgos:
Primero.- La Ley deja fuera de su ámbito de aplicación determinadas actividades que, pese a calificarse de mediación, se excluyen por su consideración de complementarias de otras principales.
Segundo.- La regulación de los auxiliares externos de los mediadores de seguros, cuyas funciones se limitan a la mera captación de clientela y cuya actuación se realiza bajo la responsabilidad del mediador de seguros por cuenta del que trabajan. De este modo se pretende aclarar la confusión generada en el mercado en los últimos años por la actuación desarrollada por los denominados subagentes y colaboradores previstos en la legislación que se deroga.
Tercero.- La superación de un curso o prueba de aptitud como requisito necesario para que los agentes de seguros vinculados, los corredores de seguros y los corredores de reaseguros puedan actuar en el mercado de la mediación.
Cuarto.- La fijación del sistema retributivo de los corredores de seguros, para garantizar la necesaria independencia que debe presidir su actuación, así como la transparencia en las relaciones con sus clientes.
Quinto.- En relación con las actividades en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios en la Unión Europea, se regula el procedimiento de notificación con carácter previo a su iniciación, tanto para los mediadores residentes o domiciliados en España, que pretendan operar en otros Estados miembros de la Unión Europea, como para los procedentes de otros Estados miembros que pretendan operar en España.
Sexto.- Se establece el régimen de infracciones y sanciones administrativas para la actividad de mediación en seguros, así como las nuevas infracciones de acuerdo con la Directiva y con las exigencias previstas en esta Ley.
Séptimo.- Dada la existencia de un Registro en el que deberán figurar inscritos todos los mediadores de seguros y de reaseguros, se suprime el Registro de diplomas de mediadores de seguros titulados.
Octavo.- El ámbito territorial de aplicación de las disposiciones de la Ley, según lo previsto en la Directiva, abarca todo el Espacio Económico Europeo, conforme a la Decisión del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo, de 26 de septiembre de 2003, por la que se modifica el anexo IX del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.

Para dar por concluido este comentario, me referiré a las disposiciones adicionales de la Ley analizada. En la primera de ellas se establece la supletoriedad del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. En la segunda se declara la condición de exclusividad de todos los contratos de agencia celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. La tercera aclara la naturaleza jurídica de las agencias de suscripción y la responsabilidad por su actuación de las entidades aseguradoras para las que actúan. En la cuarta se regula la tasa por inscripción de los mediadores en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En la disposición adicional quinta se convalida el diploma de mediador de seguros titulado al requisito de superar un curso de formación o prueba de aptitud. En la sexta se modifica la denominación de los Colegios de mediadores de seguros titulados y de su Consejo General. En la séptima se regula la aplicación de la legislación de extranjería a los mediadores de seguros y reaseguros. En la octava se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo relativo a la actividad de mediación de seguros y de reaseguros. La disposición adicional novena se refiere al tratamiento de datos en caso de contrato de reaseguro. En la disposición adicional décima se modifica la Ley de contrato de seguro en lo relativo a la necesidad de que en el contrato se haga referencia al mediador que intervenga en el mismo, comunicaciones al corredor y tratamiento en caso de contrato de reaseguro. Y, por último, en la disposición adicional undécima se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para establecer los requisitos y principios básicos de los programas de formación de los mediadores de seguros y de las personas que participan en la mediación de los seguros y reaseguros.

Normativa analizada
Ley 26/2006, de 17 de julio, de la Jefatura del Estado, de mediación de seguros y reaseguros privados (B. O. del E., núm. 170, de 18 de julio, pág. 26959).

Sylvia Gil Conde
Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

Seguro Caução - Supremo Tribunal de Justiça (PT)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

Em 10/1/96, a "A" - Sociedade Portuguesa de Locação Financeira, S.A., intentou acção declarativa com processo sumário contra a B - Comércio de Automóveis, S.A., contra a Companhia de Seguros C, S.A., e contra D, pedindo a condenação solidária da 1ª Ré e do 3º Réu a devolver-lhe o veículo automóvel de marca Honda, modelo CRB e matrícula LX, objecto de contrato de locação financeira (nº30.829) celebrado em 20/10/92, e a das duas primeiras demandadas, a primeira com base nesse mesmo contrato, e a segunda com fundamento em contrato de seguro de caução directa em que as mesmas foram partes e de que a A. é beneficiária, a pagar-lhe, solidariamente, a quantia de 948.646$00 de rendas vencidas a partir de 10/8/94, no total de 500.784$00, e respectivo IVA, rendas vincendas, e juros de mora vencidos, acrescidos dos juros de mora vincendos, ou, subsidiariamente, 686.839$00 de rendas vencidas e respectivo IVA, indemnização contratual e juros de mora vencidos, acrescidos dos juros de mora vincendos.

Essa acção foi distribuída à 2ª Secção do 7º Juízo (depois Vara) Cível a comarca de Lisboa, e contestada pelas duas primeiras Rés.

A 1ª Ré, que litiga com benefício de apoio judiciário, excepcionou abuso de direito por parte da A., em vista de acordo entre ambas no sentido de accionamento, apenas, do seguro-caução em caso de incumprimento do contrato de locação financeira, e, com esse mesmo fundamento, enriquecimento sem causa.

Em reconvenção (1), pediu a condenação da A. a accionar o seguro-caução de que é beneficiária.

A Ré seguradora excepcionou, por sua vez, em síntese, configurar-se no contrato de locação financeira aludido fraude à lei, em vista, nomeadamente, do art.2º do DL 171/79, de 6/6, que determinava que " a locação financeira de coisas móveis respeita sempre a bens de equipamento", e a nulidade, nessa base, desse contrato, por força dos arts.280º e 281º C.Civ.

Em defesa por impugnação motivada (exceptio rei non sic sed aliter gestae), opôs, com igualmente desenvolvidos fundamentos, e invocação, nomeadamente, dos protocolos relativos a esse seguro, que o objecto do seguro-caução accionado eram as prestações a pagar pelo adquirente do veículo em regime de aluguer de longa duração ( ALD ).

Em reconvenção deduzida para a hipótese de procedência da acção, e fundada em inobservância, por parte da demandante, de obrigações consignadas nos artigos 10º e 14º das Condições Gerais da apólice do seguro arguido, nomeadamente, de participação oportuna do sinistro, e pelos prejuízos causados pela não resolução do contrato de locação financeira logo a seguir ao não pagamento das rendas pela 1ª Ré, permitindo que o veículo continuasse, apesar disso, a sofrer deterioração pelo uso e consentindo que aquela Ré se locupletasse com as rendas do ALD, a seguradora demandada pediu, por último, a condenação da demandante a pagar-lhe indemnização a liquidar em execução de sentença, equivalente, no mínimo, ao montante pelo qual viesse a responder por força da apólice.

Houve réplica.

Lavrado despacho unitário de saneamento e condensação, veio, após julgamento, a ser proferida em 5/1/2004 - isto é, perto de 8 anos depois de proposta a acção - sentença que julgou as reconvenções improcedentes, absolvendo a A. dos pedidos reconvencionais, e procedente e provada a acção, pelo que condenou a 1ª Ré e o 3º Réu a entregar à A. o veículo aludido e as 1ª e 2ª Rés a pagar à mesma o montante total de 686.839$00 acrescido dos juros que se vencerem sobre 569.664$ 00 desde 10/1/96 até integral pagamento, à taxa legal sucessivamente vigente.

Ambas essas Rés apelaram dessa decisão, a 1ª, sem êxito. O recurso da 2ª obteve provimento parcial.

Só a 1ª Ré - B - interpôs recurso de revista dessa decisão (ARL com data de 20/1/2005 e 32 páginas).

Nas 35 conclusões da alegação respectiva, - e nem vale a pena recordar a exigência de síntese expressa no nº1º do art.690º CPC -, a ora recorrente coloca, uma vez mais, as seguintes questões - cfr. arts.713º, nº2º, e 726º CPC:

a) - natureza e efeitos do seguro de caução directa;
b) - abuso de direito;
c) - enriquecimento sem causa.

Nem contra-alegação houve.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.

A matéria de facto a ter em atenção é a fixada pelas instâncias, para que se remete em obediência ao disposto nos arts.713º, nº6º, e 726º, CPC.

As questões ora uma vez mais sub judicio foram já exaustivamente tratadas, muitas e muitas vezes, neste Tribunal. Vai, por isso, tentar-se encurtar razões. Assim:

1ª questão: natureza e efeitos do seguro-caução:

No acórdão sob recurso discorre-se a este respeito, linearmente, assim:

Celebrado com o devedor da obrigação a garantir ou com o contragarante a favor do respectivo credor (art.9º, nº2º, do DL 183/88, de 24/5), o seguro-caução é um dos casos em que o contrato de seguro "( ... ) assume a feição típica dum contrato a favor de terceiro " (2).

Diversamente, o contrato de garantia autónoma é celebrado entre o garante e o credor do contrato base - não, ao contrário do que sucede no seguro-caução, o devedor nesse contrato - e o beneficiário da garantia é uma das partes no contrato de garantia e não um terceiro em relação a esse contrato.

A esta diferença estrutural acresce a de conteúdo, que determina que enquanto o contrato de garantia autónoma é um contrato unilateral, gratuito, e consensual, o de seguro-caução é bilateral ou sinalagmático, oneroso e formal, constituindo a sua redução a escrito formalidade ad substantiam.

O acórdão em recurso regista ainda outras diferenças no regime desses dois distintos contratos - cfr. respectivas pág.23 e 24 a fls.712 e 713 dos autos (3) .

Quanto, então, ao seguro-caução:

Por definição coberto por essa forma, em garantia deste tipo, o risco de incumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações em causa (art.6º, nº1º, do DL 183/88, de 24/5) (4), o sinistro consiste na frustração da expectativa de pagamento.

A natureza fidejussória e função normais do seguro-caução aproximam-no da fiança ( v. nº 2º do art. 623º C.Civ.) ; o que de imediato recorda o disposto nos arts. 641º e 644º C.Civ. (v. também art. 441º C.Com.).

O carácter indemnizatório da garantia tem, no entanto, conduzido a, contrariando o entendimento tradicional (5), sustentar a sua autonomia (6) . De todo o modo:

Para que o seguro-caução directa em referência nestes autos assumisse na realidade a natureza de garantia autónoma, automática, ou à primeira solicitação ou interpelação, que o acórdão sob recurso negou, mas a recorrente insiste em atribuir-lhe, seria necessário que isso mesmo decorresse do clausulado na apólice respectiva ; e é tal que não se mostra verificar-se efectivamente neste caso.

Designadamente, não se vê que realmente importem a efectiva estipulação de cláusula de pagamento à primeira solicitação os nºs 4º (referido à recusa injustificada de pagamento pelo tomador quando para tanto interpelado) e 5º (que diz constituído então o direito do beneficiário à indemnização pela seguradora, a satisfazer (7) no prazo de 45 dias a contar da data da reclamação) do artigo 11º das Condições Gerais da apólice.

Não se mostra, na verdade, assumido no título da garantia em questão, que é a apólice ajuizada, compromisso algum de pagamento à primeira interpelação (8).

Não há nela, prima facie, ao menos, qualquer declaração que comporte a proibição da invocação pela beneficiária das excepções, fundadas no contrato-base, que a garantida possa fazer valer.

Assim sendo, não bastaria a mera interpelação da garante para que esta se achasse obrigada a cumprir, só lhe sendo exigível que pagasse mediante comprovação de estarem efectivamente preenchidos os pressupostos da sua responsabilidade (no caso, a recusa injustificada de pagamento pela devedora). No entanto:

A al.b) do artigo 7º do protocolo celebrado entre as Rés B e C com data de 15/11/91, a fls.107 dos autos, reza assim:

"Com os documentos referidos na alínea anterior, a seguradora pagará, à primeira interpelação do beneficiário, o montante indemnizatório".

Uma vez admitida a interdependência do contrato de seguro e desse protocolo enquanto contrato-quadro de que constituiria aplicação, subsiste, em tal base, que, em caso, como o vertente, de lacuna ou silêncio do negócio subsequente sobre este ponto, seria, ao fim e ao cabo, de aplicar a cláusula correspondente do contrato-quadro, inicial, "dada a interrelação entre eles na prossecução do mesmo fim comum" (9) .

Atribuída aos contratos de seguro-caução directa celebrados pelas ora recorrentes a natureza de garantia autónoma ou à primeira solicitação (10), a Ré seguradora achar-se-ia obrigada a satisfazer de imediato o reclamado pela locadora financeira A., independentemente de averiguação sobre se tal era, ou não, efectivamente devido.

A seguradora obrigada, em tais termos, em garantia do cumprimento de indicadas obrigações, deveria satisfazê-las de imediato logo que a beneficiária o exigisse, não podendo opor-lhe objecções algumas.

Trata-se, neste entendimento, "de garantia documentária - a funcionar contra a entrega dos documentos elencados -, garantia não pura, portanto, mas, em todo o caso, uma garantia autónoma, paga à primeira solicitação" (11) .

Seguro, em qualquer caso, é que, só com o consentimento do credor se podem transmitir débitos - art. 595º C.Civ.

Por isso, quem se obriga a pagar é, em princípio, sempre devedor: mesmo que um terceiro garanta o cumprimento.

O contrato de seguro-caução de que a locadora financeira ora recorrida é beneficiária não determinou modificação subjectiva alguma da relação jurídica estabelecida entre ela e a locatária recorrente.

Não se está, de facto, perante seguro semelhante ao de responsabilidade civil automóvel, em que o segurado transfira para a seguradora a sua responsabilidade, respondendo esta directamente perante o lesado, sem, por via de regra, poder exercer o direito de regresso (v., neste caso, a cl. 14ª das Condições Gerais da apólice).

A função do seguro-caução é a de indemnizar quem na respectiva apólice figure como beneficiário, e não a de exonerar (liberar) o devedor inadimplente (12).

Fim ou função da prestação dessa garantia atribuir, em reforço da solvência do devedor, maior segurança ao crédito do beneficiário, não constitui instrumento de exclusão da responsabilidade daquele, tomador do seguro: a seguradora não se substitui - tão só se junta - ao devedor em falta.

Assim, a obrigação de indemnizar, por parte da C, por força do contrato de seguro-caução - garantia adicional exigida com vista a acautelar eventual falha da locatária no cumprimento das suas obrigações - não afasta a obrigação de pagamento da B, por força do contrato de locação financeira.

Como, por fim, bem se sabe, nas obrigações comerciais os co-obrigados são solidários (art. 100º C.Com .), com o efeito previsto no nº1º do art. 519º C.Civ.

2ª questão: abuso de direito:

Esta questão e a que se segue, foram suscitadas com base em acordo que não se provou (13), e de que, aliás, se não cuidara de precisar a data e lugar.

Destarte não sabido, sequer, quando, como e onde terá tido lugar um tal convénio, não ficou dele rasto ou traço que possa ter-se em consideração.

A excepção da proibição de conduta contraditória ínsita no art. 334º C.Civ. é agora fundada em expectativa assente no facto de ser do conhecimento da locadora financeira que o veículo aludido iria ser objecto de aluguer de longa duração.

Mas essa é, com evidência, base por demais insuficiente para justificar o estado de confiança objectivamente fundado que aquela proibição protege (14) ; tanto assim sendo que se houve por bem adiantar o falado acordo, afinal não provado.

3ª questão: enriquecimento sem causa

Relativa igualmente ao primeiro dos pedidos formulados contra esta recorrente, de devolução do veículo automóvel aludido, esta última questão desmerece, do mesmo modo, demorada contemplação.

Uma tal proposição briga, na verdade, frontalmente, com o estipulado nos arts. 15º, nº 1º, relativo ao termo do contrato, e 16º das Condições Gerais do contrato de locação financeira (v. fls. 13 e vº destes autos), este último, por sua vez, dispondo para o caso de resolução desse contrato (15) .

Como observado no acórdão recorrido, que cita assim, jurisprudência deste Tribunal, como decorre dos arts. 289º e 433º C.Civ. a restituição do veículo é, aliás, uma consequência natural da resolução desse contrato, tendo, pois, causa legalmente bem definida.

Nada tendo o art. 668º CPC que ver com eventual erro de julgamento, a invocação, na última das 35 conclusões da aliás extensa alegação desta recorrente (16) , sem apoio algum no texto dessa alegação, da previsão das als.b), c), d), e e) do seu nº1º releva, em final girândola, do puro despropósito.
Da já assim dita "saga da B", - que litiga com apoio judiciário -, e, ao que se tem lido noutros processos -, são cerca de 1.500 acções, a impor, porventura, outro foro, há, até, notícia no Diário da AR nº 41-Série B, de 3/5/2003, relativa a queixa apresentada na Assembleia da República à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias por uma Comissão dos muitos que em tal imbróglio se acham lesados.

Quousque tandem?

Estar-se-ia em crer ser já tempo de acabar-se com recursos deste jaez (17) para este Tribunal - em que se vai ao ponto de insistir em referência a documentos de que não foi admitida a junção por decisão com trânsito em julgado fundada no art.706º, nº1º, CPC - v. fls.826-12), ss, e fls.850- 155, ss.

Desnecessárias mais dilatadas considerações, alcança-se a decisão que segue:
Nega-se a revista.

Custas pela recorrente - sempre sem prejuízo do benefício de que goza nesse âmbito.

Lisboa, 22 de Setembro de 2005

Oliveira Barros

Salvador da Costa

Ferreira de Sousa

Contrato de Locação Financeira / Contrato de Seguro - Supremo Tribunal de Justiça (PT)

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

Processo: 05A1481

Relator: Fernandes Magalhães

Descritores: CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE SEGURO - INDEMNIZAÇÃO - CLÁUSULA - NULIDADE - CONTRATO - BOA-FÉ

"A", Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, S.A. intentou acção ordinária contra B pedindo a condenação deste a devolver-lhe o equipamento locado e a pagar-lhe 688.049$00 como indemnização por perdas e danos, e todos os valores que se viessem a vencer até efectiva restituição do mesmo, juros de mora, sem prejuízo de condenação em sanção pecuniária compulsória (art.º 829º-A n.º 4 C.C.), e ainda no montante das despesas que efectuar com a cobrança do seu crédito, a liquidar em execução de sentença.

O processo seguiu seus termos com contestação do Réu, e, após audiência de julgamento, foi proferida sentença a condenar o R. a devolver à Autora o equipamento locado, a pagar-lhe a quantia correspondente à indemnização por atraso na entrega do mesmo, isto é, uma prestação adicional igual à última renda vencida (688.049$00), juros à taxa de 17% desde 6/11/93 (5 dias após a resolução do contrato) e uma indemnização por perdas e danos no montante de 711.849$00 (20% da soma das rendas vencidas com o valor residual) e juros de mora à taxa de 17% desde 30/10/93.

Apelou o Réu de tal decisão sem êxito pelo que recorre agora de revista.

Formula nas suas alegações as seguintes conclusões:

A sentença de primeira instância e o acórdão recorrido violam a norma do artigo 11°, n.º 2 das condições particulares do contrato de locação financeira celebrado entre as partes.

Ora, de tal artigo resulta a imposição de uma obrigação acessória do contrato principal, a saber o dever de contratar. Ou seja, de subscrever uma apólice de seguro que cubra os danos próprios do equipamento locado.

Dever de contratar impende, de acordo com o espírito contrato e a letra da referida norma, sobre a entidade adora e não sobre o locatário, ora recorrente, que nas se obrigou a subscrever tal contrato de seguro.

O que é reforçado pelo facto da dita apólice de seguro configurar a existência de um verdadeiro contrato de ad são conforme referido.

Danos decorrentes da violação dessa obrigação de tratar (ao não ser efectuada apólice de seguro forme se estabelecia em tal contrato) terão de ser suportados por quem impendia tal obrigação.

Ao condenar o locatário aos pagamentos de indemnização por perdas e danos resultante do sinistro que deveria estar coberto pela apólice referida o tribunal violou as referidas normas do contrato de locação.

A cláusula indemnizatória prevista no artigo 16°, n° 3 é nula, por ofender os artigos 12° e 19° c) do D.L. N° 446/85, de 25 de Outubro.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
É a seguinte a matéria de facto provada:

1. Autora e réu são ambos comerciantes, tendo a autora como objecto a actividade de locação financeira mobiliária, nos termos do DL 171/79, de 6/6 e do DL 103/86, de 19/5;

2. No exercício das respectivas actividades mercantes, autora e ré, em 16/09/91, celebraram entre si o contrato de locação financeira mobiliária n.° 910095, vertido nos documentos de fls. 8 a 21, conforme cláusulas 1 a 19, cujo teor se dá por integralmente reproduzido. Assim:

- nos termos da cláusula 16.ª, o contrato poderá ser resolvido por iniciativa do locador, sem qualquer outra formalidade, 8 dias após a comunicação ao locatário por carta registada e com aviso de recepção, nos casos de o locatário não cumprir qualquer das obrigações emergentes das condições gerais ou particulares deste contrato, nomeadamente falta de pagamento de qualquer das rendas (n.° 1); em qualquer dos casos de resolução referidos no n.° 1, o locatário fica obrigado a:

a) restituir o equipamento ao locador em lugar indicado por este, correndo os encargos e riscos da operação de restituição, incluindo seguro, por conta do locatário;

b) pagar as rendas vencidas e não pagas e todos os encargos suportados pelo locador por força da resolução;

c) pagar, a título de perdas e danos sofridos pelo locador, uma importância igual a 20% da soma das rendas vincendas com o valor residual;

d) pagar juros de mora á taxa nominal do contrato, eventualmente indexada, nos termos do n.° 1 do art. 13.°, sobre os montantes referidos na alínea b) desde o vencimento das rendas e na alínea c) desde a resolução do contrato, em ambos os casos até à data do seu pagamento efectivo (n.° 3); e

- nos termos da cláusula 15, n.° 1, c), no termo do contrato, o locatário pode, mediante comunicação escrita, enviada ao locador 3 meses antes do seu termo, optar por devolver, imediatamente, por sua conta e risco, nas modalidades indicadas pelo locador, o equipamento como todos os acessórios, componentes, acréscimos efectuados pelo locatário, em bom estado de conservação e manutenção, sem desgaste superior correspondente à sua própria utilização, e com todos os documentos que o devam acompanhar. A restituição deverá ter lugar nos cinco dias seguintes ao termo do contrato, passados os quais o locatário deverá pagar ao locador uma prestação adicional igual à última renda vencida e salvo a obrigação de indemnizar o maior dano, sem prejuízo da faculdade que ao locador assiste de reivindicar a entrega do equipamento. Até à efectiva entrega do equipamento o locatário será o único responsável por todos danos ao ou pelo equipamento;

3. Nos termos do contrato, a autora deu em locação ao réu o semi-reboque de que é dona e legítima possuidora, marca Fruehauf, matrícula L-1109020, no valor global de 6.961.500$00 (34.723,82 €), conforme resulta das condições particulares do contrato de fls. 19 a 21, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, sendo o valor residual de 119.000$00 (593,57 €);

4. Em contrapartida, obrigou-se o réu a pagar à autora doze prestações iguais e sucessivas no valor, sem IVA, de 688.045$00 (3.431,95 €) cada, com vencimento trimestral, a começar em 16.09.91 e o valor residual de 119.000$00 (593.57 €), conforme resulta das condições particulares do aludido contrato, de fls. 19 a 21, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

5. Pagamentos esses que ficaram de ser efectuados através de transferência bancária a favor da autora por débito da conta do réu com o n.° .... do Banco de Comércio e Indústria, Agência de Oliveira de Azeméis;

6. O réu não pagou as rendas vencidas em 16/06/93 e 16/10/93;

7. Em 19/10/93, a autora enviou ao réu a carta junta aos autos - doc. 3 (fls. 22 e 23) - na qual lhe comunicava que devia proceder ao pagamento daquelas rendas e juros de mora, no montante de 1.627.580$00 (8.118,33 €), no prazo de oito dias, sob pena de, não o fazendo, se considerar como definitivamente incumprido o contrato em causa;

8. Mais comunicava a autora ao réu que, caso não fosse efectuado tal pagamento, o contrato ficaria resolvido com efeitos a partir do dia seguinte ao termo daquele prazo e que deveria restituir o equipamento locado nos cinco dias subsequentes;

9. Não obstante ter recebido a conta, o réu não procedeu ao pagamento das rendas e respectivos juros, naquele prazo ou posteriormente;

10. Na sequência da carta de 19/10/93, o réu não fez a entrega do equipamento;

11. O equipamento, desde Fevereiro de 93 até Maio de 97, esteve sem o réu lhe dar qualquer uso;

12. Foi o réu que se obrigou a segurar os bens locados, através de apólice que no mínimo os cobrisse contra os riscos fixados nas condições particulares, conforme cláusula 3.ª do documento de fls. 19 a 21, que se dá por integralmente reproduzido, e que diz:

- para efeitos do mencionado artigo 11.° das condições gerais do contrato de locação financeira, o equipamento locado encontra-se seguro com as seguintes coberturas: automóveis: danos próprios: choque, colisão e capotamento, roubo e quebra isolada de vidros;

responsabilidade civil: pagamento de indemnizações pelos prejuízos causados a terceiros em virtude de utilização do veículo locado;

capitais a segurar: danos próprios: 5.950.000$00;

responsabilidade civil: ilimitada;

13. A cláusula 11.ª das condições gerais do contrato de locação celebrado entre autora e ré, constante do documento de fls. 8 a 18, diz que:

- a partir do momento em que cessa a responsabilidade do fornecedor e o mais tardar a partir da data da entrega do equipamento e até à data do termo da locação e mesmo após esta, enquanto o equipamento se mantiver em seu poder, o locatário, na sua qualidade de fruidor e defensor da integridade do equipamento locado, é o único responsável pelo seu perecimento ou deterioração e pelos prejuízos causados pelo equipamento, qualquer que seja a sua causa. Se, apesar do disposto na lei e no contrato, o locador for chamado a indemnizar terceiros por qualquer dano emergente da utilização do equipamento, gozará de direito de regresso contra o locatário por todas as quantias despendidas - (n.° 1);

- o locatário, obriga-se em consequência a subscrever junto de uma companhia de seguros que mereça o acordo do locador, apólices de seguro que cubram, por um lado os danos do equipamento locado e por outro a sua responsabilidade civil perante terceiros, de conformidade com os riscos e capitais mencionados no art. 3.° das condições particulares - (n.° 2);

- as apólices devem mencionar expressamente que:

a) o equipamento é propriedade exclusiva do locador;

b) em caso de sinistro, a indemnização deverá ser paga directamente pela seguradora ao locador;

c) a seguradora renuncia a qualquer acção contra o locador;

d) a apólice não poderá ser alterada ou anulada sem o prévio acordo do locador - (n.° 3);

- o locatário obriga-se a entregar ao locador, antes do início do contrato, uma declaração comprovativa de que o seguro foi efectuado nas condições mencionadas nos artigo anteriores. No prazo de 10 dias após a entrega do equipamento, o locatário deverá igualmente entregar ao locador uma cópia da apólice, do recibo e dos respectivos adicionais - (n.° 4);

- o locatário obriga-se a manter em vigor as apólices durante todo o prazo do contrato de locação, a pagar os prémios e comprovar estas liquidações sempre que o locador o exija - (n.° 5);

14. O réu subscreveu, junto da Companhia de Seguros C, a apólice n.° 91059300, nos termos do art. 11.° das condições gerias do contrato de locação, com o acordo da autora, conforme documento de fls. 8 a 18, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

IV - As questões que, face ao quadro conclusivo da alegação do apelante, se suscitam, no presente recurso, resumem em saber:

- se a sentença recorrida enferma de nulidade, por omissão de pronúncia, nos ermos do art. 668.°, n.° 1, al. d), do C.P.C.;

- se, por força do disposto no art. 11 °, n.° 2, das condições gerais do contrato, se deve entender que era sobre o locador que recaía o ónus de celebrar o contrato de seguro e respectivas cláusulas; e

- se a cláusula indemnizatória prevista no art. 16.°, n.° 3, das condições gerais do contrato em apreço, é de considerar nula por ofender os arts. 12.° e 19.°, c), do Dec.-Lei n.° 6/85, de 25/10.»

Feita esta enumeração, e delimitado como está o objecto do recurso pelas conclusões das alegações do recorrente, começaremos por dizer que ele carece de razão.

Com efeito, desde logo se tem de salientar que não é exacta a afirmação do Réu no sentido de competir à Autora o ónus de celebrar o contrato de seguro em causa, e as respectivas cláusulas.

Na verdade, foi o Réu quem se obrigou a segurar o bem locado tendo para tanto subscrito, junto da Companhia de Seguros C, a apólice n.º 91059300, nos termos da cláusula 11 das condições gerais do contrato de locação financeira que celebrou com a Autora e de acordo com esta.

Assim, se conclui de já enunciada matéria de facto provada, o que significa, além do mais, que não se vislumbra qualquer responsabilidade da locadora quanto a eventuais lacunas de apólice de seguro e eventuais danos resultantes do sinistro que deveria estar coberto pela supra referida apólice.

Acrescenta o recorrente que a cláusula indemnizatória prevista no art.º 16 n.º 3 das condições gerais do dito contrato é nula por ofender os art.ºs 12º e 19 c) do D.L. 446/85 de 25/10.

Também aqui falha razão ao recorrente.

Como se destaca no Acórdão deste S.T.J. de 15/6/2000 (Revista 1752/00, 7ª Secção), ao decidir um caso idêntico, não há razões para considerar abusiva ou leonina o adicional de 20% sobre o somatório das rendas vencidas com valor o residual.

Tal cláusula penal não é desproporcionada em relação aos danos a ressarcir, não se alegando e provando, aliás, factos que revelem qualquer relevante desproporção.

Como nota final o dizer-se que a boa fé contratual é o procedimento leal e correcto para com a outra parte, designadamente no cumprimento de obrigações (art.º 762º C. Civil), e em que se deve atender não só à confiança das partes no sentido global das cláusulas que estabelecem processo de formação do contrato, seu teor e outros elementos atendíveis, como também ao objectivo que as partes visam atingir negocialmente à luz do tipo de contrato utilizado, o que tudo se traduz pela tutela da confiança e pela tutela da confiança e pela materialidade subjacente à questão em luta contra um estrito formalismo (v. Prof. Menezes Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, 2º vol., pág. 1234 e 1252).

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações, improcedem todas as conclusões das alegações do recorrente, sendo de manter o decidido no acórdão recorrido, que não violou quaisquer preceitos legais, "maxime" os referidos pelo recorrente.

Decisão:
1- Nega-se a revista.
2- Condena-se o recorrente nas custas.

Lisboa, 7 de Junho de 2005
Fernandes Magalhães /Azevedo Ramos /Silva Salazar

Cláusula contratual que autoriza rompimento unilateral de seguros de saúde pode ser anulada (Brasil)

Cláusulas contratuais que autorizam as seguradoras a romper, unilateralmente, contratos de seguro de saúde são passíveis de anulação. Esse entendimento levou a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a prover recurso interposto contra a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que havia reconhecido a legalidade da rescisão unilateral, feita pela Sul América Aetna Seguros e Previdência, de um contrato de seguro de saúde em grupo firmado com a empresa DNMS Factoring.

No recurso interposto no STJ, a DNMS alegou ser abusiva a cláusula do contrato firmado com a Sul América que permitia a rescisão do seguro de saúde sem sua concordância, mediante simples notificação prévia. A empresa argumentou que o ato da seguradora viola uma série de dispositivos legais, entre os quais a Lei nº 9.656/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, e o Código de Defesa do Consumidor.

No voto proferido no julgamento do caso, o relator do recurso, ministro Castro Filho, ressaltou que, para manter a confiança dos consumidores de planos e seguros de saúde e resguardá-los de abusos, a Lei nº 9.656/98 proíbe as empresas seguradoras de rescindir os contratos de maneira unilateral, com exceção dos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, por ano de contrato. O ministro ressaltou que, mesmo que esse dispositivo legal não existisse, a cláusula do contrato firmado entre a Sul América e a DMNS é "claramente nula porque fere o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que traz vantagem exagerada à seguradora em detrimento do segurado, além de ser contrária ao objetivo desse tipo de contrato que é exatamente o de proteger o contratado contra eventuais doenças. O relator cita, em seu voto, doutrina segundo a qual é obrigatória a renovação de contratos dessa natureza após seu vencimento. "Não assiste à operadora a simples recusa em continuar o contrato. Aliás, uma vez celebrado um primeiro contrato, nem mais caberia renovação, ou nem precisaria colocar nele um prazo de duração. Unicamente ao associado ou segurado reconhece-se o direito de continuar na contratação. (...) Um entendimento diferente pode levar as seguradoras a fixar prazos inferiores ao próprio período de carência, com a rescisão mesmo antes de o consumidor iniciar a usufruir de todos os benefícios."

Na decisão que proveu o recurso especial da DNMS, os ministros da Terceira Turma reconheceram a nulidade da cláusula que autorizava a rescisão unilateral. A votação favorável ao recurso foi unânime.

Processo: RESP 602397
Fonte: Luiz Gustavo Rabelo (Superior Tribunal de Justiça)