El nuevo proceso de reforma de la Legislación del Mercado de Valores

La legislación española del mercado de valores ha experimentado en los últimos meses diversas modificaciones y desarrollos, algunos de notable importancia.

I. Uno de estos desarrollos parciales de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ha sido introducido por el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y afecta a los títulos tercero y cuarto en relación con la admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, con las ofertas públicas de venta o suscripción y con el folleto exigible a tales efectos.
Esta materia ya fue objeto de modificación por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, que dio nueva redacción al régimen legal sobre las ofertas públicas y sobre la admisión a cotización en mercados secundarios oficiales de valores en España. Tal modificación respondía a la necesidad de transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. Esta norma comunitaria pretende homogeneizar, en los mercados de valores de la Unión Europea, las exigencias relativas al proceso de aprobación del folleto exigido para la admisión a cotización de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas públicas; fruto de lo cual podremos hablar de un verdadero pasaporte europeo del folleto, ya que el autorizado en uno de los Estados miembros será válido en el resto sin requisitos de información adicionales. Junto a este objetivo, el Real Decreto-ley 5/2005 aprovechó la ocasión para eliminar los requisitos que podían perjudicar la competitividad del sector financiero español.
El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, viene a completar la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva citada. Asimismo, incorpora los artículos vigentes de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre admisión de valores negociables a cotización oficial y de la información que ha de publicarse sobre dichos valores. Y también en este caso se acomete un objetivo mayor que el de la transposición, al pretender establecer un régimen de admisión a negociación y de ofertas públicas moderno, eficaz y eficiente que permita mantener y mejorar la competitividad de los mercados de valores españoles. Ello permitirá preservar la seguridad jurídica necesaria para garantizar la confianza de los inversores y de los operadores en los mercados financieros.
Como resultado de esta reforma, queda derogado el Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores, y casi todo el capítulo V del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por el Decreto 1506/1967, de 30 de junio.

II. En segundo término, hay que mencionar la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, en la que se acomete el desarrollo del artículo 27.4 de la Ley 24/1988.

Dicho precepto ya fue modificado por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, antes citado, en atención a los mismos objetivos arriba apuntados. Por obra de la Orden EHA/3537/2005, se da una nueva redacción del artículo 27 de la Ley para determinar los elementos esenciales del contenido del folleto: la información que el mismo debe contener, los requisitos referentes a la persona que ha de suscribirlo y la descripción del resumen del folleto. Y, en previsión de que en un futuro próximo sea necesario el desarrollo de esta regulación, se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para establecer el contenido de los distintos tipos y modelos de folletos, las excepciones a la obligación de incluir determinada información, los documentos que han de acompañar a los folletos y los supuestos en los que la información ha de incorporarse por referencia.

III. Para concluir esta exposición, me referiré al Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988 en materia de abuso de mercado.
Este Real Decreto tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la nueva normativa comunitaria en materia de abuso de mercado: la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado; norma fundamental en la que se definen todos los elementos integrantes del actual marco normativo del abuso de mercado en el ámbito europeo.
Es cierto que dicha regulación ya se incorporó a los artículos 81 a 83 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tras la modificación operada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. No obstante, el Real Decreto 1333/2005 completa la transposición de dicha directiva, así como la de aquellas normas comunitarias que la desarrollan y completan (la Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación de mercado; la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de intereses, y la Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, de prácticas de mercado aceptadas, la definición de información privilegiada para los instrumentos derivados sobre materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, la notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la notificación de las operaciones sospechosas).
En el capítulo primero de este Real Decreto se ofrece un concepto de información privilegiada y de manipulación de cotizaciones, se definen las pautas para determinar cuándo una determinada práctica puede constituir manipulación de cotizaciones, y se fija el procedimiento y los elementos a tener en cuenta para que el supervisor español pueda declarar aceptada una práctica, bien en los mercados en los que se negocien instrumentos financieros derivados, bien a los efectos de valorar la inexistencia de manipulación de mercado. El segundo capítulo regula las obligaciones de los emisores en materia de información relevante, y detalla los medios y plazos para su comunicación al organismo supervisor, la posibilidad de retrasar su comunicación bajo determinadas circunstancias y la obligación de que el emisor cree registros de todas las personas que tengan acceso a tal información. En el capítulo tercero se determinan las obligaciones que recaen sobre los administradores y directivos del emisor en cuanto a la comunicación al supervisor de las operaciones que efectúen sobre acciones y otros instrumentos financieros del emisor. Y en el capítulo cuarto se determinan las condiciones que han de cumplirse para la elaboración y presentación de recomendaciones de inversión, y para desvelar los posibles conflictos de interés que puedan afectar a quien elabore tal recomendación.

Normativa analizada:
- Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (BOE de 16 de noviembre de 2005).
- Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 16 de noviembre de 2005).
- Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado (BOE de 23 de noviembre de 2005).

Sylvia Gil Conde
Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

Desarrollo reglamentario de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva

Las Instituciones de Inversión Colectiva ya fueron objeto en España de una importante reforma legislativa gracias a la promulgación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre. Sin embargo, el desarrollo normativo de esta disposición legal data de fechas muy recientes; concretamente, la aprobación de su Reglamento es fruto del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
No debemos olvidar que la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, fue un importante hito en este sector, al derogar una normativa con casi veinte años de vigencia, la Ley 46/1984, de 26 de diciembre. Se acometía, finalmente, la modernización de este sector, dotándole de flexibilidad para que las estructuras de inversión colectiva puedan adaptarse a los cambios que demanda el mercado.
Pese al balance positivo que hizo el legislador de la Ley 46/1984, sin embargo se entendía precisa su reforma por diversas razones. Resultaba necesario establecer legalmente de forma clara, ordenada y completa los aspectos sustantivos del régimen jurídico de las Instituciones de Inversión Colectiva. Pero, además, la Ley 35/2003 fue el cauce para la transposición de las Directivas que completan la introducción de la inversión colectiva mobiliaria en el mercado único de servicios financieros –la Directiva 2001/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002, y la Directiva 2001/108/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002-. Y, tampoco debemos olvidar que en aquel momento era preciso establecer un régimen jurídico que satisficiera las necesidades del sector de inversión colectiva, basado en tres principios: la liberalización de la política de inversión, el reforzamiento de la protección a los inversores con nuevos instrumentos –con el fortalecimiento de las obligaciones de transparencia y de las normas de conducta-, y el perfeccionamiento del régimen de intervención administrativa –buscando la agilidad del procedimiento y la seguridad jurídica para los administrados-.
El Reglamento, que ahora se aprueba, introduce, además de ciertas concreciones respecto del régimen legal, las adaptaciones necesarias para completar la regulación de la tributación de las instituciones de inversión colectiva -tanto en el régimen de las propias instituciones como en lo relativo a la tributación de los partícipes o accionistas-. Fruto de lo anterior, es la modificación que incluye el Real Decreto 1309/2005 respecto del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión -para introducir mejoras en el procedimiento administrativo de autorización de modificaciones estatutarias-; y respecto del Reglamento de cooperativas de crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero -para adaptar su régimen a las normas internacionales de contabilidad-.
En el Reglamento también está presente el intento de flexibilizar el marco de actuación de las instituciones de inversión colectiva, como resulta de la adopción de una serie de medidas que pretenden evitar las restricciones o el establecimiento de obstáculos innecesarios a las posibilidades de inversión y de actuación de las instituciones de inversión colectiva españolas. En esta línea estaría la posibilidad de crear clases de participaciones o de series de acciones dentro de una misma institución; la regulación de las instituciones de inversión colectiva de inversión libre, la supresión de la obligación de que las acciones de las sociedades de inversión colectiva de carácter financiero deban negociarse en bolsas de valores, así como el establecimiento de métodos alternativos para otorgar liquidez a sus acciones. Asimismo, el principio de protección de los inversores constituye un elemento esencial, en la medida en que la inversión colectiva es un instrumento de captación del ahorro popular. En este marco se han concretado los deberes de diligencia y lealtad de las sociedades gestoras y el deber de vigilancia de la actuación de aquéllas por el depositario. Junto a ello, se somete a las sociedades gestoras, depositarios, comercializadores y sociedades de inversión al cumplimiento de un conjunto de normas de conducta con el objetivo de prevenir los conflictos de interés. Por otra parte, se atiende a la mejora del régimen de intervención administrativa mediante la concreción del régimen de creación y modificación de los compartimentos de las instituciones de inversión colectiva y con el establecimiento del régimen administrativo de intervención. Y, finalmente, en cuanto a la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/ CE, se concreta definitivamente la política de inversión de las instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, así como el régimen jurídico de las sociedades gestoras.
Por lo que atañe a su contenido, el título preliminar del Reglamento define el objeto de la norma, el concepto de institución de inversión colectiva y la forma y clases de instituciones. Y, para resolver ciertas dudas al respecto, se declaran expresamente incluidos en el ámbito del reglamento determinadas situaciones jurídicas como las cuentas en participación y las comunidades de bienes y derechos.
El título I regula la forma jurídica de las instituciones de inversión colectiva. En el capítulo I se establece el régimen de los fondos de inversión; en particular, se desarrolla la previsión legal de crear fondos de inversión por compartimentos, se establece el número mínimo de partícipes por fondo de inversión –será de 100, con la excepción de determinadas instituciones de naturaleza especial-, y se regulan las comisiones aplicables a los fondos de inversión. El capítulo II prevé los requisitos esenciales que han de cumplir las sociedades de inversión, como el número mínimo de accionistas -100 por sociedad, salvo en el caso de sociedades de inversión libre-, la distribución de costes, obligaciones y gastos entre los distintos compartimentos de una sociedad, y el sistema de organización de la administración, admitiéndose la delegación de la actividad de gestión de activos en determinadas entidades.
El título II establece las disposiciones comunes a todas las instituciones de inversión colectiva, en cuanto al régimen de autorización (creándose un procedimiento simplificado de autorización e inscripción en el correspondiente registro de la CNMV o, por ejemplo, desarrollando el ejercicio del derecho de separación de los partícipes de los fondos), a la comercialización transfronteriza a través de comercializadores extranjeros, y a las obligaciones de transparencia informativa para garantizar una adecuada protección de los inversores y el régimen de disolución y demás operaciones societarias (como el nuevo procedimiento para permitir la fusión entre sociedades y fondos de inversión de la misma clase).
El título III regula las clases de instituciones de inversión colectiva. El capítulo I se dedica a las disposiciones comunes a todas las instituciones de carácter financiero. Tales como la política de inversión (ahora pueden invertir un 10 por ciento de su activo en entidades de capital riesgo, en sociedades o fondos de inversión libre, entre otros), las reglas para la utilización de instrumentos derivados o de valores no cotizados y las normas para la diversificación del riesgo (como, p. ej., normas que permiten una mayor concentración de las inversiones en determinados activos para aquellas instituciones que reproduzcan o tomen como referencia, índices bursátiles o de renta fija)-, disposiciones especiales en las que se prevén instituciones de inversión colectiva sujetas a regímenes especiales -las que comercialicen en otros países de la Unión Europea haciendo uso del pasaporte comunitario, las de inversión libre que se dirigen a un tipo de inversor cualificado, los fondos de gestión alternativa), y las especialidades de los fondos -como los fondos de inversión cotizados, cuyas participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores- y de las sociedades de inversión de carácter financiero -desapareciendo la exigencia de que sus acciones coticen en bolsa de valores-.
El capítulo II del título II regula las instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero, más concretamente, las instituciones inmobiliarias, respecto de las que se introducen novedades en su política de inversión. El desarrollo de las demás instituciones de carácter no financiero queda pendiente de un futuro desarrollo.
El título IV establece el régimen de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. A este respecto, habría que destacar el establecimiento de un régimen especial para la delegación de funciones de las instituciones de inversión colectiva, la regulación detallada de los requisitos de recursos propios que han de cumplir estas sociedades y el régimen de organización administrativa. Se permite, además, que las mismas asuman la gestión, colectiva o individual, de carteras distintas a las de las instituciones de inversión colectiva. Y, en cuanto a las obligaciones que pesan sobre las mismas, además de incluirse un listado detallado de tales obligaciones, se les exige que informen sobre la política de ejercicio de los derechos de voto asociados
a las acciones que posean los fondos que gestionen.
El título V desarrolla la figura del depositario, prestando especial atención a sus funciones de depósito y administración de valores y de vigilancia y supervisión. Se pretende que el depositario adquiera un papel fundamental en la protección de los intereses de los inversores, así como en la supervisión de la actuación de la sociedad gestora o, en su caso, de los administradores de las sociedades de inversión.
El título VI establece las normas de conducta a las que han de sujetarse todos aquellos que intervienen en la actividad de estas instituciones -sociedades gestoras, depositarios, etc-; tales como las normas dirigidas a garantizar la transparencia y el control de las operaciones vinculadas, las que tienden a fortalecer la exigencia de separación entre sociedad gestora y depositario cuando ambas entidades pertenecen al mismo grupo, o aquéllas que pretenden garantizar la independencia en el ejercicio de sus respectivas funciones mediante la creación de una comisión independiente que controle su cumplimiento.

Normativa analizada:
- Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (BOE de 5 de noviembre de 2003).
- Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (BOE de 8 de noviembre de 2005).


Sylvia Gil Conde
Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid

Livranças - Supremo Tribunal de Justiça (PT)

Processo: 05A1086
N.º Convencional: JSTJ000
Relator: AZEVEDO RAMOS
Descritores: LIVRANÇA / LETRA EM BRANCO / PACTO DE PREENCHIMENTO / RELAÇÕES IMEDIATAS

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

Em 31-1-01, por apenso aos autos de execução ordinária em que é exequente Caixa A, e executados B e mulher, C, vieram estes deduzir os presentes embargos de executado contra a referida A, visando a extinção da execução.

Para tanto, alegaram, resumidamente, o seguinte:
Inexiste título executivo, uma vez que as livranças dadas à execução não são documentos que importem a constituição ou reconhecimento de obrigação pecuniária, por terem sido por eles assinadas e entregues em branco à exequente, que as preencheu em momento posterior, sem que existisse pacto de preenchimento.
Não é determinável o montante da obrigação exequenda em face dos documentos juntos como título executivo, dado ter havido pagamentos parciais.

Mesmo que se considere que existe título executivo, este não se harmoniza com o pedido formulado, porquanto é inferior à soma das importâncias das livranças em execução.
As livranças não são título executivo, visto que se destinam apenas a garantir os empréstimos concedidos pela exequente aos executados.
A dívida dos embargantes à embargada não decorre das livranças dadas à execução, mas de outros títulos.

Por decisão de fls 24 foram rejeitados os embargos da embargante mulher, com fundamento na sua extemporaneidade, e foram recebidos os embargos do embargante marido.

A embargada Caixa A contestou, concluindo pela improcedência dos embargos.

Realizado o julgamento e apurados os factos, foi proferida sentença que julgou os embargos improcedentes.

Apelou o embargante, mas sem êxito, pois a Relação de Coimbra, através do seu Acordão de 9-11-04, negou provimento à apelação e confirmou a sentença recorrida.

Continuando inconformado, o embargante recorreu de revista, alegando abundantemente e em cujas extensas conclusões suscita três questões:

1 - A sentença é nula, por falta de fundamentação, em virtude de não ter indicado, no mínimo, os princípios jurídicos em que se baseou.
2 - As livranças dadas à execução foram preenchidas abusivamente.
3 - As livranças exequendas carecem de força executiva.
4 - Por isso, o Acordão recorrido deve ser revogado e substituído por outro que julgue procedentes os embargos ou, se assim não for entendido, a sentença (e o Acordão) deve ser julgada nula, por falta de fundamentação.

A embargada contra-alegou em defesa do julgado.

Corridos os vistos, cumpre decidir:

A Relação considerou provados os factos seguintes:

1 - A exequente -embargada é possuidora de cinquenta e cinco livranças, sacadas por si e subscritas e assinadas pelo embargante e sua mulher C, todas com vencimento em 1-7-2000, que servem de título à execução, dando-se aqui por integralmente reproduzido o teor das livranças constantes de fls 13 a 67 dos autos de execução.

2 - A embargante, no âmbito do seu principal objecto de exercício de operações A a favor dos seus associados, e por proposta dos executados, ora embargante e sua mulher, concedeu-lhes vários financiamentos, entregando estes à embargada várias livranças para garantia desses financiamentos.

3 - O embargante e sua mulher assinaram e entregaram em branco, à embargada, as livranças referidas no anterior nº1.

4 - As livranças foram preenchidas pela embargada, apondo nelas o valor constante da respectiva proposta de crédito e a data do último acordo, relativo ao vencimento, antes de serem dadas à execução.

5 - As livranças dadas à execução respeitavam a financiamentos após formalização das propostas de crédito, financiamentos que tinham por base letras ou cheques pré-datados, entregues ao embargante por clientes seus, e que este entregava posteriormente à embargada.

6 - A cada uma das livranças referidas no nº1, conforme consta do rosto das mesmas, corresponde uma das propostas de crédito juntas de fls 29 a 83.

7 - As importâncias inscritas em cada uma das livranças correspondem ao montante utilizado nas respectivas propostas de crédito.

8 - As livranças foram preenchidas de acordo com as propostas de crédito e de acordo com aquilo que o embargante contratou com a embargada.

9 - A data do vencimento das livranças foi sucessivamente alterada por pedidos de prorrogação dos planos de pagamento, feitos pelo embargante à embargada e que esta autorizou.

10 - O embargante, alegando imensas dificuldades financeiras, para além do referido no nº9, solicitou ainda que o vencimento fosse todo na mesma data, o que a Direcção da embargada autorizou.

11 - Em 26-4-00, depois de ter tido uma reunião nas instalações da embargada, o embargante solicitou uma prorrogação do débito até 30-6-2000, que foi autorizado, tendo por isso a data do vencimento das livranças o dia 1-7-00, de acordo com o solicitado pelo embargante.

Vejamos, agora, cada uma das questões postas nas conclusões da revista:

1.

Nulidade da sentença, por falta de fundamentação:

A sentença é nula, quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão - art. 668, nº1, al. b) do C.P.C.
O recorrente entende que existe nulidade, por a sentença da 1ª instância não indicar as normas jurídicas em que se baseou, nem apontar, no mínimo, os princípios jurídicos em que se apoiou.
Esta questão já foi suscitada perante a Relação, que decidiu no sentido da inexistência da invocada nulidade.
E com razão.
Para que a sentença careça de fundamentação, "não basta que a justificação da decisão seja deficiente, incompleta, não convincente; é preciso que haja falta absoluta, embora esta se possa referir aos fundamentos de facto ou só aos fundamentos de direito (Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora Manual de Processo Civil, 2ª ed., pág. 687).
Relativamente aos fundamentos de direito, dois pontos importa salientar, como acrescentam os mesmos autores (obra e local citados):
"Por um lado, o julgador não tem que analisar todas as razões jurídicas que cada uma das partes invoque em abono das suas posições, embora lhe incumba resolver todas as questões suscitadas pelas partes; a fundamentação da sentença contenta-se com a indicação das razões jurídicas que servem de apoio à solução adoptada pelo julgador.
Por outro lado, não é indispensável, conquanto seja de toda a conveniência, que na sentença se especifiquem as disposições legais que fundamentam a decisão: essencial é que se mencionem os princípios, as regras, as normas em que a sentença se apoia ".
Alberto dos Reis ( Código do Processo Civil Anotado, Vol. V, pág. 140) também ensina:

"Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada.
O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita-a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade ".

Consequentemente, só ocorre nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando esta é absoluta, como também é entendimento pacífico da jurisprudência.
Ora, na sentença, enumeram-se os factos considerados provados, que suportam a decisão.
Na sua fundamentação jurídica, indicam-se os fundamentos dos embargos de que se impunha conhecer: inexistência de pacto de preenchimento; falta de força executiva das livranças, por se destinarem a garantir empréstimos concedidos pela embargada; proveniência das dívidas de outros títulos que não as livranças.

Todos esses fundamentos foram rejeitados: o primeiro, por se ter provado existir pacto de preenchimento; o segundo, com a argumentação de que o facto das livranças garantirem empréstimos não colide com a força executiva desses títulos de crédito;o terceiro, com a distinção que se deve estabelecer entre a obrigação cartular e a obrigação subjacente ou fundamental e a alusão à característica da abstracção das livranças, ou seja, ao regime cambiário de que a obrigação da livrança é independente da "causa debendi".

Embora não tenham sido expressamente indicados os preceitos legais que sustentam a decisão e a fundamentação jurídica da sentença não seja modelar, o certo é que estão nela indicados, ainda que de forma imprecisa, os princípios e as regras que sustentam a decisão proferida.
Assim, não obstante a fundamentação da sentença da 1ª instância se poder considerar ser incompleta , não se verifica falta absoluta de fundamentação,
De resto, a fundamentação foi melhorada e ampliada no Acordão recorrido.
Improcede, pois, a invocada nulidade.

2.

Preenchimento abusivo das livranças:

Também aqui falece razão ao recorrente.
Preceitua o art. 77 da Lei Uniforme sobre Letras e Livranças, que são aplicáveis às livranças as disposições relativas às letras em branco ( o art. 10º fala de letra incompleta ).
Por isso, é legalmente admissível a livrança em branco.
A livrança em branco pode definir-se como sendo aquela a que falta algum dos requisitos indicados no art. 75 da Lei Uniforme, mas que incorpora, pelo menos, uma assinatura que tenha sido feita com intenção de contrair uma obrigação cambiária (Abel Pereira Delgado, Lei Uniforme sobre letras e livranças, 7ª ed, págs. 78 e 79).
O preenchimento de uma livrança em branco, condição imprescindível para que possam verificar-se os efeitos normalmente resultantes das livranças, faz-se de harmonia com o chamado contrato de preenchimento.
O contrato de preenchimento é o acto pelo qual as partes ajustam os termos em que deverá definir-se a obrigação cambiária, tais como a fixação do seu montante, as condições relativas ao seu conteúdo, o tempo do vencimento, a sede do pagamento, a estipulação dos juros , etc.
Tal contrato pode ser expresso ou tácito.
Ora, resulta dos factos provados (designadamente, do que consta dos nºs 4, 8, 9, 10 e 11 do elenco desses mesmos factos provados), que houve contrato de preenchimento e que as livranças foram preenchidas em conformidade com o acordado nesse pacto, nomeadamente, quanto à respectiva data do vencimento de 1-7-00, que foi aposta em cada uma delas.
O contrato de preenchimento das livranças e os contratos de empréstimo, cujo pagamento as livranças se destinaram a garantir, são realidades diversas.
A prova do contrato de empréstimo não se confunde com a prova do contrato de preenchimento das livranças.
São contratos distintos, podendo a prova do contrato de preenchimento dos títulos ser feita por qualquer meio, incluindo a testemunhal.
Não pode, pois, o recorrente sindicar a validade do pacto de preenchimento e das respostas aos quesitos a que se reportam os nºs 4, 8, 9, 10 e 11 do elenco dos factos provados.
Face à factualidade apurada, constata-se que entre o embargante e a embargada se estabeleceram dois vínculos obrigacionais: um deles, o do embargante pagar o valor dos empréstimos concedidos pela embargada; e outro, o de pagar as livranças que aceitou, em conformidade com o respectivo acordo de preenchimento.
Cada um desses vínculos obrigacionais tem o seu regime próprio e só, quando pelo cumprimento de um deles, estiver satisfeito o interesse do credor, ficará extinto o outro ( Ac. S.T.J. de 21-1-69, Bol. 183-269).
Não se verificou, pois, o invocado preenchimento abusivo dos títulos.

3.

Força executiva das livranças:

As ajuizadas livranças são título executivo, nos termos do art. 46, al. c) do C.P.C., pelas razões já suficientemente enunciadas no Acordão recorrido, para que se remete, neste domínio, e que seria ocioso aqui repetir.
A circunstância das livranças terem sido subscritas pelo embargante para garantia de financiamentos concedidos pela embargada, não lhes retira força executiva.
Geralmente, quem assina uma letra ou uma livrança e assume a respectiva obrigação cambiária, fá-lo porque já está vinculado por efeito duma relação jurídica anterior.
Esta é a relação jurídica subjacente ou causal, também chamada contrato originário ou relação jurídica fundamental, que pode assumir várias figuras jurídicas, tais como: uma compra e venda, um contrato de mútuo, uma abertura de crédito ou um saldo de conta corrente.
No entanto, tudo se passa como se tal obrigação não existisse, ou seja, como se a obrigação cambiária fosse uma obrigação sem causa.
É que, para as letras e livranças, vigora um regime especial, que reflecte a preocupação de defender os interesses dos terceiros de boa fé, imposta pela necessidade de facilitar a circulação dos títulos de crédito (Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, Letra de Câmbio, vol. III, págs. 38 e segs, Abel Pereira Delgado, Obra citada, pág. 107).

Esta especialidade pode sintetizar-se nos seguinte princípios:
a) - incorporação da obrigação no título ( a obrigação e o título constituem uma unidade) ;
b) - literalidade da obrigação (a reconstituição da obrigação faz-se pela simples inspecção do título) ;
c) - abstracção da obrigação (a letra é independente da "causa debendi";
d) - Independência recíproca da vária obrigações incorporadas no título (a nulidade de uma das obrigações que a lei incorpora não se comunica às demais);
e) - autonomia do direito do portador (o portador é considerado credor originário).

Aqui e agora, importa sobremaneira frisar que a obrigação cambiária é uma obrigação abstracta e, portanto, independente de qualquer "causa debendi", válida por si e pelas estipulações expressas nas livranças, ficando o embargante vinculado ao pagamento dos seus respectivos montantes porque aceitou esses títulos, em conformidade com o pacto de preenchimento, apondo neles a sua assinatura.
Encontrando-se as livranças no domínio das relações imediatas, a exequente-embargada pode invocar, perante o executado-embargante, o acordo de preenchimento que fixou a dada do vencimento de todas as livranças em 1-7- 2000.
Termos em que negam a revista.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 3 de Maio de 2005
Azevedo Ramos
Silva Salazar
Ponce Leão

Transformações no âmbito dos Títulos de Crédito

A velocidade das transformações econômicas e sociais de nosso tempo criou um fenômeno jurídico muito interessante: transformações jurídicas constantes, a exigirdo jurista – profissional e/ou estudioso do Direito – uma constante atualização para os temas novos.

Entre nós, duas leis recentes fizeram grandes transformações no âmbito dos Títulos de Crédito. Primeiro, tivemos a Lei 10.931, de dezembro de 2004, que deu forma final às Cédulas de Crédito Bancário, com grandes alterações no que se refere à sua liquidez, certeza e exigibilidade, sua aplicação aos contratos de abertura de crédito em conta corrente, forma de determinação do seu valor, conseqüências da cobrança indevida, seu endosso, garantias e sobre o seu pagamento e inadimplemento.

Mudanças radicais para as quais muitos não estão atentos. Não foi só. A mesma lei sacudiu o mercado imobiliário, dando nova regulamentação a dois títulos importantes: a letra de crédito imobiliário e a cédula de crédito imobiliário. Diversas discussões relevantes surgem em torno à regulamentação dessas cártulas, cujo previsão teve por fim precípuo permitir a captação de valores no mercado financeiro para o financiamento de empreendimentos imobiliários. Assim, pode-se esperar para breve amplas discussões sobre os efeitos da emissão e da circulação desses títulos pelo mercado, mormente em face dos contratos de financiamento imobiliário aos quais estiverem lastreadas.

Como se não bastasse, ainda no final do ano passado foi editada a Lei 11.076/04, criando os títulos do agronegócio: certificado de depósito agropecuário e warrant agrário, certificado de direitos creditórios do agronegócio, letra de crédito do agronegócio e certificado de recebíveis do agronegócio. Entre todos esses, merece especial atenção o certificado de depósito agropecuário e warrant agrário, pois criam alterações fundamentais no regime de armazenamento, transferência e dação em garantia de produtos agropecuários depositados em armazéns gerais, com forte impacto sobre um regime que, até então, era regulado apenas por um decreto de 1903 (o Decreto 1.102).

Justamente por que tais normas não podem passar despercebidas da comunidade jurídica, tomei o cuidado de abordá-las longamente no volume 3 (segunda edição) da coleção “Direito Empresarial Brasileiro”, dedicado aos Títulos de Crédito. O texto é o início de um debate e espero que os colegas advogados, magistrados, promotores, professores e estudantes aproveitem a oportunidade para o diálogo, ao qual jamais me furto: mamede@pandectas.com.br

Necessidade de rescisão formal do contrato de representação comercial - Acórdão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais (BR)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO - EXTRAÇÃO DE DUPLICATAS – COMISSÃO DE REPRESENTANTE – RESCISÃO DA AVENÇA NÃO COMPROVADA – EXCLUSIVIDADE – EFETIVA INTERMEDIAÇÃO – PEDIDO DESACOLHIDO.

– Não comprovada a rescisão formal do contrato de representação, razão nenhuma assiste à parte em exigir a comprovação da efetiva intermediação do representante nas operações efetivadas em determinado período, uma vez que a avença contém cláusula de exclusividade, aplicando-se, pois, o previsto no art. 31 da Lei nº 4.886/65.

- Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 435.859-0, da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante (s): TBM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e Apelado (a) (os) (as): ENERGICON - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.,

ACORDA, em Turma, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Juiz ALBERTO VILAS BOAS (Relator) e dele participaram os Juízes ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA (Revisor) e ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE (Vogal).

O voto proferido pelo Juiz Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma Julgadora.

Produziu sustentação oral, pela apelada, o Dr. André Puppin Macedo.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2004.

JUIZ ALBERTO VILAS BOAS
Relator

V O T O

O SR. JUIZ ALBERTO VILAS BOAS:
Conheço do recurso.

Sustenta a apelante que os títulos de crédito, cuja anulação se postula, dizem respeito à cobrança de comissões pelo exercício de representação comercial, as quais "somente são devidas pela representada nos negócios onde o representante efetivamente tenha atuado como captador, nos exatos termos do art. 1º da Lei Federal nº 4.886/65."

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido inicial, na medida em que a demandada não comprovou a intermediação nos contratos celebrados com a Codevasf em abril de 2001 – meses após a rescisão do contrato de representação (f. 291/295).

Não lhe assiste razão.

Com efeito, na peça de ingresso, noticia a autora que o contrato de representação comercial havido entre as partes foi rescindido em 11.1.2001, razão pela qual não haveria:

"nenhum relacionamento, de qualquer espécie entre elas desde essa data" (f. 2).

Em abono à sua tese, colacionou o documento de f. 50, no qual se comunica à Energicon Ltda. a rescisão unilateral do contrato.

Por seu turno, a ré assevera que referido documento não foi por ela recebido, ao lado de afirmar que o contrato perdurou mesmo após a data retro citada (f. 70).

Por conseguinte, competiria à autora demonstrar, de forma adequada, que a rescisão contratual se aperfeiçoou, acostando aos autos elementos que comprovassem que sua decisão tivesse chegado ao conhecimento do representante – mesmo porque não se pode exigir da ré o ônus da prova negativa.

Todavia, não há, sequer, singelo indicativo de que a correspondência de f. 50 tenha sido, efetivamente, recebida pelo destinatário.

Outrossim e como ressaltado pelo sentenciante:

"considerando que a autora não negou o pagamento o pagamento da quantia de R$19.387,81, correspondente a soma das quantias de R$ 14.494,90, mais R$ 4.792,37, tudo de acordo com o comprovante de fls. 236, e, que tais valores correspondem as notas fiscais números 588 e 624 (fls. 227 e 229), datadas de 05/06/2001 a ultima e 18/12/2000 a primeira, é que se extrai o entendimento da não rescisão do contrato" (f. 287).

Assim, uma vez não comprovada a rescisão formal da avença, razão nenhuma assiste à parte em exigir a comprovação da efetiva intermediação do representante nos contratos efetivados após abril de 2.001, uma vez que o contrato de representação contém cláusula de exclusividade (f. 101 e 110), aplicando-se, pois, o previsto no art. 31, da Lei nº 4.886/65:

"Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros".

Dessarte, não há como se acolher a pretensão da parte, sendo legítima a extração das duplicatas pela requerida.

Nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante.

JUIZ ALBERTO VILAS BOAS

Endosso em Notas Promissórias Prescritas - Acórdão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais (BR)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS – ENDOSSO.

Sendo o endosso forma de transmissão de propriedade de título de crédito, ele somente pode ser concedido em títulos que conservam sua executividade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 434.683-2 da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante(s): MAURO LOPES MOREIRA e Apelado (a)(s): ANTÔNIO DA SILVA GODINHO,

ACORDA, em Turma, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Juiz JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES (Relator) e dele participaram os Juízes GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES (Revisor) e D. VIÇOSO RODRIGUES (Vogal).

O voto proferido pelo Juiz Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos demais componentes da Turma Julgadora.


Belo Horizonte, 02 de setembro de 2004.


JUIZ JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES
Relator
V O T O

O SR. JUIZ JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES:
Conheço do recurso, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo apelado em desfavor do apelante, afirmando que em virtude de endosso é portador de 10 notas promissórias de nº 21/30 no valor de R$3.900,00, cada uma, de emissão do apelante, que perderam a eficácia como títulos executivos extrajudiciais, pretendendo através do procedimento monitório que seja constituído título executivo judicial. Ilustra a prefacial com cópias das referidas cártulas.
Nos embargos o apelante não nega a emissão, afirmando que os títulos foram devidamente quitados conforme recibo de fls. 34, e destinavam ao pagamento das cotas adquiridas de Januário Teodoro de Souza, que se retirou da empresa NK Transportes Ltda.
Os embargos foram julgados improcedentes ao fundamento de que endossados os títulos de crédito se desvinculam do negócio que lhes deu origem, não tendo força de extinguir a obrigação a quitação que lhe foi passada pela empresa, não podendo o terceiro de boa-fé ser prejudicado como legítimo possuidor e a relação do apelante, com o apelado é cambial, daí porque a quitação passada por terceiro, mesmo que credor originário, não pode ser oposta ao endossatário e portador.
Os embargos declaratórios ofertados foram rejeitados.
Inconformado, o vencido apresentou recurso argumentando que os títulos foram emitidos em branco no lugar destinado ao favorecido ou credor, constando apenas seus respectivos valores em algarismo e por extenso e data do vencimento e se destinavam ao pagamento das cotas do sócio, Januário Teodoro de Souza que se retirou da empresa NK Transportes Ltda., os quais foram integralmente pagos, conforme recibo de fls. 34, com firmas reconhecidas na mesma ocasião, e somente não foram devolvidos porque, segundo alegação de Paulo Roberto Ramalho, sócio majoritário da empresa, estavam extraviados. Logo, tanto o endossante como o endossatário, ora apelante, estão agindo de má-fé.
Ao atento exame dos autos verifica-se que o endossante, Paulo Roberto de Carvalho, era sócio de Januário Teodoro de Souza na empresa NK Transportes Ltda. cujo capital era dividido em 30.000 cotas no valor de R$1,00 cada uma, ostentando cada sócio a titularidade de 50% delas (5a alteração contratual fls.28/30) e com a retirada do sócio, Januário Teodoro de Souza em 02 de junho de 1.997 suas cotas foram adquiridas pelos novos sócios admitidos Luiz Sérgio da Costa e Silva com 4.500 cotas; Mauro Lopes Moreira com o mesmo número; Rodrigo Tacchi Ramalho (filho de Paulo Roberto Ramalho, sócio que permaneceu com 50% das cotas e endossante das promissórias), também com 4.500 cotas e Dora de Lima com 1.500 cotas, todos eles como sócios gerentes, prevento ainda na cláusula 6a do documento citado que "a administração da sociedade será exercida por todos os sócios, que poderão assinar pela sociedade, sempre em conjunto de dois, sendo-lhe contudo vedado o uso da denominação social em negócios alheios a sociedade tais como: avais, fianças, endossos e outros tipos de favores não atinentes a sociedade" o que leva a concluir que as notas promissórias foram emitidas tendo a empresa como favorecida destinadas a integralização do capital social pelos novos sócios admitidos, constando delas somente o valor devido (por algarismo e extenso) e data de vencimento, estando em branco o campo destinado ao nome do favorecido ou credor, cujos pagamentos seriam feitos através da retenção pela empresa da retirada pro-lobore dos mencionados sócios.
Tentando explicar a existência de débito de Paulo Roberto Ramalho, endossante dos títulos, cunhado do apelado (documento de fls.180) como forma de justificar a transferência dos títulos através do endosso, afirma o apelado em seu depoimento de fls 78 que o endossante, Paulo Roberto Ramalho (seu cunhado) lhe devia 50 mil dólares em decorrência de empréstimo que lhe foi concedido em 1.986, sem qualquer comprovante por escrito e que deveria ser pago na medida de tempo e disponibilidade do devedor, construindo uma história fantasiosa, desprovida de qualquer veracidade, porque agride o bom senso, não sendo crível que alguém que possui 50 mil dólares os empresta para o próprio cunhado sem exigir qualquer documento, sem data certa para pagamento e depois vem a juízo litigar com os benefícios da assistência judiciária, declarando-se pobre no sentido legal.
Por outro lado, declara o embargado que recebeu os títulos há quatro ou cinco anos passados não se podendo admitir que os conservou em seu poder durante todo este tempo e não exercendo seu direito antes que ocorresse a prescrição, para uma pessoa que se diz pobre no sentido legal, para depois ajuizar ação monitória, o que leva a conclusão de que, quando as promissórias foram endossadas já estavam prescritas e nunca saíram do poder do endossante porque o próprio endossatário e apelado afirma:
"que Paulo Roberto Ramalho ficou de recebê-los e repassá-los ao declarante."
Sendo o endosso meio pelo qual se transfere a propriedade de um título de crédito (art. 8 c/c art. 56 do Decreto nº 2.044/08) ele assim como o aval somente pode ser prestado ou lançado em documento que constitui título de crédito com os requisitos da liquidez, certeza, não servindo para transferir documento que perdeu a eficácia como título executivo.
No caso vertente, dadas as particularidades dos autos, o conjunto probatório nele produzido reforça o convencimento íntimo de que a transmissão de títulos foi efetuada depois de ocorrida a prescrição e estavam em poder do endossante que em conjunto com seu filho, Rodrigo, eram os encarregados do movimento financeiro da empresa (fls.136) e somente não os devolveu ao emitente e apelante quando dos respectivos pagamentos alegando que tinham sido extraviados ou queimados por Rodrigo quando fez uma limpeza na empresa.
O recibo de fls. 34 tem plena validade como prova do pagamento efetuado. Primeiro, por ter mencionado os números dos títulos liquidados 21 a 30; segundo, a quantidade de promissórias pagas (10); terceiro, a menção de que a devolução dos títulos não se deu porque estavam extraviados, estando eles assinados por dois sócios da empresa, preenchendo assim os requisitos da cláusula 6a do contrato social o que é reforçado pelos depoimentos de fls. 97 e 98.
Registre-se, somente como ilustração, que o apelado ajuizou ações monitórias contra Luiz Sérgio da Costa e Silva, alinhando os mesmos fatos com sustentação nas promissórias de nº 11 a 20, também prescritas que lhe foram transferidas por Paulo Roberto Ramalho, cujos embargos foram julgados procedentes (decisão de primeira instância fls. 151/157), o mesmo fazendo em relação à Dora Lima, cujos embargos também foram julgados procedentes (fls. 62/63).
Como já assentado, tais títulos emitidos e quitados tinham por finalidade integralizar o capital social da empresa que é a verdadeira credora e não podia o sócio endossante, Paulo Roberto Ramalho ter lançado mão dele e aproveitando-se de que o nome do favorecido estava em branco, ali inserir seu próprio nome, criando condições para um endosso em favor de seu próprio cunhado.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente o pedido inicial e procedentes os embargos. Condeno o apelado, autor e embargado ao pagamento das custas judiciais e honorários de advogado de 20% sobre o valor da inicial devidamente corrigido desde seu ajuizamento, suspendendo no entanto a execução das verbas sucumbenciais enquanto perdurar o estado de miserabilidade do vencido ou ocorrer a prescrição no prazo de cinco anos, registrando que não houve recurso contra a decisão que concedeu a assistência judiciária.