"Cautelas no novo Código"

"Uma adequada e equilibrada relação entre as sociedades comerciais e os investidores é vital para o mercado de capitais.
A competência e a independência na tomada das decisões de administração, a transparência na gestão, o adequado controlo interno e externo, o alinhamento de interesses entre sociedade/administração e seus accionistas (e 'stakeholders' em geral) são os valores e interesses, nem sempre coincidentes, a defender e preservar.
Neste sentido, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários colocou recentemente em consulta pública o Anteprojecto de Código de Governo das Sociedades, na senda de regulamentações propostas por governos e supervisores europeus e pelas instâncias comunitárias.
É, no entanto, necessária a adequação das medidas a implementar no mercado português, quer em função da sua dimensão, quer em função do esforço económico exigido para acompanhar tais medidas, quer, finalmente, em função das suas características e especificidades intrínsecas.
Não se pode esquecer que a integração num mercado global de capitais (ainda mais do que europeu) determina a adopção de padrões de exigência idênticos, designadamente para as empresas cujos valores sejam negociados em qualquer mercado.
O recurso ao mercado de capitais para a captação ou aplicação de recursos deve ocorrer num enquadramento legal, regulamentar e prático, de neutralidade em que apenas os veículos de investimento - no caso, as empresas - relevam. As diferentes jurisdições de sede das referidas empresas ou de negociação dos valores mobiliários - e respectivas regulamentações - não devem ser determinantes para a opção de captação ou aplicação de recursos.
Esse objectivo só se atinge com um elevado grau de exigência no que se refere, também, ao governo das sociedades, em geral, e não apenas às cotadas. Idealmente, o mais elevado padrão seria aplicável a todas as sociedades (designadamente, de capital aberto) e esse deve ser o objectivo a alcançar.
A realidade, por seu turno, sugere cautela, isto é, uma evolução paulativa no sentido deste objectivo, em que as próprias empresas possam optar, de acordo com critérios de natureza económica, pelos padrões mínimo ou máximo de regras de governo. Tendencialmente, pelo acesso diversificado e exponencial a recursos através do mercado de capitais e pela inerente redução dos custos de financiamento, a conclusão económica óbvia será: maior qualidade de governo das sociedades cria melhores condições de captação de recursos. Para os investidores: maior qualidade de governo das sociedades implica menor risco de investimento.
Um maior investimento no cumprimento das (boas) regras de governo das sociedades é recompensado pelo retorno decorrente das melhores condições de negociação com os diferentes 'stakeholders': detentores de capitais próprios, alheios, fornecedores, trabalhadores e clientes. Mas tal só ocorrerá se as referidas regras forem adequadas à realidade das empresas." (Miguel Pereira e Rita Maltez, Advogados, in Expresso - Economia, 18/08/2007)

Régimen legal de las sociedades profesionales en España

Las sociedades profesionales en España han sido objeto de reciente regulación por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo, cuya entrada en vigor se producirá a los tres meses a contar desde dicha publicación.

Como claramente se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de esta norma, la evolución de las actividades profesionales se ha caracterizado por la sustitución de la actuación aislada del profesional por una labor de equipo. La creciente complejidad de estas actividades, así como las ventajas que se derivan de la especialización y división del trabajo, han dado lugar a una creciente difusión de organizaciones colectivas que actúan en el ámbito de los servicios profesionales, de estructura cada vez más compleja. De hecho, en la actualidad, hay una acusada tendencia a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por medio de sociedades.

En este marco, la Ley de Sociedades Profesionales posibilita la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, la sociedad profesional, cuyo objeto social exclusivo es el ejercicio en común de una actividad profesional, que podrá desarrollar bien directamente, bien a través de la participación en otras sociedades profesionales. Tal es así, porque socios profesionales pueden serlo tanto las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de esa actividad profesional, como las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos colegios profesionales.

A estos efectos, se entiende por actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. Y, por lo que respecta al ejercicio en común de dicha actividad, éste tendrá lugar cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

La pretensión del legislador es dotar de certidumbre jurídica a las relaciones jurídico-societarias que tienen lugar en el ámbito profesional, pero sin olvidar el establecimiento de un adecuado régimen de responsabilidad a favor de los usuarios de tales servicios profesionales. Es por ello que el legislador la define como una norma de garantías: garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales y garantía para los clientes que ven ampliada la esfera de sujetos responsables.

Se consagra, por tanto, la posibilidad de constituir sociedades externas para el desarrollo de actividades profesionales, a las que se imputaría dicho ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social. Quedarían fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades de medios -creadas para compartir infraestructura y distribuir sus costes-, las sociedades de comunicación de ganancias y las sociedades de intermediación -que sirven de comunicación entre el cliente y el profesional persona física que desarrolla materialmente la actividad profesional vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.)-.

Por lo que respecta a su estructura, podrán adoptar cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes; de ahí que se apliquen supletoriamente las normas correspondientes a la forma social adoptada. Este principio de libertad organizativa presenta, no obstante, ciertas limitaciones atinentes al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la presente Ley, cuya inobservancia es causa de disolución. Una de estas limitaciones se refiere a la necesidad de que el control de la sociedad corresponda a los socios profesionales, exigiendo mayorías cualificadas en los elementos patrimoniales y personales de la sociedad, incluidos sus órganos de administración. Y, así, las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, o las tres cuartas partes del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales. También habrán de ser socios profesionales las tres cuartas partes de los miembros de los órganos de administración, en su caso, de las sociedades profesionales. Y, si el órgano de administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán de ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional.

El contrato de sociedad profesional deberá formalizarse en escritura pública, que deberán recoger las menciones y cumplirá los requisitos contemplados en la normativa que regule la forma social adoptada y, en todo caso, expresará la identificación de los otorgantes, el Colegio Profesional, la actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social, así como la identificación de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas.

Se somete a las sociedades profesionales a un régimen de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil, incluso cuando se trate de sociedades civiles. También se inscribirán en el Registro de Sociedades Profesionales de los Colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto, quedando sometida a las competencias de aquél que corresponda según la actividad que desempeñe en cada caso. Para facilitar el cumplimiento de este último requisito, el Registrador Mercantil comunicará de oficio al Registro de Sociedades Profesionales la práctica de las inscripciones. También se crea, con efectos puramente informativos, un portal de Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, pudiendo las Comunidades Autónomas también establecer otro portal respecto de su ámbito territorial.

La sociedad profesional podrá tener una denominación objetiva o subjetiva, figurando junto a la indicación de la forma social de que se trate, la expresión «profesional» de forma desarrollada o abreviada. De optarse por una denominación subjetiva, ésta se formará con el nombre de todos, de varios o de alguno de los socios profesionales. Es por esta causa que las personas que hubiesen perdido la condición de socio y sus herederos podrán exigir la supresión de su nombre de la denominación social, salvo pacto en contrario; o podrán revocar en cualquier momento el consentimiento dado previamente para su mantenimiento. Ahora bien, aunque se mantenga en la denominación social su nombre, esto no implicará, en su caso, su responsabilidad personal por las deudas contraídas con posterioridad a la fecha en que haya causado baja en la sociedad.

Por lo que respecta al desarrollo de la actividad profesional, la sociedad profesional y los profesionales que actúan en su seno ejercerán dicha actividad de conformidad con el régimen deontológico y disciplinario propio de la correspondiente actividad profesional. Por tal motivo, las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la sociedad y a los restantes socios profesionales, salvo exclusión del socio inhabilitado.

En relación con la participación en beneficios y pérdidas, el contrato social determinará el régimen de participación o, el sistema con arreglo al cual deba determinarse en cada ejercicio. A falta de disposición contractual, los beneficios –y, en su caso, las pérdidas- se distribuirán en proporción a la participación de cada socio en el capital social. Tales sistemas podrán basarse en o modularse en función de la contribución efectuada por cada socio a la buena marcha de la sociedad, indicándose en tal caso los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

Por lo que atañe a la responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profesionales, de las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio, mientras que la responsabilidad de los socios se determinará conforme a las reglas de la forma social adoptada. Pero en garantía de terceros se ha establecido que de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan. Este régimen de responsabilidad se extiende en la disposición adicional segunda a todos aquellos supuestos en que se produce el ejercicio por un colectivo de la actividad profesional, se amparen o no en formas societarias, siempre que sea utilizada una denominación común o colectiva.

Si la sociedad profesional adoptase una forma social que implique limitación de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, el artículo 17 de la Ley establece ciertas limitaciones. Y así, por ejemplo, en el caso de sociedades por acciones, éstas deberán ser nominativas. Los socios no gozarán del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital que sirvan de cauce a la promoción profesional, salvo pacto en contrario. La reducción del capital social podrá tener como finalidad la de ajustar la carrera profesional de los socios según lo previsto en el contrato social. Y las acciones y participaciones correspondientes a los socios profesionales llevarán aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias relativas al ejercicio de la actividad profesional que constituya el objeto social.

En materia de transmisión, dispone la presente Ley que la condición de socio profesional es intransmisible, salvo consentimiento de todos los socios profesionales. No obstante, podrá establecerse en el contrato social que la transmisión pueda ser autorizada por la mayoría de dichos socios. El régimen de transmisión mortis causa se someterá a lo dispuesto en el contrato social, y fuera de él siempre que medie el consentimiento expreso de todos los socios profesionales, podrá pactarse que la mayoría de éstos, en caso de muerte de un socio profesional, puedan acordar que las participaciones del mismo no se transmitan a sus sucesores –abonándoseles la cuota de liquidación que corresponda-. Esta misma regla se aplicará en los supuestos de transmisión forzosa entre vivos.

Tratándose de sociedades constituidas por tiempo indefinido, los socios profesionales podrán separarse de la sociedad, pero tal derecho de separación habrá de ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena fe, siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad. Pero, si la sociedad se ha constituido por tiempo determinado, la separación sólo será posible en los supuestos previstos en la legislación mercantil para la forma societaria de que se trate, en los previstos en el contrato social o cuando concurra justa causa.

Por lo que respecta a la exclusión de socios profesionales, será posible, además de por las causas previstas en el contrato social, cuando infrinja gravemente sus deberes para con la sociedad o los deontológicos, perturbe su buen funcionamiento o sufra una incapacidad permanente para el ejercicio de la actividad profesional. Y deberá ser excluido cuando haya sido inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional, sin perjuicio de su posible continuación en la sociedad con el carácter de socio no profesional si así lo prevé el contrato social. No obstante, la pérdida de la condición de socio o la separación, cualquiera que sea su causa, no liberará al socio profesional de la responsabilidad que pudiera serle exigible.

La cuota de liquidación que corresponda al socio profesional separado o excluido, así como en los casos de transmisión mortis causa y forzosa se determinará conforme a los criterios de valoración o cálculo establecidos en el contrato social. Dichas participaciones serán amortizadas, aunque podrá procederse a su adquisición por otros socios, por la propia sociedad o por un tercero, siempre que ello resulte admisible de conformidad con las normas legales o contractuales aplicables a la sociedad, o bien exista consentimiento expreso de todos los socios profesionales.

Normativa aplicable: Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo

Bibliografía: Campíns Vargas, A., La sociedad profesional, Civitas, 2000.

SYLVIA GIL CONDE
Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid

La implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

En el marco de la regulación legal de las sociedades anónimas y cooperativas europeas en España, tiene especial interés el examen de una norma de reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las mismas.
Es por todos bien sabido que, en el ámbito comunitario, el logro de un tipo societario de dimensión europea ha sido el resultado, tras más de treinta años de deliberaciones, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). No obstante, el fomento de los objetivos sociales de la Comunidad Europea hacían necesarias determinadas disposiciones encaminadas a garantizar que el establecimiento de las sociedades europeas viniera acompañado de normas sobre la implicación de los trabajadores en ellas; y a este fin responde la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a dicha implicación.
Con estas dos normas se cierra un largo y complejo proceso en el que es cita obligada el proyecto de 5.ª directiva relativa a la estructura de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de sus órganos; el proyecto de directiva sobre los procedimientos de información y consulta de los trabajadores de 1980 -conocida como Directiva «Vredeling»-; la decisión de la Comisión Europea, entre los años 1989 y 1991, de separar la regulación jurídica del estatuto de la sociedad anónima europea mediante reglamento, de la relativa a la implicación de los trabajadores mediante directiva –lo que dotó de mayor libertad de acción de los Estados miembros para configurar los modelos de representación y participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las sociedades-; la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria –con la que ya se ensayaron fórmulas de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos transnacionales-; así como el trabajo realizado por un grupo de expertos -grupo «Davignon»-, que sugirió una organización basada prioritariamente en la negociación colectiva y articulada sobre un principio de conservación de los derechos adquiridos antes de la constitución de la sociedad europea, mediante sistemas de participación de los trabajadores en la gestión.
En el marco descrito, la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea ha de ser entendida como la información, la consulta y la participación y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa. Tomando como punto de partida el acuerdo entre las partes, la Directiva 2001/86/CE reconoce los derechos de información y consulta, así como el derecho de participación de los trabajadores en los órganos sociales de la sociedad anónima europea cuando existiera participación previa en las sociedades participantes en su constitución –así sucede en Alemania, en Austria y en los países nórdicos-. Y, en el caso de falta de acuerdo, prevé disposiciones subsidiarias de aplicación obligatoria en lo relativo a los derechos de información y consulta y, en circunstancias tasadas, también a los derechos de participación. Hay que destacar, especialmente, la importancia del acuerdo entre los órganos competentes de las sociedades participantes y la comisión negociadora integrada por representantes de los trabajadores, como forma prioritaria de determinar las normas que han de regir la información, la consulta y la participación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
La Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, en cuya virtud se traspone la Directiva 2001/86/CE, está en consonancia con la configuración constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaciones empresariales y a los sindicatos a la categoría de bases institucionales del sistema (art. 7 CE), y reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37 CE). Por otra parte, y atendiendo a razones de economía legislativa, se ha incluido en esta Ley una disposición adicional atinente a la regulación de la sociedad cooperativa europea, en cuya virtud se traspone la Directiva 2003/72/CE, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Después de todo dicha Directiva responde en su estructura y contenido a los de la Directiva 2001/86/CE, salvo en sus artículos 8 y 9 que contemplan peculiaridades de la sociedad cooperativa europea.
La Ley se estructura en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales. El título preliminar fija el objeto de la norma y las definiciones a los efectos del resto del articulado. El título I, sobre «Disposiciones aplicables a las sociedades europeas con domicilio en España», consta de tres capítulos. El capítulo I regula el procedimiento de negociación que permitirá hacer efectivos los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Europea, y desarrolla todo lo relativo a la constitución y funcionamiento de la comisión negociadora; desarrollo y duración de las negociaciones; contenido del acuerdo y normas supletorias, en defecto de pacto, así como la vigencia, prórroga, denuncia y renegociación del acuerdo. El capítulo II recoge las disposiciones subsidiarias en materia de implicación de los trabajadores en las Sociedades Europeas, y en el capítulo III se regulan otras materias comunes a los otros capítulos -tales como la forma de cálculo del número de trabajadores (art. 21), la confidencialidad de la información (art. 22) o la protección de los representantes de los trabajadores (art. 23)-. El título II está dedicado a la regulación de las disposiciones aplicables a los centros de trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades anónimas europeas con domicilio en cualquier otro Estado miembro. Y, finalmente, el título III regula los procedimientos judiciales aplicables, la potestad jurisdiccional, la competencia, la legitimación de las partes, y contempla el derecho de las partes a acudir a procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.
En relación con las sociedades anónimas y cooperativas europeas, hemos de tener presente lo dispuesto en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las mismas.
Es por todos bien sabido que, en el ámbito comunitario, el logro de un tipo societario de dimensión europea ha sido el resultado, tras más de treinta años de deliberaciones, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). No obstante, el fomento de los objetivos sociales de la Comunidad Europea hacían necesarias determinadas disposiciones encaminadas a garantizar que el establecimiento de las sociedades europeas viniera acompañado de normas sobre la implicación de los trabajadores en ellas; y a este fin responde la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a dicha implicación.
Con estas dos normas se cierra un largo y complejo proceso en el que es cita obligada el proyecto de 5.ª directiva relativa a la estructura de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de sus órganos; el proyecto de directiva sobre los procedimientos de información y consulta de los trabajadores de 1980 -conocida como Directiva «Vredeling»-; la decisión de la Comisión Europea, entre los años 1989 y 1991, de separar la regulación jurídica del estatuto de la sociedad anónima europea mediante reglamento, de la relativa a la implicación de los trabajadores mediante directiva –lo que dotó de mayor libertad de acción de los Estados miembros para configurar los modelos de representación y participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las sociedades-; la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria –con la que ya se ensayaron fórmulas de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos transnacionales-; así como el trabajo realizado por un grupo de expertos -grupo «Davignon»-, que sugirió una organización basada prioritariamente en la negociación colectiva y articulada sobre un principio de conservación de los derechos adquiridos antes de la constitución de la sociedad europea, mediante sistemas de participación de los trabajadores en la gestión.
En el marco descrito, la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea ha de ser entendida como la información, la consulta y la participación y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa. Tomando como punto de partida el acuerdo entre las partes, la Directiva 2001/86/CE reconoce los derechos de información y consulta, así como el derecho de participación de los trabajadores en los órganos sociales de la sociedad anónima europea cuando existiera participación previa en las sociedades participantes en su constitución –así sucede en Alemania, en Austria y en los países nórdicos-. Y, en el caso de falta de acuerdo, prevé disposiciones subsidiarias de aplicación obligatoria en lo relativo a los derechos de información y consulta y, en determinadas circunstancias tasadas, también a los derechos de participación. Hay que destacar, especialmente, la importancia del acuerdo entre los órganos competentes de las sociedades participantes y la comisión negociadora integrada por representantes de los trabajadores, como forma prioritaria de determinar las normas que han de regir la información, la consulta y la participación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
La Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, en cuya virtud se traspone la Directiva 2001/86/CE, está en consonancia con la configuración constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaciones empresariales y a los sindicatos a la categoría de bases institucionales del sistema (artículo 7 de la Constitución Española), y reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos (artículo 37 de la Constitución Española). Por otra parte, y atendiendo a razones de economía legislativa, se ha incluido en esta Ley una disposición adicional atinente a la regulación de la sociedad cooperativa europea, en cuya virtud se traspone la Directiva 2003/72/CE, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Después de todo dicha Directiva responde en su estructura y contenido a los de la Directiva 2001/86/CE, salvo en sus artículos 8 y 9 que contemplan peculiaridades de la sociedad cooperativa europea.
La Ley se estructura en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales. El título preliminar fija el objeto de la norma y las definiciones a los efectos del resto del articulado. El título I, «Disposiciones aplicables a las sociedades europeas con domicilio en España», consta de tres capítulos. El capítulo I regula el procedimiento de negociación que permitirá hacer efectivos los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Europea, y desarrolla todo lo relativo a la constitución y funcionamiento de la comisión negociadora; desarrollo y duración de las negociaciones; contenido del acuerdo y normas supletorias, en defecto de pacto, y la vigencia, prórroga, denuncia y renegociación del acuerdo. El capítulo II recoge las disposiciones subsidiarias en materia de implicación de los trabajadores en las Sociedades Europeas, y en el capítulo III se regulan otras materias comunes a los otros capítulos -tales como la forma de cálculo del número de trabajadores (art. 21), la confidencialidad de la información (art. 22) o la protección de los representantes de los trabajadores (art. 23)-. El título II está dedicado a la regulación de las disposiciones aplicables a los centros de trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades anónimas europeas con domicilio en cualquier otro Estado miembro. Y, finalmente, el título III regula los procedimientos judiciales aplicables, la potestad jurisdiccional, la competencia, la legitimación de las partes, así como contempla el derecho de las partes a acudir a procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.

Sylvia Gil Conde

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

Administradores viram alvo dos acionistas minoritários

Os administradores de sociedades anônimas e limitadas, além de correrem o risco de se responsabilizar com o seu patrimônio pelas ações trabalhistas e tributárias da empresa, estão sendo cada vez mais cogitados para responder na Justiça pelos seus atos na administração desde a entrada em vigor do Novo Código Civil (NCC). Como reflexo disso, a seguradora líder de mercado, Lockton do Brasil, por exemplo, vendeu no ano passado 40% mais apólices de seguros de Responsabilidade Civil do Administrador e Diretores (D&O) do que em 2005. Segundo a corretora Bianca Filgueiras, a previsão é de que o número de venda deste tipo de apólices cresça entre 20% e 30% este ano no Brasil. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de apólices para proteger o administrador representou um total de prêmios de cerca de R$ 90 milhões em 2006.
Além disso, destaca o diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) Manoel Ignácio Torres Monteiro, advogado do Felsberg Advogados, o número de consultas sobre o tema cresceu 100% a cada ano desde 2003, o que deve, em breve, refletir-se no número de ações de responsabilidade do administrador por conta das novas condutas assumidas pelas empresas. “Nos últimos anos, participei de alguns casos em que houve a decisão de não processar o administrador por medo de que houvesse lavagem de roupa suja. Hoje, como as empresas têm uma gestão mais transparente e já não praticam atos considerados censuráveis, o medo não existe mais”, explica Monteiro, ressaltando que, dessa forma, os embates judiciais devem aumentar e se tornarem mais comuns.
Ele cita o recente caso do Banestado, em que os administradores estão sendo punidos criminalmente. Segundo as notícias sobre o caso, o juiz da 3ª Vara Criminal de Curitiba condenou no início desta semana os ex-diretores da Banestado Leasing, que pertencia ao extinto Banestado, Luiz Antônio Eugenio de Lima e José Edson Carneiro de Souza a oito anos e onze meses de prisão e pagamento de multa pela prática de crimes de corrupção passiva e gestão temerária.
Para evitar que os administradores tenham futuras dores de cabeça com relação ao campo societário, Monteiro recomenda que o administrador obtenha respaldo para as decisões que podem trazer risco para a empresa. “Se houver dúvidas com relação a como proceder, o administrador deve levar o tema para o conhecimento dos acionistas com a intenção de obter uma autorização expressa para o ato.”

Forma de pressão
Segundo Zanon de Paula Barros, sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados Associados, em muitos dos casos os minoritários alegam que vão resolver a questão na Justiça para pressionar a saída do administrador. Apesar disso, ele diz que o escritório está cuidando do caso de uma empresa de médio porte de São Paulo em que o conflito foi parar na Justiça há cerca de um ano, depois que os minoritários processaram o administrador por mau uso da gestão.
Para o advogado Marcello Klug, do Albino Advogados Associados, tem havido uma mudança de mentalidade sobre o conceito de governança corporativa no Brasil . “Os minoritários estão percebendo que existem instrumentos na própria Lei das Sociedades Anônimas, de 1976, que eles não usavam, como o caso da possibilidade de acionar o administrador para defender melhor seus interesses econômicos.”
Marcello Klug conta, entretanto, que tenta evitar que os casos terminem na Justiça. Segundo ele, quando há esse tipo de consulta no escritório, os clientes são orientados a negociar com o administrador. “Uma ação na Justiça contra o administrador pode prejudicar a economia da empresa e comprometer os negócios no caso de empresas com ações na bolsa de valores”, explica.

Código Civil
O novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, trouxe ainda mais responsabilidade para a figura do administrador, dando mais força à Lei das Sociedades Anônimas. Com a norma, os administradores que priorizarem seus interesses pessoais podem ser enquadrados no artigo 156 da antiga lei de 1976, que proíbe o administrador de intervir em operações em que tenha interesse conflitante com o da companhia. Nesse caso, ele deve informar a empresa do seu impedimento e fazer com que este conste na ata da reunião da empresa , segundo a lei das SA.

Nuevo Regimen Societario

Argentina - Cuenta regresiva para la entrada en vigencia del "código" de la IGJ

A partir del próximo 21 de febrero regirá la RG 7/05, que armoniza los criterios del organismo sobre sociedades off shore, sociedades de cómodo e infracapitalización.

De esa manera, la IGJ reorganizó su sistema normativo que por más de 25 años permaneció disperso.A cinco días de la entrada en vigencia, luego de que la IGJ, a través de la resolución general 1/06, publicada el pasado martes, dejara en claro que regirá a partir del 21 de febrero próximo y no el 26 del actual, tal como lo había considerado, advirtiendo que se había incurrido en un error material en el cálculo, el nuevo "código societario" establece, entre sus principales normas, las siguientes disposiciones:

Aportes irrevocables

Antes del próximo 21 de febrero, las empresas que acordaron con el socio aportante postergar la decisión de capitalizarlos o devolverlos deberán definir su destino. Caso contrario, el aporte se tendrá por "no capitalizable". La resolución 7/05 dispone que la aprobación del socio debió realizarse en forma expresa y por escrito. Distinto es el caso de los aportes recibidos antes de la resolución 25/04. Así, la resolución 1/05 dispuso la prórroga por 180 días para decidir el tratamiento de los aportes irrevocables. Este plazo concluyó el pasado 7 de agosto. Por lo que para el caso en que no se hayan capitalizado, los aportes debieron "salir" de la cuenta Capital del Patrimonio Neto y se constituirse en un pasivo de la sociedad.

Notificaciones electrónicas

Establece la posibilidad de que la IGJ realice comunicaciones -en días y horarios administrativos- por medios electrónicos. Así, ahora el organismo, en sus facultades de fiscalización, podrán efectuar notificaciones al número de fax o dirección de correo electrónico de la sociedades inscriptas, sean éstas nacionales o extranjeras que deseen inscribirse en el país acorde al artículo 118 de la ley 19.550. Asimismo, fija (a través de la resolución general 10/05, que complementa el llamado "código") que sólo algunas providencias -vistas o traslados, ordenen medidas instructorias y probatorias, intimaciones o apercibimientos, entre otras- cuando no tengan carácter definitivo y en los casos en los cuales la notificación no requiera que se adjunten copias de documentación.

Sociedades de cómodo

Afirma que el organismo no inscribirá sociedades cuando su número de socios sea meramente formal o nominal. Para ello, evaluará el aporte inicial y si el mismo reviste relevancia económica suficiente para conformar un efectivo sustrato plurilateral.

Infracapitalización

La IGJ ratifica su criterio, de manera que exigirá un monto como capital social original superior a la fijada en el acto constitutivo, si advierte que el mismo resulta manifiestamente inadecuado.

Garantía de administradores

Impone que el plazo de indisponibilidad de esa garantía no deberá ser inferior a tres años contados desde que el director o gerente cesó en sus funciones, a fin de resguardar los intereses de los terceros contratantes con la sociedad.

Variaciones de capital

Expresa criterios que deben seguir tanto las sociedades anónimas como las de responsabilidad limitada a partir de los cuales serán improcedentes las llamadas "operaciones acordeón", a través de las cuales se reducen a cero el capital social por pérdida total y su simultáneo aumento.

Registro de inhabilitados por quiebra

Se crea, por medios informáticos, un libro índice alfabético de personas inhabilitadas por quiebra, de acuerdo a las comunicaciones que se efectúen desde los juzgados comerciales.

Sociedades extranjeras

Se implementan todos los requisitos de fondo y forma establecidos para este tipo de entidades que pretendan actuar en el país, unificando y clarificando criterios sobre la constitución y adecuación de estatutos o cancelación de inscripciones.

Contabilidad

La resolución 7/05 exige como condición necesaria para que se considere regularmente llevada una contabilidad informática la expedición de un certificado por la IGJ en base a un informe contable anual del que surja la concordancia entre el sistema autorizado y el concretamente utilizado; un informe técnico bianual sobre la obsolescencia del sistema y la posibilidad de exigir la volcatura a papel.

Asociaciones civiles y fundaciones

Fija la exigencia de la autorización e inscripción de asociaciones civiles, fundaciones y las simples asociaciones consagradas por el artículo 46 del Código Civil, como requisito necesario para funcionar. Asimismo, dispone que la IGJ fiscalizará el funcionamiento "en forma permanente" y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos a aprobación previa.

Actos registrables de sociedades participadas

Dispone la obligación de que en los acuerdos sujetos a inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedades locales participadas por sociedades del exterior, éstas deben intervenir hallándose inscriptas a los fines del artículo 123 o 118, tercer párrafo, de la ley 19.550 y estando debidamente cumplida la presentación requerida por los artículos 206, apartado I, inciso 1) o 220 y hacerlo, asimismo, por intermedio de su representante inscripto o por apoderado.

Vinculación con asociaciones civiles extranjeras

Establece que si de una sociedad surge vinculación con entidad o entidades constituidas en el extranjero, que reúnan a criterio de la IGJ caracteres análogos a los de las asociaciones civiles, federaciones, confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones reguladas por el derecho argentino, deberá acreditarse la existencia y vigencia de la entidad constituida en el extranjero, acompañando copia de sus instrumentos de constitución, reformas y constancias de autorización y/o registro, según corresponda.

Texto Completo Fuente: InfobaeProfesional

Sociedades Off Shore

Marco normativo, alguno de los puntos mas relevantes en materia de sociedades off shore:

La IGJ intensifica el control sobre las sociedades off shore. Con su nuevo marco legal La IGJ ofrece mayor certidumbre . Pidió la disolución judicial de una SA local cuyas controlantes eran SAFI uruguayas que no se inscribieron en el país. Entienden que se trataba de una simulación La Inspección General de Justicia (IGJ) parece resuelta a no soltarles las riendas a las sociedades off shore. Esta vez, mediante una resolución particular, del 9 enero del 2006, en el caso “Biasider”, pidió la nulidad de la inscripción de una Sociedad Anónima local que tenía como accionistas a sociedades off shore uruguayas que no cumplieron con la obligación de inscribirse en el país, tal como lo dispone el artículo 123 de la ley de sociedades, n° 19.550. Lo novedoso del caso es que esas sociedades eran titulares del 99,999% del paquete accionario de la sociedad argentina. No obstante, nunca cumplieron con el requisito de inscribirse. "La IGJ llegó a la conclusión de que la falta de inscripción implicaba una presunción de simulación". En octubre del 2003 entró en vigencia la controvertida Resolución General 7/2003 que dispuso que la IGJ no inscribiría los instrumentos correspondientes a asambleas o reuniones de socios en las que hubieren participado, ejerciendo el derecho de voto, sociedades constituidas en el extranjero no inscriptas a los fines del art. 123 de la ley 19.550, cualquiera haya sido la cuantía de dicha participación, siempre que los votos emitidos, por sí o en concurrencia con los de otros participantes, hayan sido determinantes para la formación de la voluntad social.Sin embargo, las SAFI uruguayas hicieron caso omiso y no se presentaron a regularizar su situación. Dicha omisión fue entendida por la IGJ como una presunción adversa y entendió que se trataba de sociedades simuladas. En ese sentido sostuvo que "la titularidad del 99 por ciento de las acciones de una sociedad local y el lapso ininterrumpido en que se verificó tal omisión, no puede sino acarrear presunción adversa a la legitimidad del accionar de las sociedades extranjeras en las sucesivas adquisiciones accionarias, llevando incluso a presumir que han carecido de real condición de socias del ente societario nacional, toda vez que, en un orden normal de conductas esperables, ellas habrían debido ser las principales interesadas en cumplir con la ley".A esta presunción sobre el carácter simulado de dichas sociedades le sumó otros indicios, como:la inexistencia de sede social, establecimiento o haciendael funcionamiento de las asambleas o reuniones de directorio en el domicilio real de su controlantelas discrepancias entre los libros sociales sobre las verdaderas titularidades accionarias en la sociedad filial. (Fuente: Infobae)
Caso "Biasider SA Nissen: "Valerse de una off shore para hacer negocios es insensato"El ex titular de la IGJ aseguró que la reciente resolución particular del organismo en "Biasider" implica una nueva vuelta de tuerca en el control sobre sociedades fantasmas...

La resolución general de la Inspección General de Justicia 12/05 , dictada por el Dr. Hugo E. Rossi libera de algunos de los requisitos impuestos a las sociedades que son verdaderamente extranjeras. Su propósito es acertado ya que busca facilitar algunos trámites mientras sostiene a la vez los mismos objetivos del ex inspector, Ricardo A. Nissen.La resolución facilita los medios de prueba a aquellas sociedades que realmente mantienen su actividad fuera del país, manteniendo los controles a aquellas sociedades de argentinos que simulan hacerlo. Para ello se admiten elementos probatorios como publicidades comerciales, páginas web y otros.
La idea de la nueva resolución 12/05 es hacer que la renombrada resolución 7/03 no perjudique con mayores trámites cuando es innecesario.La resolución 7/03 dictada por el ex inspector Ricardo Nissen, apuntó justamente a aquellas sociedades off shore nacionales constituidas por argentinos en el exterior para actuar en la argentina y evadir la ley nacional, afirmo el Dr. Molinari.

Mediante la resolución 7/05 de la IGJ se llenó un vacío legal, en materia de entidades extranjeras se trato de asegurar que solo se registren reales sucursales con casa matriz. La intención de la Inspección General con la RG 7/05 ha sido la de recopilar todas las normas de este organismo en un solo cuerpo legal. En este nuevo ordenamiento, que cuenta con 464 artículos, los interesados en la materia encontrarán todas las normas dictadas por la Inspección General de Justicia, desde su misma creación, pero que se mantienen vigentes, en materia de nombre social, domicilio, objeto, capital social e infracapitalización, sociedades de profesionales, confirmación de asambleas, asociaciones civiles y fundaciones, procedimientos, denuncias, y además, plasmadas muchas de las soluciones previstas por este organismo en determinadas resoluciones particulares, como aquellas en donde se resolvió la no inscripción de poderes generales de administración y disposición de todos los bienes sociales en favor de terceros; la inadmisibilidad de la autoconvocatoria por la asamblea de accionistas; la posibilidad de labrar acta de lo sucedido en órganos sociales colegiados en escritura pública, en determinados supuestos; la necesidad de que sea una persona física el representante en la Argentina de las sociedades constituidas en el extranjero, etc.Las nuevas normas plasmadas en la 7/05 vienen a dar respuesta a una gran cantidad de realidades. En ese sentido, la posibilidad de que entidades civiles radicadas en el extranjero pretenden actuar en la Argentina o el tratamiento sobre cámaras, federaciones y confederaciones están contempladas en el nuevo ordenamiento.Nissen (ex inspector de la IGJ) expreso: Mayor control desde la IGJ “Para separar la paja del trigo debimos dictar muchas resoluciones para evitar y frustrar la desviación de este tipo de entidades que muchas veces se constituían al solo efecto de obtener subsidios del Estado o aprovechar ventajas impositivas”.

Cuadro Sinoptico:
Diferentes formas de asociarse para quien desea realizar actividades comerciales en la Argentina

Nota: La información contenida en este sitio no tiene por objeto el asesoramiento jurídico, para lo cual debe consultarse a un abogado. Su autor no garantiza, ni se responsabiliza por el contenido de este nota.

"'É preciso fiscalizar mais'"

"Não chegaram a 100. São 99 as recomendações que o Instituto Português de Corporate Governance apresenta no Livro Branco.
EXPRESSO - As empresas portuguesas são bem governadas?
ARTUR SANTOS SILVA - A nossa avaliação é bastante positiva. Houve uma grande evolução nos últimos cinco anos. Não estamos muito longe das boas práticas das principais empresas cotadas na Europa Continental.
EXP. - Onde se pode melhorar?
A.S.S. - Os administradores não-executivos devem ter mais intervenção no que diz respeito à supervisão, fiscalização e avaliação dos executivos. É desejável que o CA tenha executivos e não-executivos e que estes sejam em maior número. Dentro dos não-executivos tem de haver representantes dos accionistas, mas também independentes. A grande questão é o controlo dos executivos.
EXP. - Como pode ser feito esse controlo?
A.S.S. - Os não-executivos devem escolher os executivos, avaliá-los e todos os anos decidir a sua remuneração. Defendemos que para as empresas de maior dimensão sejam criadas comissões específicas.
EXP. - Quais?
A.S.S. - Dede logo, a de auditoria, que já existe na generalidade das empresas, mas também uma comissão de nomeações, avaliações e remunerações, que reporta ao CA. A AG é que deve definir o montante global limite de remuneração em cada mandato, definindo a percentagem dos lucros que irá para remunerações variáveis. Já para os não-executivos, a remuneração deve ser fixa e contida, de forma a não pôr em causa a sua independência. O que recomendamos é que a fixação das remunerações dos executivos, que hoje é conduzida por uma comissão eleita em AG, passe a ser responsabilidade dos não-executivos. Recomendamos também que seja criada uma comissão de Governo das Sociedades, para avaliar se o sistema é adequado e está a ser bem implementado. Por outro lado, somos contra as comissões de estratégia e de investimento na medida em que a estratégia deve ser definida pela totalidade do CA, tal como as decisões que envolvam riscos significativos para a empresa.
EXP. - É importante que essas comissões tenham independentes?
A.S.S. - Sim, reflectindo a geografia accionista.
EXP: - Os interesses dos minoritários são devidamente defendidos?
A.S.S. - É em função da avaliação que se faz de cada empresa que se pode verificar se esses interesses são defendidos. É fundamental dizer no relatório quais são os administradores independentes e porquê. Isto é, se são independentes dos grandes accionistas, dos administradores executivos e de grandes fornecedores e credores. Se há uma componente muito forte de minoritários, é importante que isso esteja reflectido nos administradores não-executivos. O papel dos institucionais, enquanto accionistas minoritários - seguros, fundos de investimento e pensões - é muito importante. Deviam ter um papel mais activo nas AG, exigindo que as regras que entendem como correctas sejam consagradas. As AG são muito passivas.
EXP. - Os administradores executivos podem ser considerados independentes?
A.S.S. - Os executivos são gestores e são eles que têm de ser avaliados e fiscalizados. Esta matéria da independência só se coloca em relação aos não-executivos. A conclusão a que se chegou no Livro Branco é a de que um terço dos não-executivos são independentes. O que se pede é que, se são independentes, digam lá porquê. Não quisemos apresentar uma definição de independente.
EXP: - E a nível da divulgação das remunerações de cada administrador?
A.S.S. - Defendemos que o relatório anual contenha informação sobre a remuneração atribuída a cada administrador executivo. A informação mínima deveria ser a do presidente e vice-presidente da Comissão Executiva, tal como a do presidente do CA, assim como a do conjunto dos restantes administradores executivos com a indicação do intervalo de remuneração individual.
EXP. - Em todas as empresas do grupo?
A.S.S. - Não só as do grupo mas também nas que são controladas por accionistas de referência.
EXP. - O BCP tem um modelo que não se enquadra nos três previstos no Código das Sociedades Comerciais e a EDP poderá vir a adoptar um idêntico. Que comentário faz?
A.S.S. - Nesses casos haverá que explicar porque é que os modelos são diferentes e depois é o mercado que terá de avaliar essas soluções. O que achamos desejável é que os modelos possam encaixar nos que forem consagrados na lei. Se determinada empresa seguir uma solução diferente, deverá explicar porque é que o fez. Não resisto a dizer que sendo o Estado o maior accionista da EDP, sendo legislador, e tendo consagrado na lei determinados modelos, seria bom que a empresa seguisse um desses modelos." (Isabel Vicente e Pedro Lima - Espresso/Economia, 04/02/2006)

"Escândalo Enron na barra"

"De mãos dadas com a mulher, Kenneth Lay, de 63 anos, fundador da Enron caminhou esta semana em direcção ao tribunal federal norte-americano, na cidade de Houston. Os passos traqnquilos do gestor entravam não só na sala de audiências mas também na história. A falência da Enron passou a fazer parte das páginas de antologia da economia pelo estardalhaço que o gigante americano do sector energético provocou há cinco anos.
Mr. Lay e Jeff Skilling, 52 anos, o outro executivo de topo da Enron, negam as acusações de fraude e conspiração associadas à falência da então sétima maior companhia norte-americana. Mas os gestores terão de ser convincentes. É que as ondas de choque causadas pelo escândalo Enron foram de tal alcance que acabaram por desencadear as reformas na legislação de governo das sociedades, imprimindo uma maior exigência de transparência por parte das administrações.
A maior consequência deste falhanço empresarial foi a aprovação em 2002 da Lei de Sarbanes Oxley, que estabeleceu critérios mais apertados de controlo da contabilidade das empresas, responsabilizando pessoalmente os CEI e os financeiros das empresas. Toda uma linha de conduta acabou por ser seguida em vários países, extravasando as fronteiras dos Estados Unidos.
Um dos advogados a acompanhar o processo da Enron, Jacob Zamansky, disse, citado pelo 'Financial Times', que este julgamento será uma espécie de 'Super Bowl dos julgamentos de casos empresariais', fazendo uma analogia com o mediático campeonato de basebol.
Mais importante, contudo, é a afirmação do jurista quanto às consequências deste julgamento: 'Em termos de combate futuro à fraude económica, é determinante que o Governo vença'. No total, 16 gestores da Enron enfrentam acusações. Só Ken Lay terá de se explicar sobre sete acusações de fraude e conspiração e ainda alegações de que o gestor terá mentido sobre a situação da companhia, que acabou por conduzir à sua falência em Dezembro de 2001.
Já Jeff Skilling mereceu 35 acusações de fraude, utilização de informação privilegiada, conspiração e de falsas declarações aos auditores. Caso não consigam convencer os jurados da sua inocência, estes homens poderão merecer prisão perpétua.
No currículo, Ken Lay ostenta os títulos de amigo de George W. Bush e grande contribuinte de movimentos de caridade. Já Skilling ficou conhecido pelo seu intenso ritomo de trabalho." (Christiana Martins - Espresso/Economia, 04/02/2006)

"Livro Branco da governação contra privilégios do Estado"

"O Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal recomenda que o Estado actue como accionista privado nas empresas em que tem participações, revelou ontem o presidente da comissão que elaborou o documento, Artur Santos Silva. 'O Estado não deve utilizar as empresas como instrumentos de regulação ou política sectorial', refere o documento, cujas linhas mestras foram apresentadas em Lisboa.
Segundo Santos Silva, 'a situação em Portugal, no âmbito da governação das empresas, é, em geral, positiva e registou um grande progresso'. No entanto, constatou-se que 'nenhuma das dez maiores empresas cotadas na bolsa portuguesa e tratadas no Livro Branco cumpre a regra 'uma acção - um voto'', disse. Nas empresas, o número de acções detidas - por não ter correspondência no número de votos - privilegia os accionistas de referência, o que limita a representatividade de alguns institucionais e pequenos investidores. Assim, o Livro recomenda que a cada acção de uma empresa deverá corresponder um voto na sociedade.
O professor Carlos Alves, outro dos elementos que integra a comissão presidida por Santos Silva, está contra as golden share (acções preferenciais) e qualquer blindagem que impeça os mecanismos de mercado de funcionarem, no caso de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).
Num outro passo do documento é defendido um maior relevo para os administradores não executivos das empresas, recomendando-se que tenham poderes para avaliar e fiscalizar os administradores executivos. O documento defende que os não executivos devem fixar as remunerações dos executivos, sublinhou Santos Silva num encontro com a imprensa. O presidente do BPI disse que os trabalhos preparatórios deverão ser atribuídos a uma comissão de avaliação, nomeação e recomendações, cabendo à assembleia geral de accionistas a fixação dos critérios em que deverá basear-se a remuneração.

Divulgar remunerações
O Livro Branco recomenda, por outro lado, que sejam divulgadas as remunerações dos administradores das sociedades, tanto as fixas, como as variáveis, além do valor que possam receber por parte do accionista que representam.
De entre as 96 recomendações do Livro, que foi encomendado pelo Instituto Português de Corporate Governance, consta a abolição das despesas confidenciais, que tem sido seguida pelas empresas portuguesas.
Além disso, defende que os cargos de presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva devem ser exercidos por pessoas distintas. O documento advoga também um modelo de governação que contemple uma comissão de auditoria, além da comissão de avaliação, nomeação e remuneração, mas opõe-se à existência de comissões de estratégia, financeiras ou de investidores, por considerar que são áreas do domínio do conselho de administração.
O Livro Branco confere uma maior importância ao relatório e contas anual da sociedade, bem como à assembleia geral de accionistas." (Público, 04/02/2006)

"As 10 Medidas"

"1 - ELIMINAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA

Descrição
A intervenção notarial torna-se facultativa para as sociedades comerciais, por exemplo, nestes casos:
a) constituição de sociedade; b) alteração dos estatutos; c) aumento do capital social; d) aumento de capital, resultante da conversão de obrigações em acções em SA (sociedade anónima); e) aumento de capital por novas entradas ou por incorporação de reservas; f) redução do capital social; g) alteração da firma; h) alteração do objecto; i) alteração da sede; j) transferência da sede do estrangeiro para Portugal; k) fusão e cisão; l) transformação de sociedades comerciais; m) dissolução; n) partilha, divisão ou transmissão de quotas; o) criação de grupo paritário; p) celebração de contrato de subordinação; q) aquisição do domínio total, quando uma sociedade comercial adquire a totalidade das partes sociais (ocorre quando uma sociedade comercial possa, por via unilateral, adquirir a totalidade das participações sociais);

Prazo de execução
Aprovação em Conselho de Ministros em Fevereiro. Entrada em vigor até ao final de Abril

Impacto
Poupa aos agentes económicos o custo inerente a cerca de 65.000 escrituras por ano.

2 - FUSÃO E CISÃO DE SOCIEDADES

Descrição
O actual procedimento é constituído por três actos de registo nas conservatórias, quatro publicações na III série do Diário da República em papel e duas publicações em jornal de circulação. Após as publicações do registo 'normal' da aprovação do projecto de fusão (9.º e 10.º) era necessário aguardar 30 dias por eventuais oposições de credores.
Com esta medida, o novo regime é composto por um acto de registo nas conservatórias, um acto de registo, eventualmente em site web e duas publicações em site web por via electrónica:
1.º - Aprovação do projecto de fusão/cisão pelas sociedades. 2.º - Registo do projecto de fusão 'por depósito' (eventualmente será possível através de site web). 3.º - Publicação através de site web e por via electrónica da convocatória da assembleia geral para aprovação do projecto de fusão/cisão. 4.º - Aprovação do projecto de fusão/cisão pela assembleia gera. 5.º - Registo 'normal' da fusão junto da Conservatória de Registo Comercial. 6.º - Publicação deste registo por via electrónica e em site web.
Na publicação da convocatória da assembleia geral para aprovação do projecto de fusão/cisão efectua-se o aviso aos credores. A partir desta publicação, contam-se 30 dias para a respectiva oposição.

Prazo de execução
Aprovação em Conselho de Ministros em Fevereiro.
Entrada em vigor até ao final de Abril.

Impacto
Simplificação e desmaterialização de procedimentos, tornando-os mais rápidos, mais baratos e mais amigos do investidor.

3 - CRIAÇÃO DA MODALIDADE DE 'DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO NA HORA' DAS SOCIEDADES.

Descrição
A dissolução oficiosa de sociedades (por iniciativa do Estado) deixa de correr nos tribunais, passando a ser competência das conservatórias.
Exemplos:
1.º - Quando, durante dois anos consecutivos, a sociedade não tenha procedido ao depósito dos documentos de prestação de contas e, cumulativamente, se tenha verificado a omissão de entrega da declaração fiscal de rendimentos;
2.º - Quando a administração tributária comunique ao serviço de registo comercial a ausência de actividade da sociedade;
3.º - Quando a administração tributária tenha declarado oficiosamente a cessação de actividade fiscal da sociedade e tenha comunicado tal facto ao serviço de registo comercial.
A liquidação oficiosa de sociedades (por iniciativa do Estado) deixa de correr nos tribunais, passando a ser competência das conservatórias.
Exemplos:
1.º - Quando tenha sido promovida a dissolução oficiosa da sociedade e os sócios não declararem querer proceder à liquidação.
2.º - Quando tenha decorrido o prazo previsto para a liquidação, sem que esta se mostre concluída.
3.º - No caso de se verificar em processo de insolvência o encerramento do processo por insuficiência do património da sociedade insolvente.

Prazo de execução
Aprovação em Conselho de Ministros em Fevereiro.
Entrada em vigor até ao final de Abril (a confirmar, por poder ser necessário um prazo mais alargado para garantir formação).

Impacto
Simplificação e facilitação da dinâmica empresarial.

4 - ELIMINAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE LIVROS DA ESCRITURAÇÃO MERCANTIL

Descrição
Elimina-se a larga maioria dos livros da escrituração mercantil
O Código Comercial determina a obrigatoriedade da escrita comercial para todo o comerciante. A obrigatoriedade de existência destes livros é eliminada.
1.º - Inventário - Livro onde é transcrita a lista dos elementos patrimoniais e seu valor que uma sociedade possui num determinado momento. 2.º - Balanço - Livro onde é transcrita pela sociedade a sua situação patrimonial num determinado momento. 3.º - Razão - Livro onde a sociedade regista, a débito e a crédito, em relação a cada uma das contas, todas as operações do Diário, de modo a dar a conhecer o estado e a situação de qualquer uma das contas. 4.º - Copiador - Livro onde se translada na íntegra, cronológica e sucessivamente, toda a correspondência que for expedida.
Mantêm-se unicamente os livros de actas, onde se lançam as actas da reunião dos sócios, devendo cada uma delas expressar a data em que foi celebrada, os nomes dos assistentes, os votos emitidos, as deliberações tomadas, etc. Mesmo quanto aos livros de actas, elimina-se a necessidade da sua legalização nas conservatórias (o que implicava a aposição do termo de abertura do livro, a rubrica de cada folha e aposição do termo de encerramento).

Prazo de execução
Aprovação em Conselho de Ministros em Fevereiro.
Entrada em vigor até ao final de Abril

Impacto
Tendo em conta o valor do emolumento cobrado pelas conservatórias (14) por cada acto de legalização dos livros e considerado o universo das empresas existentes e uma estimativa das novas, existe um potencial de redução de despesas dos agentes económicos na ordem dos 22M.

5 - SIMPLIFICAR A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS

Descrição
Conservatórias, advogados, solicitadores e câmaras de comércio e indústria passam a poder autenticar documentos. Os notários deixam de ter o exclusivo da autenticação de documentos.
Conservatórias, advogados, solicitadores e câmaras de comércio e indústria passam a poder efectuar reconhecimentos presenciais, ou seja, reconhecer a assinatura de qualquer pessoa que o solicite, apresentando-se presencialmente. Até agora só os notários o podiam fazer.
Conservatórias passam a poder fazer reconhecimentos por semelhança e na qualidade (exemplo: reconhecer a assinatura de um gerente num documento. Reconhece-se que é um gerente - reconhecimento na qualidade -, e certifica-se a identidade da pessoa. Até agora podem fazê-lo os notários, os advogados, os solicitadores, as câmaras de comércio e indústrias, etc.).

Prazo de execução
Aprovação em Conselho de Ministros em Fevereiro.
Entrada em vigor até ao final de Abril.

Impacto
Aumento da capacidade de resposta na prestação destes serviços.

6 - PRESTAÇÃO ÚNICA DE CONTAS DESMATERIALIZADA

Descrição
Todas as empresas estão sujeitas à obrigação de prestação de contas. Esta consiste na entrega, para fins de depósito, da acta de aprovação de constas com uma série de relatórios anexos. Com esta medida pretende-se criar um novo modelo de prestação de contas que permita que o acto possa ser realizado em conjunto com a entrega de outras declarações obrigatórias, designadamente, junto das Finanças e da Segurança Social. Assim, as empresas entregam toda a informação de forma integrada e de uma só vez.
Desta forma, a prestação de contas permite, ainda, a recolha de dados estatísticos, eliminando-se um conjunto de inquéritos às empresas do Banco de Portugal, INE e, eventualmente, outros.

Prazo de execução
Primeira prestação de contas desmaterializada em 2007

Impacto
Eliminam-se milhões de actos burocráticos isolados a que cerca de 350.000 empresas estão obrigadas. A prestação de contas não acaba, mas fica integrada, conjuntamente com outras declarações obrigatórias, o que afasta a multiplicação de entrega de documentos ao Estado. Reduzem-se custos e simplifica-se o próprio controlo administrativo.

7 - PRESTAÇÃO ÚNICA DE INFORMAÇÃO DAS EMPRESAS À SEGURANÇA SOCIAL.

Descrição
A lei exige que a maior parte das empresas entreguem ao MTSS determinado tipo de declarações (quadros de pessoal, declaração de remunerações à Segurança Social, balanço social). Tais declarações atingem um número bastante elevado e são, por norma, apresentadas em tempos diferentes. Por exemplo, em Abril as empresas têm que entregar aos serviços os Quadros de Pessoal e a Declaração de Remunerações à Segurança Social; em Julho têm que entregar o Balanço Social, o Relatório da Formação Profissional, o Relatório da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, as estatísticas de acidentes de trabalho e as estatísticas de greves; por fim, em Outubro, as empresas têm que entregar os dados para os Inquéritos da responsabilidade da DGEEP (os inquéritos aos ganhos e inquérito ao emprego estruturado). A medida visa condensar todas estas declarações num momento só, num formulário único, que deve ser enviado para um único ponto de contacto, independentemente do gabinete a que se destinam.

Prazo de execução
Final de 2006.

Impacto
Cerca de 350.000 empresas têm a responsabilidade de entregar as diferentes declarações, variando o número a que cada uma está obrigada, consoante a quantidade de trabalhadores de cada uma.

8 - ELIMINAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DAS CERTIDÕES DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL E ÀS FINANÇAS.

Descrição da proposta
Qualquer particular que concorra à concessão de subsídios e a concursos de contratação de bens e serviços abertos por organismos do Estado e outras pessoas colectivas públicas tem de instruir os processos com Declarações de Situação Contributiva regularizada perante as Finanças e a Segurança Social.
Pretende-se, no decurso de 2006, desenvolver todos os procedimentos jurídico-legais e funcionais com vista à eliminação da obrigatoriedade dos contribuintes terem de requerer esta declaração à Segurança Social ou aos serviços de Finanças, passando esta informação a ser disponibilizada a organismos do Estado e outras pessoas colectivas públicas, a pedido destas e para efeitos de instrução dos respectivos processos.

Prazo de execução
Até final de 2007

Impacto
Medida com elevado impacto na redução do tempo despendido pelas empresas e no aumento da capacidade de resposta dos serviços públicos correspondentes. A título de exemplo, no ano de 2005 foram emitidas cerca de 150.000 certidões negativas pelos serviços da Segurança Social.

9 - CRIAÇÃO DO PROCEDIMENTO 'MARCA NA HORA'

Descrição
O projecto 'Marca na Hora" permitirá aos empresários garantirem, com simplicidade, títulos de propriedade sobre firmas e marcas, de uma forma imediata e num único balcão, sem necessidade de deslocação a mais de um organismo.
Através um Protocolo entre o INPI e a DGRN- RNPC será constituída uma 'Bolsa de Firmas e Marcas na Hora'. A referida 'Bolsa de Firmas e Marcas na Hora' será uma bolsa paralela à actual bolsa de firmas da 'Empresa na Hora'. Isto é, aquela primeira bolsa será disponibilizada apenas a quem queira escolher firma+marca, mantendo-se a bolsa de firmas da 'Empresa na Hora' para quem queira escolher apenas a firma.
Este projecto não prejudica o esforço de simplificação do registo de marca no sistema actual, que se mantém. Também aí será feito um esforço para o encurtamento do prazo actual que é de 12 meses.

Prazo de Execução
Terceiro trimestre

Impacto
O novo regime 'Marca na Hora' permitirá o registo no momento em vez dos 12 meses que demora actualmente

10 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL (SIE) - SIMPLIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELAS EMPRESAS.

Descrição
Monitorização do Licenciamento da Actividade Industrial e da Dinâmica do Tecido Empresarial (Cadastro Industrial), envolvendo a DGE, a Secretaria-Geral do MEI e as direcções regionais. Dado o âmbito de actuação da DGE em termos de actividades económicas (indústria, comércio e serviços). Admite-se que o SIE possa ser concebido por módulos, tendo em vista reflectir as problemáticas inerentes àqueles sectores empresariais, contribuindo assim para uma visão integrada da evolução dos sectores económicos.

Prazo de execução
Primeiro semestre

Impacto
Esta medida potencia as sinergias de informação obtidas através do SIE, permitindo a eliminação do acto administrativo autónomo de registo obrigatório dos estabelecimentos industriais, vulgo Cadastro Industrial, com a inerente racionalização e simplificação legislativa.
Melhoria global da eficiência na actuação administrativa na envolvente das empresas.
Permite o acesso à informação relevante, quer do funcionamento do licenciamento industrial, quer da evolução do tecido empresarial, potenciando a eficácia da intervenção administrativa.
Potencia a melhoria contínua da actuação regulamentar na interface das empresas e o apoio sustentado à concepção de instrumentos de política de empresa."

"Código recauchutado"

"O Ministério das Finanças quer alterações no Código das Sociedades Comerciais (CSC) que definam claramente os modelos de sociedade a adoptar pelas empresas em Portugal. A proposta de revisão do código vai ser entregue ao Ministério da Justiça, a quem compete proceder às mudanças.
A ideia que está em cima da mesa é dar às empresas a possibilidade de escolher um de três modelos - nenhum deles é igual ao que Manuel Pinho, ministro da Economia, tenciona implementar na EDP, com a criação de um Conselho Superior.
Esta situação está a causar perplexidade, uma vez que o Governo acaba por ter dois interesses em confronto: por um lado, ir ao encontro das pretensões dos principais accionistas da EDP, que deram aval a este modelo, e, por outro, respeitar as práticas do bom governo das sociedades, que vão contra a existência de um modelo que conjuga a administração com um Conselho Superior. No caso da EDP, terão assento nesse órgão os accionistas com mais de 2%, entre os quais estaria a espanhola - e concorrente - Iberdrola, caso esta não tivesse suspendido a sua entrada.
A intenção do Ministério da Economia gerou um coro de críticas na medida em que o modelo proposto é considerado contrário às regras do bom governo das sociedades. Isto porque tende a defender os principais accionistas, em detrimento dos pequenos, além de não permitir a fiscalização sobre a a administração. Por outro lado, o Conselho Superior é um órgão que se pronuncia sobre questões estratégicas - e os seus membros têm acesso a informações sensíveis. O formato final da EDP não está ainda definido, como deixou claro esta semana Manuel Pinho.
A decisão das Finanças de avançar para uma revisão do CSC é anterior à polémica em torno da EDP e ficou expressa a 13 de Dezembro, quando o Ministro das Finanças reuniu com o Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, entidade que tem como objectivo discutir matérias relacionadas com o governo das sociedades. Há dois meses, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), então já presidida por Carlos Tavares, apresentou um conjunto de propostas ao Governo, entre as quais já se encontravam as alterações ao CSC. Aliás, grande parte das medidas anunciadas tem a marca de Teixeira dos Santos, na medida em que foram preparadas enquanto presidia à CMVM.
Actualmente, em Portugal, apenas o BCP tem um modelo idêntico, mas o banco já há algum tempo tomou a decisão de proceder a alterações.

O que vai mudar
1 São definidos três modelos de governo:
a) Nacional clássico: Conselho de Administração (CA) e Conselho Fiscal
b) Dualista: Direcção, Conselho de Gestão e Revisor Oficial de Contas (ROC)
c) Anglo-saxónico: CA com comités e ROC;
2 Modifica-se ou elimina-se a responsabilidade solidária dos administradores não executivos em relação a decisões do CA;
3 O quadro de funções do Conselho Fiscal é redefinido;
4 Alarga-se o númer máximo de membros do CA e do Conselho Geral, reformulando as competências deste último." (Pedro Lima, Expresso, 14/01/2006)

La sociedad anónima europea domiciliada en España

La introducción de la Sociedad Anónima Europea en el marco comunitario responde a un objetivo fundamental. Con la inclusión de esta nueva forma societaria en el catálogo de las ya existentes en los distintos ordenamientos jurídicos internos, el legislador comunitario manifiesta su intención de ampliar la libertad de establecimiento en el territorio de la Unión Europea. Este objetivo se abordó en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, en cuya virtud se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.

Por mandato del artículo 68 del citado Reglamento, los Estados miembros de la Unión Europea estaban obligados a adoptar todas aquellas disposiciones que fueran precisas para garantizar la efectividad de las normas de aplicación directa que en el mismo se contienen. En el ordenamiento español esto ha motivado la promulgación de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre –BOE de 15 de noviembre de 2005-, por la que se regula la sociedad anónima europea domiciliada en España.

Este tipo social, según ha sido concebido por el legislador comunitario, se adapta más eficazmente a la estructura de grandes sociedades, aunque no existe impedimento alguno para que sea empleado en proyectos de dimensión más reducida. Lo que no se ha logrado, sin embargo, es la promulgación de una normativa sustantiva completa de carácter comunitario. La unidad de regulación que inicialmente se pretendía ha sido sustituida por una solución menos ambiciosa, basada en una compleja relación jerárquica, ya que, junto a la normativa supranacional, resulta de aplicación la normativa reguladora de las sociedades anónimas en el derecho interno. Y hemos de tener también presente que el régimen jurídico de la sociedad anónima europea domiciliada en España se completará en un futuro con la Ley que regule la implicación de los trabajadores en la sociedad europea, por la que se incorporará al Derecho español la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, que regula esta materia. Hasta que se determinen las disposiciones relativas a dicha implicación de los trabajadores, resultará imposible registrar en España una sociedad europea.
Por los motivos antes expuestos, se comprenderá que la Ley 19/2005 tenga un alcance muy limitado. Se añade un capítulo XII –arts. 312 a 326- al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, en el que se incluyen tanto las precisiones indispensables para la plena aplicación de la normativa comunitaria, como los mecanismos de tutela de los intereses particulares de socios y de acreedores y los mecanismos de tutela y de interés público más acordes con la fase actual de construcción de la Unión Europea.
Por lo que respecta al régimen jurídico de la sociedad anónima europea (SE), la primera precisión que ha de hacerse al respecto es que este tipo de sociedad está obligado a fijar su domicilio en España cuando su administración central se encuentre dentro del territorio español. Y, en el caso de que dejase de tener su administración central en España, deberá regularizar su situación en el plazo de un año, bien volviéndola a implantar de nuevo aquí, bien trasladando su domicilio social al Estado miembro en el que tenga su administración central. La no adopción de alguna de las medidas anteriores originará la disolución de la sociedad, pudiendo el Gobierno designar a la persona que se encargue de intervenir y presidir la liquidación y de velar por el cumplimiento de la leyes y del estatuto social.
La constitución y demás actos inscribibles de una sociedad anónima europea que tenga su domicilio en España se inscribirán en el Registro Mercantil. Dicha inscripción así como la publicación de los actos y datos de tal sociedad se regirá por las disposiciones generales aplicables a las sociedades anónimas. De ahí que no pueda inscribirse en el Registro Mercantil una sociedad anónima europea que vaya a tener su domicilio en España cuya denominación sea idéntica a la de otra sociedad española preexistente.
Como medida protectora del accionista se ha previsto que, en caso de traslado del domicilio a otro Estado miembro de la Unión Europea, los accionistas que hubiesen votado en contra del acuerdo podrán separarse de la sociedad, y los acreedores cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de traslado del domicilio social a otro Estado miembro tendrán un derecho de oposición. No obstante, el traslado de domicilio de una sociedad anónima europea registrada en territorio español que suponga un cambio de la legislación aplicable no surtirá efecto si el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia o de la Comunidad Autónoma donde la sociedad anónima tenga su domicilio social, se opone por razones de interés público.
El legislador español permite que en la constitución de una sociedad anónima europea participen otras sociedades. No sólo las indicadas en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001, sino también aquellas otras que, aun cuando no tengan su administración central en la Unión Europea, estén constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, tengan en él su domicilio y una vinculación efectiva y continua con la economía de un Estado miembro. No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia o de la Comunidad Autónoma donde la sociedad anónima tenga su domicilio social, podrá oponerse por razones de interés público a que una sociedad española participe en la constitución mediante fusión de una sociedad anónima europea en otro Estado miembro. Como medida protectora del accionista, se concede también en este caso un derecho de separación tanto a los accionistas de las sociedades españolas que voten en contra del acuerdo de una fusión que implique la constitución de una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro, como a los accionistas de una sociedad española que sea absorbida por una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro.
En la norma comentada también se describe todo lo relativo al proyecto de constitución de una sociedad anónima europea "holding" –publicidad, nombramiento de expertos que han de informar sobre el proyecto de constitución, la protección de los socios de las sociedades participantes en la constitución de una sociedad anónima europea "holding"-, así como el procedimiento para la constitución de una sociedad anónima europea mediante la transformación de una sociedad anónima española.
En contra de la solución tradicional en nuestro ordenamiento, la sociedad anónima europea que se domicilie en España podrá optar por un sistema de administración monista o dual. La decisión adoptada en este sentido deberá constar en sus estatutos. Por el momento el legislador español no ha querido reconocer este derecho de opción a todas las sociedades anónimas que se constituyan en España, como ya han permitido otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Conforme se indica en la Exposición de Motivos de la norma, esta cuestión se aplaza para un futuro, a la espera de que la práctica permita apreciar si las sociedades anónimas europeas que se constituyan en España prefieren el «sistema monista» o el «sistema dual» y, en este último caso, cuáles son los principales problemas operativos de este nuevo modelo de organización.
Si la sociedad anónima europea optase por un sistema de administración monista, será de aplicación a su órgano de administración lo establecido en la presente Ley para los administradores de las sociedades anónimas, en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento CE 2157/2001, y en la Ley que regule la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas. Por el contrario, si se prefiriese un sistema de administración dual, existirá una dirección y un Consejo de control, a cuyos miembros les resultarán de aplicación las disposiciones sobre responsabilidad previstas para los administradores de sociedades anónimas.
Por lo que atañe a la dirección, a ésta le corresponderá la gestión y la representación de la sociedad, siéndoles aplicables a los directores, en cuanto a la titularidad y el ámbito del poder de representación, lo dispuesto para los administradores en la Ley de sociedades anónimas. En los estatutos se determinará si la gestión se confía a un solo director, a varios directores que actúen solidaria o conjuntamente o a un consejo de dirección - formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete, a los que se confía la gestión conjuntamente, y cuya organización, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos se regirá por lo establecido en los estatutos sociales y, en su defecto, por lo previsto en esta Ley para el consejo de administración de las sociedades anónimas-.
Por lo que se refiere al Consejo de control, a éste compete la representación de la sociedad frente a los miembros de la dirección, y podrá acordar que determinadas operaciones de la dirección se sometan a su previa autorización –cuya falta será inoponible a los terceros, salvo que la sociedad pruebe que el tercero hubiera actuado en fraude o con mala fe en perjuicio de la sociedad-. Al Consejo le será de aplicación lo previsto en esta Ley para el funcionamiento del consejo de administración de las sociedades anónimas en cuanto no contradiga lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001. Sus miembros serán nombrados y revocados por la junta general, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001, en la Ley que regule la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas y de lo establecido en el artículo 137 de la LSA.

Los acuerdos nulos o anulables del consejo o comisión podrán ser impugnados por los miembros de cada órgano colegiado en el plazo de un mes desde su adopción, al igual que por los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social en el plazo de un mes desde que tuvieren conocimiento de ellos, siempre que no hubiera transcurrido un año desde su adopción.
En el sistema dual de administración, la competencia para la convocatoria de la junta general corresponde a la dirección. Si las juntas no fueran convocadas dentro de los plazos establecidos por el Reglamento (CE) núm. 2157/2001 o por los estatutos, podrán serlo por el Consejo de control o, a petición de cualquier socio, por el Juez de lo Mercantil del domicilio social conforme a lo previsto para las juntas generales en la LSA. Asimismo, el Consejo de control podrá convocar la junta general de accionistas cuando lo estime conveniente para el interés social.
Por lo que atañe al plazo de convocatoria de la junta general e inclusión de nuevos asuntos en el orden del día, ésta deberá ser convocada por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. No obstante, los accionistas minoritarios que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de la junta general ya convocada, debiéndose publicar un complemento de la convocatoria con 15 días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.
En relación con las sociedades especiales, se dispone que cuando la legislación específica de un sector exija a las entidades que quieran desarrollar en él su actividad que adopten una forma jurídica determinada entre las cuales esté incluida la sociedad anónima, se entenderá comprendida también la sociedad anónima europea.

Por obra de la promulgación de la norma comentada, también se introducen otras modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre –concretamente, arts. 38, 95, 97, 126, 165, 107.4, 170, 250 y 262-. Tales modificaciones afectan a la valoración de valores mobiliarios aportados admitidos a cotización en mercado secundario oficial –admitiéndose la certificación emitida por la sociedad rectora de la Bolsa de valores en que aquéllos estén admitidos a cotización-; a la convocatoria de junta general -por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, pudiendo solicitar los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día-; a la asistencia a la junta -por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad del sujeto-; a la duración del cargo de administrador –que no podrá exceder de seis años, con posibilidad de reelección-, al acuerdo de reducción del capital social –respecto de su publicación-; y en cuanto al régimen de las fusiones simplificadas. Asimismo, se modifica el artículo 105 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en lo relativo a determinados supuestos de responsabilidad de los administradores.

En previsión de la necesidad futura de desarrollo reglamentario de la norma, se autoriza al Gobierno para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para la debida ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. Con la obligación de proceder, en el plazo de seis meses, a realizar las modificaciones que sean necesarias para la adecuación del Reglamento del Registro Mercantil al contenido de la presente Ley.

Norma comentada: Ley 19/2005, de 14 de noviembre –BOE de 15 de noviembre de 2005-.

Bibliografía:

- ESTEBAN VELASCO, La sociedad anónima europea régimen jurídico societario, laboral y fiscal, Madrid, 2004. ISBN: 8497681916.
- GARCIA RIESTRA, La sociedad anónima europea, Madrid, 2002. ISBN: 8495219700.

Sylvia Gil Conde
Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid