Nuevo Regimen Societario

Argentina - Cuenta regresiva para la entrada en vigencia del "código" de la IGJ

A partir del próximo 21 de febrero regirá la RG 7/05, que armoniza los criterios del organismo sobre sociedades off shore, sociedades de cómodo e infracapitalización.

De esa manera, la IGJ reorganizó su sistema normativo que por más de 25 años permaneció disperso.A cinco días de la entrada en vigencia, luego de que la IGJ, a través de la resolución general 1/06, publicada el pasado martes, dejara en claro que regirá a partir del 21 de febrero próximo y no el 26 del actual, tal como lo había considerado, advirtiendo que se había incurrido en un error material en el cálculo, el nuevo "código societario" establece, entre sus principales normas, las siguientes disposiciones:

Aportes irrevocables

Antes del próximo 21 de febrero, las empresas que acordaron con el socio aportante postergar la decisión de capitalizarlos o devolverlos deberán definir su destino. Caso contrario, el aporte se tendrá por "no capitalizable". La resolución 7/05 dispone que la aprobación del socio debió realizarse en forma expresa y por escrito. Distinto es el caso de los aportes recibidos antes de la resolución 25/04. Así, la resolución 1/05 dispuso la prórroga por 180 días para decidir el tratamiento de los aportes irrevocables. Este plazo concluyó el pasado 7 de agosto. Por lo que para el caso en que no se hayan capitalizado, los aportes debieron "salir" de la cuenta Capital del Patrimonio Neto y se constituirse en un pasivo de la sociedad.

Notificaciones electrónicas

Establece la posibilidad de que la IGJ realice comunicaciones -en días y horarios administrativos- por medios electrónicos. Así, ahora el organismo, en sus facultades de fiscalización, podrán efectuar notificaciones al número de fax o dirección de correo electrónico de la sociedades inscriptas, sean éstas nacionales o extranjeras que deseen inscribirse en el país acorde al artículo 118 de la ley 19.550. Asimismo, fija (a través de la resolución general 10/05, que complementa el llamado "código") que sólo algunas providencias -vistas o traslados, ordenen medidas instructorias y probatorias, intimaciones o apercibimientos, entre otras- cuando no tengan carácter definitivo y en los casos en los cuales la notificación no requiera que se adjunten copias de documentación.

Sociedades de cómodo

Afirma que el organismo no inscribirá sociedades cuando su número de socios sea meramente formal o nominal. Para ello, evaluará el aporte inicial y si el mismo reviste relevancia económica suficiente para conformar un efectivo sustrato plurilateral.

Infracapitalización

La IGJ ratifica su criterio, de manera que exigirá un monto como capital social original superior a la fijada en el acto constitutivo, si advierte que el mismo resulta manifiestamente inadecuado.

Garantía de administradores

Impone que el plazo de indisponibilidad de esa garantía no deberá ser inferior a tres años contados desde que el director o gerente cesó en sus funciones, a fin de resguardar los intereses de los terceros contratantes con la sociedad.

Variaciones de capital

Expresa criterios que deben seguir tanto las sociedades anónimas como las de responsabilidad limitada a partir de los cuales serán improcedentes las llamadas "operaciones acordeón", a través de las cuales se reducen a cero el capital social por pérdida total y su simultáneo aumento.

Registro de inhabilitados por quiebra

Se crea, por medios informáticos, un libro índice alfabético de personas inhabilitadas por quiebra, de acuerdo a las comunicaciones que se efectúen desde los juzgados comerciales.

Sociedades extranjeras

Se implementan todos los requisitos de fondo y forma establecidos para este tipo de entidades que pretendan actuar en el país, unificando y clarificando criterios sobre la constitución y adecuación de estatutos o cancelación de inscripciones.

Contabilidad

La resolución 7/05 exige como condición necesaria para que se considere regularmente llevada una contabilidad informática la expedición de un certificado por la IGJ en base a un informe contable anual del que surja la concordancia entre el sistema autorizado y el concretamente utilizado; un informe técnico bianual sobre la obsolescencia del sistema y la posibilidad de exigir la volcatura a papel.

Asociaciones civiles y fundaciones

Fija la exigencia de la autorización e inscripción de asociaciones civiles, fundaciones y las simples asociaciones consagradas por el artículo 46 del Código Civil, como requisito necesario para funcionar. Asimismo, dispone que la IGJ fiscalizará el funcionamiento "en forma permanente" y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos a aprobación previa.

Actos registrables de sociedades participadas

Dispone la obligación de que en los acuerdos sujetos a inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedades locales participadas por sociedades del exterior, éstas deben intervenir hallándose inscriptas a los fines del artículo 123 o 118, tercer párrafo, de la ley 19.550 y estando debidamente cumplida la presentación requerida por los artículos 206, apartado I, inciso 1) o 220 y hacerlo, asimismo, por intermedio de su representante inscripto o por apoderado.

Vinculación con asociaciones civiles extranjeras

Establece que si de una sociedad surge vinculación con entidad o entidades constituidas en el extranjero, que reúnan a criterio de la IGJ caracteres análogos a los de las asociaciones civiles, federaciones, confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones reguladas por el derecho argentino, deberá acreditarse la existencia y vigencia de la entidad constituida en el extranjero, acompañando copia de sus instrumentos de constitución, reformas y constancias de autorización y/o registro, según corresponda.

Texto Completo Fuente: InfobaeProfesional

"UE com luz verde da OMC para retaliar incentivos às exportações dos EUA"

"A União Europeia (UE) deu ontem aos Estados Unidos da América (EUA) um prazo de três meses para alterar o seu controverso regime de incentivos fiscais às exportações, depois de o órgão de apelo da Organização Mundial do Comércio (OMC) ter confirmado a sua ilegalidade.
Este veredicto confirma uma anterior sentença proferida pela OMC em 2002, condenando um regime mais conhecido por Foreign Sales Corporation (FSC) que foi introduzido na legislação americana em 1984 para conceder isenções fiscais às empresas exportadores, e que conta a Boeing, Microsoft ou General Motors entre as principais beneficiárias.
A nova decisão da OMC confirma a autorização que já tinha dado à UE em 2002 para aplicar medidas de retaliação contra os Estados Unidos através de um agravamento dos direitos aduaneiros a um volume de exportações americanas até 4000 milhões de dólares (cerca de 3359 milhões de euros), o montante mais elevado alguma vez decretado por esta organização.
'Os Estados Unidos têm agora três meses para agir de modo a evitar a reimposição de medidas de retaliação', avisou ontem Peter Mandelson, comissário europeu responsável pela política comercial da UE. 'Estou disposto a trabalhar de forma estreita com os Estados Unidos, para encontrar uma solução para esta disputa. Mas a UE não aceitará um sistema de isenções fiscais que dê aos exportadores americanos, incluindo a Boeing, uma vantagem indevida contra os concorrentes europeus', acrescentou.

Imobilismo americano
Apesar de autorizada desde 2002 a retaliar contra os Estados Unidos, a UE decidiu esperar concedendo um tempo a Washington para alterar a legislação relativa ao FSC e adaptá-la às regras do comércio internacional. Mas, perante o imobilismo americano, Bruxelas decidiu aplicar a partir de 1 de Março de 2004 tarifas em aumento progressivo, a começar com 300 milhões de dólares anuais, à entrada de produtos agrícolas, têxteis industriais, electrónicos, aço ou papel provenientes dos Estados Unidos.
Estas medidas foram suspensas no ano passado à espera da decisão da OMC sobre as alterações entretanto decididas por Washington face ao FSC. Os americanos decidiram substituir este regime por um outro, mais conhecido por 'Jobs Creation Act', que mantém, de facto, as subvenções ilegais à exportação, embora através de um mecanismo que permitia às empresas exportadoras deduzir dos impostos uma parte dos ganhos realizados no exterior do país.
Este novo regime voltou a ser contestado pela UE na OMC, relativamente ao qual obteve ontem ganho de causa. O que significa que a luz ver da organização de Genebra para a aplicação de retaliações no valor de quatro mil milhões de dólares foi reiterada.
Sem uma alteração clara deste regime, as medidas de retaliação da UE entrarão em força o mais a 14 de Maio deste ano, frisa a Comissão.
Este diferendo agrava a disputa comercial transatlântica que se arrasta há vários meses em torno dos subsídios à aviação civil e que deverá ser igualmente analisada pela OMC. Washington, que interpôs a queixa, acusa os europeus de concederem ajudas ilegais ao consórcio europeu Airbus. A UE devolve a acusação aos americanos relativamente à Boeing. Segundo Bruxelas, a Boeing recebeu, entre 1995 e 2005, pelo menos 1,6 mil milhões de dólares de subsídios ilegais por conta do FSC." (Isabel Arriaga e Cunha - Público, 14/02/2006)

Los Bancos y el Deber de Custodia

Argentina - La Cámara Comercial ya sentó precedentes al considerar no operativas cláusulas que eximen y limitan la responsabilidad de los bancos. Claves para probar la existencia de los depósitos

Tendencia de la Jurisprudencia : La jurisprudencia es prácticamente unánime en responsabilizar a las entidades por robo a las cajas de seguridad, donde consideró que es responsable por el robo toda vez que asume, mediante el contrato de caja de seguridad, “una función de custodia que es concebida como una obligación de resultado”.

De esta manera, la cámara comercial ya sentó precedentes al considerar “no operativas” a las cláusulas que eximen y limitan la responsabilidad de los bancos frente a este tipo de ilícitos.

Deber de Custodia (Casos Jurisprudenciales):

Recientemente la sala D de la cámara comercial (“Rosental, Elsa c/ Banco Mercantil Argentino”) aseguró que “el banco asume una función de custodia y seguridad que es concebida como una obligación de resultado y que, por ello, resulta responsable por el incumplimiento en caso de robo de los objetos guardados en la caja de seguridad”.

Siguiendo la misma línea, la Justicia consideró como "no operativas" a las cláusulas exonerativas de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor que se insertan en los contratos, algo que se presenta como una práctica habitual de los bancos. En ese sentido, rechazó los planteos de que el robo constituye una situación fortuita o de fuerza mayor. “No tiene el carácter de caso fortuito o fuerza mayor en este tipo concreto de obligación, toda vez que para sustraer los valores al peligro de tal ilícito está destinada la caja de seguridad”, remarcó la misma sala, en “Svedrin, Raquel y otro c/ Banco Caja de Ahorro”.

Martín Paolantonio, socio de Paolantonio & Legón. Manifestó: “El banco asume un deber de custodia sobre las cajas de seguridad y su contenido que va más allá del contrato de depósito convencional”. Incluso, la obligación es casi “de resultado”.

La sala B, en “Sucurrat, Gustavo c/ Banco de Galicia”, advirtió que la trasgresión de la obligación de vigilancia del banco equivale a un “completo” incumplimiento y que ese deber “forma el centro, el alma, la naturaleza y, por consiguiente, no puede quedar afectada por ninguna cláusula de exoneración de responsabilidad”. La existencia de esas cláusulas son contrarias a los derechos de los usuarios y consumidores, garantías consagradas por la Constitución Nacional.

En “Martín, Raúl c/ Banco Provincia de Buenos Aires”, la sala C aseguró que la esencia del contrato de caja de seguridad es el deber de custodia y vigilancia por parte del banco. Por ello, son inválidas las cláusulas por las que la entidad pretende librarse de responsabilidad ante el hurto, robo o destrucción de su contenido, “pues se tata de una renuncia anticipada de derechos por parte del cliente que desnaturaliza la finalidad del convenio, más aún teniendo en cuenta que las mismas se encuentran alcanzadas por la ineficacia que dispone el artículo 37 de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor)”, resaltó el tribunal.

Determinación de la Prueba

La Justicia , en numerosas oportunidades, reconoció la dificultad de acreditar el daño patrimonial sufrido, dado que se realizan en condiciones de absoluta privacidad. Por tal motivo, la sala C –en “T, G.R. c/ Banco Mercantil Argentino”- indicó que no es dable exigir una prueba “rigurosa e inequívoca” del contenido, pues de otro modo “se le impondría una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable”.

Para el tribunal, la prueba de presunciones adquiere un valor fundamental, que debe valorarse con la prueba directa que pueda presentar.

Esas estimaciones juegan a favor del actor, pues debe presumirse "que la caja no estaba vacía, dado que ha sido requerida onerosamente por el cliente del banco para guardar objetos que se deseaba mantener en secreto y máxima custodia", remarcó la sala A en “Folgueras, Haydeé c/ Banco Quilmes”.

Sin embargo, los damnificados pueden acercar a la Justicia prueba directa; entre ellos están la prueba de testigos, comprobantes de operaciones comerciales, declaraciones juradas de impuestos, entre otras:
>Testigos. Así, consideró que en base a los dichos de terceros quedó demostrado el “nivel de vida” que desarrollaba el damnificado, en virtud de “la posición económica de los clientes, la actividad empresaria que desarrollaban y la aparición en eventos sociales luciendo joyas” (“Dublinsky de Wolman, Lidia c/ Banco Mercantil Argentino”, sala A).
>Comprobantes de operaciones comerciales En “S, C. R. c/ Banco Sudameris”, la sala D valoró las copias de adquisición de dólares, tanto en casa de cambio como en entidades bancarias.
>Declaraciones de impuestos Es asimismo considerado un elemento determinante. En “Scheinkerman de Melamed, Delia c/ Banco Mercantil Argentino”, la sala E dijo que es necesario contar con presunciones graves, precisas y concordantes, sea por testigos o cuanto menos mediante una declaración impositiva”.
>Duración del contrato La Justicia también valoró la extensión del contrato de caja de seguridad por un tiempo prolongado. En “S, C. R.”, la sala D.
>Peritos Además de las pericias contables para determinar la situación patrimonial de los damnificados, en algunos casos se utilizan las pericias psicológicas. Así, los estudios advirtieron que los damnificados rendían un culto al trabajo y al ahorro y que, “debido a sus estructuras de personalidad, nada dejaban librado al azar ... es por esta razón que colocaron todo aquello de valor que tenían en una caja de seguridad” (“S, C. R.”).
>Oportunidad de la denuncia La Justicia ha reconoció como elemento determinante la inmediatez entre la fecha del robo y la de la denuncia. En “Sontag, Bruno c/ Banco de Galicia”, la sala A advirtió que la circunstancia de haber denunciado el ilícito al día siguiente de haberlo conocido, “otorga un grado de certeza, veracidad y espontaneidad de la existencia de los valores faltantes”.

Resarcimiento del Daño Patrimonial sufrido y Daño Moral:

Muchos usuarios fueron más allá del reclamo por el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por el robo a sus cajas de seguridad y procuraron además una indemnización por “daño moral”.

La sala A (en el caso “Dublinsky de Wolman”) reconoció que el robo es susceptible de generar zozobra espiritual en los actores y alteración en su modus vivendi.

De igual modo, en el caso “Rosental”, la cámara hizo lugar a la reparación del daño moral causado al contratante de una caja de seguridad cuyo contenido fue sustraído, porque el ilícito generó un cambio anímico negativo que influyó en su vida personal y social y causó problemas económicos para afrontar la enfermedad de un hijo y para concretar un viaje.

Computo de Intereses:

Importante tambien es determinar desde cuándo se debe computar el importe que debe resarcir el banco por daño patrimonial, moral e intereses.

Este se computa a partir de la fecha de ocurrido el robo. Según lo determino la sala D –“Adler de Josephson Gerd c/ Banco de Galicia”-, es desde ese momento que el banco, en virtud de la responsabilidad contractual, incurrió en mora.

Marisol Queiruga

Acionistas insatisfeitos querem US$ 3,3 bilhões da AOL

Mais de 100 acionistas do grupo AOL Time Warner nos Estados Unidos querem recuperar cerca de € 2.75 (US$ 3,3) bilhões, segundo o escritório de advocacia William S. Lerach, responsável pela defesa dos acionistas, que se consideram prejudicados.
Em entrevista por telefone, Lerach afirmou que os casos somarão cerca de 35 processos, já que em alguns deles vários investidores apresentaram uma única denúncia. Os processos correm tanto na esfera federal como estadual, e grande parte deles já foi apresentado.
Lerach espera que até o final do mês todos os processos tenham sido apresentados aos tribunais americanos, e que as primeiras sentenças sejam anunciadas até o final de 2006.
Em agosto passado, a Time Warner chegou a um acordo extrajudicial com um grande número de acionistas que acusavam a divisão América Online (AOL) de inflacionar suas vendas, colocando fim assim a um acordo coletivo apresentado em 2002, e no qual a Time Warner se comprometia a pagar € 2.17 (US$ 2,6) bilhões aos acionistas que pudessem se sentir prejudicados pelas práticas contábeis da empresa.
No entanto, mais de 100 investidores de todo o mundo não aceitaram o acordo e decidiram apresentar novas ações judiciais para obter maiores compensações.
Lerach explicou que a finalidade dos novos processos é obter uma recuperação maior sobre os prejuízos ocasionados pela queda das ações da AOL Time Warner, depois da fusão do serviço de internet AOL e da empresa de entretenimento Time Warner.
O advogado também explicou que o período coberto pelo acordo extrajudicial de agosto limitava-se ao compreendido entre janeiro de 1999 e agosto de 2002. Lerach disse que, entre os investidores que entraram com ações judiciais, há empresas de fundos de pensões e instituições financeiras e de investimento.
Em janeiro de 2000, a AOL anunciou a compra da Time Warner em uma operação avaliada em cerca de € 103.50 (US$ 124) bilhões. No entanto, e uma vez completada a compra, que caracterizava a fusão mais cara da história, as ações da empresa começaram a cair na Bolsa, devido ao lento crescimento da divisão de internet.
A AOL foi acusada de inflacionar suas vendas para fortalecer sua posição no mercado antes de concretizar a compra da Time Warner.
Segundo o escritório de advocacia, os acionistas da AOL e da AOL Time Warner sofreram prejuízos avaliados em € 184 (US$ 220) bilhões.
O advogado estimou que outros investidores que não aceitaram a oferta da Time Warner, mas que também não são representados por sua firma, poderiam optar por recuperar cerca de € 10.85 (US$ 13) bilhões.
Aos € 2.17 (US$ 2,6) bilhões pagos pela Time Warner para encerrar o caso, somam-se € 250 (US$ 300) milhões pagos à Comissão do Mercado de Valores dos EUA e € 175 (US$ 210) milhões entregues ao Departamento de Justiça para encerrar as investigações nos dois órgãos.
A Ernst & Young, auditora da Time Warner, comprometeu-se a pagar outros € 83 (US$ 100) milhões aos investidores da empresa.
O escritório de advogados de Lerach representou um grupo de 68 fundos de investimentos, incluindo fundos de pensões locais e estatais, sindicatos e companhias de seguros, que, em outubro, conseguiram um acordo para receber € 543.39 (US$ 651) milhões de bancos de investimentos, auditores e executivos da WorldCom.
Em Wall Street, as ações da Time Warner fecharam hoje em baixa de € 0.26 (US$ 0,31) (-1,78%), cotadas a € 14.28 (US$ 17,11). (Fonte: Agência Efe)

Banco terá de adaptar caixa eletrônico a deficiente (Brasil)

A 31ª Vara Cível de São Paulo condenou o Citibank a adaptar seus caixas eletrônicos para deficientes físicos, no prazo de um ano, sob pena de multa diária de R$ 500 mil. A ação contra o banco foi proposta pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor (Anadec).
A associação pretendia obrigar o banco a instalar módulos de acesso em um quinto dos caixas eletrônicos de auto-atendimento espalhados pelas agências, shoppings, cafés, postos de gasolina e demais locais públicos ou privados. Pedido que foi atendido pela primeira instância da Justiça.
"O Banco Central, ao regular o tema, fixou prazo para que as instituições financeiras se adequassem à legislação e tal prazo encontra-se desrespeitado pela ré. Ainda que o Banco Central não tivesse regulamentado a matéria, mesmo assim o desrespeito da ré para com a legislação não pode ser admitido", justificou a sentença da 31ª Vara.
Além de atender ao pedido, no entanto, a Justiça de São Paulo entendeu que a adpatação para deficientes deveria ser extensiva a todos os caixas eletrônicos do Estado. "Não há fixação legal de percentual e, desta forma, caso limitado o percentual, estaria o magistrado fazendo as vezes do legislador escolhendo em quais comunidades os deficientes poderiam exercer plenamente sua cidadania e em quais não. Diante disso, de rigor que todos os terminais de auto-atendimento sejam adequadas às normas da ABNT".
Para embasar a determinação, a vara alegou que a falta de adaptação fere a dignidade dos deficientes: "Nega-se um dos fundamentos da própria República Federativa do Brasil, exposto no artigo 1º, da Constituição Federal, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana que se constituiu como mandamento de otimização a determinar que todo o sistema de direito seja interpretado a partir e com vistas a este vetor." (Fonte: Invertia)

Recuperação da Parmalat é homologada

O juiz Alexandre Alves Lazzarini, da Primeira Vara de Recuperação e Falência de Empresas do Tribunal de Justiça de São Paulo, homologou nesta quinta-feira o plano de recuperação da Parmalat Alimentos. A homologação ocorreu mesmo sem a apresentação da Certidão Negativa de Débitos fiscais (CND), como prevê a nova Lei de Recuperação e Falência de Empresas.
"Os tribunais têm decidido nesse sentido já que não existe ainda uma lei prevendo o parcelamento de débitos fiscais", explica o advogado que representa a Parmalat, Thomaz Felsberg, do escritório Felsberg e Associados.
Quando a nova Lei de Falências entrou em vigor em junho do ano passado, estava previsto que outra norma seria editada prevendo o parcelamento de débitos fiscais. No entanto, até agora isso não ocorreu. Diante de uma lei prevendo o parcelamento de débitos fiscais, os juízes estão optando por homologar os planos de recuperação judicial mesmo sem a apresentação da CND.
Isso foi o que ocorreu, por exemplo, com uma empresa do setor madeireiro paranaense. A primeira a conseguir uma decisão nesse sentido. No Rio, a Varig também obteve decisão semelhante. Na ocasião, o juiz Luiz Roberto Ayoub, da Oitava Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, disse que "não faz sentido impedir a possibilidade da companhia de se reorganizar por falta de certidão negativa de débitos".
"A recuperação judicial não envolve o Fisco. Exigir uma CND e barrar todo o processo pela falta dela não é correto já que o Fisco tem meios para cobrar", comenta Felsberg. (Fonte: Investnews)

Sociedades Off Shore

Marco normativo, alguno de los puntos mas relevantes en materia de sociedades off shore:

La IGJ intensifica el control sobre las sociedades off shore. Con su nuevo marco legal La IGJ ofrece mayor certidumbre . Pidió la disolución judicial de una SA local cuyas controlantes eran SAFI uruguayas que no se inscribieron en el país. Entienden que se trataba de una simulación La Inspección General de Justicia (IGJ) parece resuelta a no soltarles las riendas a las sociedades off shore. Esta vez, mediante una resolución particular, del 9 enero del 2006, en el caso “Biasider”, pidió la nulidad de la inscripción de una Sociedad Anónima local que tenía como accionistas a sociedades off shore uruguayas que no cumplieron con la obligación de inscribirse en el país, tal como lo dispone el artículo 123 de la ley de sociedades, n° 19.550. Lo novedoso del caso es que esas sociedades eran titulares del 99,999% del paquete accionario de la sociedad argentina. No obstante, nunca cumplieron con el requisito de inscribirse. "La IGJ llegó a la conclusión de que la falta de inscripción implicaba una presunción de simulación". En octubre del 2003 entró en vigencia la controvertida Resolución General 7/2003 que dispuso que la IGJ no inscribiría los instrumentos correspondientes a asambleas o reuniones de socios en las que hubieren participado, ejerciendo el derecho de voto, sociedades constituidas en el extranjero no inscriptas a los fines del art. 123 de la ley 19.550, cualquiera haya sido la cuantía de dicha participación, siempre que los votos emitidos, por sí o en concurrencia con los de otros participantes, hayan sido determinantes para la formación de la voluntad social.Sin embargo, las SAFI uruguayas hicieron caso omiso y no se presentaron a regularizar su situación. Dicha omisión fue entendida por la IGJ como una presunción adversa y entendió que se trataba de sociedades simuladas. En ese sentido sostuvo que "la titularidad del 99 por ciento de las acciones de una sociedad local y el lapso ininterrumpido en que se verificó tal omisión, no puede sino acarrear presunción adversa a la legitimidad del accionar de las sociedades extranjeras en las sucesivas adquisiciones accionarias, llevando incluso a presumir que han carecido de real condición de socias del ente societario nacional, toda vez que, en un orden normal de conductas esperables, ellas habrían debido ser las principales interesadas en cumplir con la ley".A esta presunción sobre el carácter simulado de dichas sociedades le sumó otros indicios, como:la inexistencia de sede social, establecimiento o haciendael funcionamiento de las asambleas o reuniones de directorio en el domicilio real de su controlantelas discrepancias entre los libros sociales sobre las verdaderas titularidades accionarias en la sociedad filial. (Fuente: Infobae)
Caso "Biasider SA Nissen: "Valerse de una off shore para hacer negocios es insensato"El ex titular de la IGJ aseguró que la reciente resolución particular del organismo en "Biasider" implica una nueva vuelta de tuerca en el control sobre sociedades fantasmas...

La resolución general de la Inspección General de Justicia 12/05 , dictada por el Dr. Hugo E. Rossi libera de algunos de los requisitos impuestos a las sociedades que son verdaderamente extranjeras. Su propósito es acertado ya que busca facilitar algunos trámites mientras sostiene a la vez los mismos objetivos del ex inspector, Ricardo A. Nissen.La resolución facilita los medios de prueba a aquellas sociedades que realmente mantienen su actividad fuera del país, manteniendo los controles a aquellas sociedades de argentinos que simulan hacerlo. Para ello se admiten elementos probatorios como publicidades comerciales, páginas web y otros.
La idea de la nueva resolución 12/05 es hacer que la renombrada resolución 7/03 no perjudique con mayores trámites cuando es innecesario.La resolución 7/03 dictada por el ex inspector Ricardo Nissen, apuntó justamente a aquellas sociedades off shore nacionales constituidas por argentinos en el exterior para actuar en la argentina y evadir la ley nacional, afirmo el Dr. Molinari.

Mediante la resolución 7/05 de la IGJ se llenó un vacío legal, en materia de entidades extranjeras se trato de asegurar que solo se registren reales sucursales con casa matriz. La intención de la Inspección General con la RG 7/05 ha sido la de recopilar todas las normas de este organismo en un solo cuerpo legal. En este nuevo ordenamiento, que cuenta con 464 artículos, los interesados en la materia encontrarán todas las normas dictadas por la Inspección General de Justicia, desde su misma creación, pero que se mantienen vigentes, en materia de nombre social, domicilio, objeto, capital social e infracapitalización, sociedades de profesionales, confirmación de asambleas, asociaciones civiles y fundaciones, procedimientos, denuncias, y además, plasmadas muchas de las soluciones previstas por este organismo en determinadas resoluciones particulares, como aquellas en donde se resolvió la no inscripción de poderes generales de administración y disposición de todos los bienes sociales en favor de terceros; la inadmisibilidad de la autoconvocatoria por la asamblea de accionistas; la posibilidad de labrar acta de lo sucedido en órganos sociales colegiados en escritura pública, en determinados supuestos; la necesidad de que sea una persona física el representante en la Argentina de las sociedades constituidas en el extranjero, etc.Las nuevas normas plasmadas en la 7/05 vienen a dar respuesta a una gran cantidad de realidades. En ese sentido, la posibilidad de que entidades civiles radicadas en el extranjero pretenden actuar en la Argentina o el tratamiento sobre cámaras, federaciones y confederaciones están contempladas en el nuevo ordenamiento.Nissen (ex inspector de la IGJ) expreso: Mayor control desde la IGJ “Para separar la paja del trigo debimos dictar muchas resoluciones para evitar y frustrar la desviación de este tipo de entidades que muchas veces se constituían al solo efecto de obtener subsidios del Estado o aprovechar ventajas impositivas”.

Cuadro Sinoptico:
Diferentes formas de asociarse para quien desea realizar actividades comerciales en la Argentina

Nota: La información contenida en este sitio no tiene por objeto el asesoramiento jurídico, para lo cual debe consultarse a un abogado. Su autor no garantiza, ni se responsabiliza por el contenido de este nota.

"'É preciso fiscalizar mais'"

"Não chegaram a 100. São 99 as recomendações que o Instituto Português de Corporate Governance apresenta no Livro Branco.
EXPRESSO - As empresas portuguesas são bem governadas?
ARTUR SANTOS SILVA - A nossa avaliação é bastante positiva. Houve uma grande evolução nos últimos cinco anos. Não estamos muito longe das boas práticas das principais empresas cotadas na Europa Continental.
EXP. - Onde se pode melhorar?
A.S.S. - Os administradores não-executivos devem ter mais intervenção no que diz respeito à supervisão, fiscalização e avaliação dos executivos. É desejável que o CA tenha executivos e não-executivos e que estes sejam em maior número. Dentro dos não-executivos tem de haver representantes dos accionistas, mas também independentes. A grande questão é o controlo dos executivos.
EXP. - Como pode ser feito esse controlo?
A.S.S. - Os não-executivos devem escolher os executivos, avaliá-los e todos os anos decidir a sua remuneração. Defendemos que para as empresas de maior dimensão sejam criadas comissões específicas.
EXP. - Quais?
A.S.S. - Dede logo, a de auditoria, que já existe na generalidade das empresas, mas também uma comissão de nomeações, avaliações e remunerações, que reporta ao CA. A AG é que deve definir o montante global limite de remuneração em cada mandato, definindo a percentagem dos lucros que irá para remunerações variáveis. Já para os não-executivos, a remuneração deve ser fixa e contida, de forma a não pôr em causa a sua independência. O que recomendamos é que a fixação das remunerações dos executivos, que hoje é conduzida por uma comissão eleita em AG, passe a ser responsabilidade dos não-executivos. Recomendamos também que seja criada uma comissão de Governo das Sociedades, para avaliar se o sistema é adequado e está a ser bem implementado. Por outro lado, somos contra as comissões de estratégia e de investimento na medida em que a estratégia deve ser definida pela totalidade do CA, tal como as decisões que envolvam riscos significativos para a empresa.
EXP. - É importante que essas comissões tenham independentes?
A.S.S. - Sim, reflectindo a geografia accionista.
EXP: - Os interesses dos minoritários são devidamente defendidos?
A.S.S. - É em função da avaliação que se faz de cada empresa que se pode verificar se esses interesses são defendidos. É fundamental dizer no relatório quais são os administradores independentes e porquê. Isto é, se são independentes dos grandes accionistas, dos administradores executivos e de grandes fornecedores e credores. Se há uma componente muito forte de minoritários, é importante que isso esteja reflectido nos administradores não-executivos. O papel dos institucionais, enquanto accionistas minoritários - seguros, fundos de investimento e pensões - é muito importante. Deviam ter um papel mais activo nas AG, exigindo que as regras que entendem como correctas sejam consagradas. As AG são muito passivas.
EXP. - Os administradores executivos podem ser considerados independentes?
A.S.S. - Os executivos são gestores e são eles que têm de ser avaliados e fiscalizados. Esta matéria da independência só se coloca em relação aos não-executivos. A conclusão a que se chegou no Livro Branco é a de que um terço dos não-executivos são independentes. O que se pede é que, se são independentes, digam lá porquê. Não quisemos apresentar uma definição de independente.
EXP: - E a nível da divulgação das remunerações de cada administrador?
A.S.S. - Defendemos que o relatório anual contenha informação sobre a remuneração atribuída a cada administrador executivo. A informação mínima deveria ser a do presidente e vice-presidente da Comissão Executiva, tal como a do presidente do CA, assim como a do conjunto dos restantes administradores executivos com a indicação do intervalo de remuneração individual.
EXP. - Em todas as empresas do grupo?
A.S.S. - Não só as do grupo mas também nas que são controladas por accionistas de referência.
EXP. - O BCP tem um modelo que não se enquadra nos três previstos no Código das Sociedades Comerciais e a EDP poderá vir a adoptar um idêntico. Que comentário faz?
A.S.S. - Nesses casos haverá que explicar porque é que os modelos são diferentes e depois é o mercado que terá de avaliar essas soluções. O que achamos desejável é que os modelos possam encaixar nos que forem consagrados na lei. Se determinada empresa seguir uma solução diferente, deverá explicar porque é que o fez. Não resisto a dizer que sendo o Estado o maior accionista da EDP, sendo legislador, e tendo consagrado na lei determinados modelos, seria bom que a empresa seguisse um desses modelos." (Isabel Vicente e Pedro Lima - Espresso/Economia, 04/02/2006)

"Escândalo Enron na barra"

"De mãos dadas com a mulher, Kenneth Lay, de 63 anos, fundador da Enron caminhou esta semana em direcção ao tribunal federal norte-americano, na cidade de Houston. Os passos traqnquilos do gestor entravam não só na sala de audiências mas também na história. A falência da Enron passou a fazer parte das páginas de antologia da economia pelo estardalhaço que o gigante americano do sector energético provocou há cinco anos.
Mr. Lay e Jeff Skilling, 52 anos, o outro executivo de topo da Enron, negam as acusações de fraude e conspiração associadas à falência da então sétima maior companhia norte-americana. Mas os gestores terão de ser convincentes. É que as ondas de choque causadas pelo escândalo Enron foram de tal alcance que acabaram por desencadear as reformas na legislação de governo das sociedades, imprimindo uma maior exigência de transparência por parte das administrações.
A maior consequência deste falhanço empresarial foi a aprovação em 2002 da Lei de Sarbanes Oxley, que estabeleceu critérios mais apertados de controlo da contabilidade das empresas, responsabilizando pessoalmente os CEI e os financeiros das empresas. Toda uma linha de conduta acabou por ser seguida em vários países, extravasando as fronteiras dos Estados Unidos.
Um dos advogados a acompanhar o processo da Enron, Jacob Zamansky, disse, citado pelo 'Financial Times', que este julgamento será uma espécie de 'Super Bowl dos julgamentos de casos empresariais', fazendo uma analogia com o mediático campeonato de basebol.
Mais importante, contudo, é a afirmação do jurista quanto às consequências deste julgamento: 'Em termos de combate futuro à fraude económica, é determinante que o Governo vença'. No total, 16 gestores da Enron enfrentam acusações. Só Ken Lay terá de se explicar sobre sete acusações de fraude e conspiração e ainda alegações de que o gestor terá mentido sobre a situação da companhia, que acabou por conduzir à sua falência em Dezembro de 2001.
Já Jeff Skilling mereceu 35 acusações de fraude, utilização de informação privilegiada, conspiração e de falsas declarações aos auditores. Caso não consigam convencer os jurados da sua inocência, estes homens poderão merecer prisão perpétua.
No currículo, Ken Lay ostenta os títulos de amigo de George W. Bush e grande contribuinte de movimentos de caridade. Já Skilling ficou conhecido pelo seu intenso ritomo de trabalho." (Christiana Martins - Espresso/Economia, 04/02/2006)

"Livro Branco da governação contra privilégios do Estado"

"O Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal recomenda que o Estado actue como accionista privado nas empresas em que tem participações, revelou ontem o presidente da comissão que elaborou o documento, Artur Santos Silva. 'O Estado não deve utilizar as empresas como instrumentos de regulação ou política sectorial', refere o documento, cujas linhas mestras foram apresentadas em Lisboa.
Segundo Santos Silva, 'a situação em Portugal, no âmbito da governação das empresas, é, em geral, positiva e registou um grande progresso'. No entanto, constatou-se que 'nenhuma das dez maiores empresas cotadas na bolsa portuguesa e tratadas no Livro Branco cumpre a regra 'uma acção - um voto'', disse. Nas empresas, o número de acções detidas - por não ter correspondência no número de votos - privilegia os accionistas de referência, o que limita a representatividade de alguns institucionais e pequenos investidores. Assim, o Livro recomenda que a cada acção de uma empresa deverá corresponder um voto na sociedade.
O professor Carlos Alves, outro dos elementos que integra a comissão presidida por Santos Silva, está contra as golden share (acções preferenciais) e qualquer blindagem que impeça os mecanismos de mercado de funcionarem, no caso de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).
Num outro passo do documento é defendido um maior relevo para os administradores não executivos das empresas, recomendando-se que tenham poderes para avaliar e fiscalizar os administradores executivos. O documento defende que os não executivos devem fixar as remunerações dos executivos, sublinhou Santos Silva num encontro com a imprensa. O presidente do BPI disse que os trabalhos preparatórios deverão ser atribuídos a uma comissão de avaliação, nomeação e recomendações, cabendo à assembleia geral de accionistas a fixação dos critérios em que deverá basear-se a remuneração.

Divulgar remunerações
O Livro Branco recomenda, por outro lado, que sejam divulgadas as remunerações dos administradores das sociedades, tanto as fixas, como as variáveis, além do valor que possam receber por parte do accionista que representam.
De entre as 96 recomendações do Livro, que foi encomendado pelo Instituto Português de Corporate Governance, consta a abolição das despesas confidenciais, que tem sido seguida pelas empresas portuguesas.
Além disso, defende que os cargos de presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva devem ser exercidos por pessoas distintas. O documento advoga também um modelo de governação que contemple uma comissão de auditoria, além da comissão de avaliação, nomeação e remuneração, mas opõe-se à existência de comissões de estratégia, financeiras ou de investidores, por considerar que são áreas do domínio do conselho de administração.
O Livro Branco confere uma maior importância ao relatório e contas anual da sociedade, bem como à assembleia geral de accionistas." (Público, 04/02/2006)