La implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

En el marco de la regulación legal de las sociedades anónimas y cooperativas europeas en España, tiene especial interés el examen de una norma de reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las mismas.
Es por todos bien sabido que, en el ámbito comunitario, el logro de un tipo societario de dimensión europea ha sido el resultado, tras más de treinta años de deliberaciones, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). No obstante, el fomento de los objetivos sociales de la Comunidad Europea hacían necesarias determinadas disposiciones encaminadas a garantizar que el establecimiento de las sociedades europeas viniera acompañado de normas sobre la implicación de los trabajadores en ellas; y a este fin responde la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a dicha implicación.
Con estas dos normas se cierra un largo y complejo proceso en el que es cita obligada el proyecto de 5.ª directiva relativa a la estructura de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de sus órganos; el proyecto de directiva sobre los procedimientos de información y consulta de los trabajadores de 1980 -conocida como Directiva «Vredeling»-; la decisión de la Comisión Europea, entre los años 1989 y 1991, de separar la regulación jurídica del estatuto de la sociedad anónima europea mediante reglamento, de la relativa a la implicación de los trabajadores mediante directiva –lo que dotó de mayor libertad de acción de los Estados miembros para configurar los modelos de representación y participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las sociedades-; la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria –con la que ya se ensayaron fórmulas de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos transnacionales-; así como el trabajo realizado por un grupo de expertos -grupo «Davignon»-, que sugirió una organización basada prioritariamente en la negociación colectiva y articulada sobre un principio de conservación de los derechos adquiridos antes de la constitución de la sociedad europea, mediante sistemas de participación de los trabajadores en la gestión.
En el marco descrito, la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea ha de ser entendida como la información, la consulta y la participación y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa. Tomando como punto de partida el acuerdo entre las partes, la Directiva 2001/86/CE reconoce los derechos de información y consulta, así como el derecho de participación de los trabajadores en los órganos sociales de la sociedad anónima europea cuando existiera participación previa en las sociedades participantes en su constitución –así sucede en Alemania, en Austria y en los países nórdicos-. Y, en el caso de falta de acuerdo, prevé disposiciones subsidiarias de aplicación obligatoria en lo relativo a los derechos de información y consulta y, en circunstancias tasadas, también a los derechos de participación. Hay que destacar, especialmente, la importancia del acuerdo entre los órganos competentes de las sociedades participantes y la comisión negociadora integrada por representantes de los trabajadores, como forma prioritaria de determinar las normas que han de regir la información, la consulta y la participación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
La Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, en cuya virtud se traspone la Directiva 2001/86/CE, está en consonancia con la configuración constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaciones empresariales y a los sindicatos a la categoría de bases institucionales del sistema (art. 7 CE), y reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37 CE). Por otra parte, y atendiendo a razones de economía legislativa, se ha incluido en esta Ley una disposición adicional atinente a la regulación de la sociedad cooperativa europea, en cuya virtud se traspone la Directiva 2003/72/CE, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Después de todo dicha Directiva responde en su estructura y contenido a los de la Directiva 2001/86/CE, salvo en sus artículos 8 y 9 que contemplan peculiaridades de la sociedad cooperativa europea.
La Ley se estructura en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales. El título preliminar fija el objeto de la norma y las definiciones a los efectos del resto del articulado. El título I, sobre «Disposiciones aplicables a las sociedades europeas con domicilio en España», consta de tres capítulos. El capítulo I regula el procedimiento de negociación que permitirá hacer efectivos los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Europea, y desarrolla todo lo relativo a la constitución y funcionamiento de la comisión negociadora; desarrollo y duración de las negociaciones; contenido del acuerdo y normas supletorias, en defecto de pacto, así como la vigencia, prórroga, denuncia y renegociación del acuerdo. El capítulo II recoge las disposiciones subsidiarias en materia de implicación de los trabajadores en las Sociedades Europeas, y en el capítulo III se regulan otras materias comunes a los otros capítulos -tales como la forma de cálculo del número de trabajadores (art. 21), la confidencialidad de la información (art. 22) o la protección de los representantes de los trabajadores (art. 23)-. El título II está dedicado a la regulación de las disposiciones aplicables a los centros de trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades anónimas europeas con domicilio en cualquier otro Estado miembro. Y, finalmente, el título III regula los procedimientos judiciales aplicables, la potestad jurisdiccional, la competencia, la legitimación de las partes, y contempla el derecho de las partes a acudir a procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.
En relación con las sociedades anónimas y cooperativas europeas, hemos de tener presente lo dispuesto en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las mismas.
Es por todos bien sabido que, en el ámbito comunitario, el logro de un tipo societario de dimensión europea ha sido el resultado, tras más de treinta años de deliberaciones, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE). No obstante, el fomento de los objetivos sociales de la Comunidad Europea hacían necesarias determinadas disposiciones encaminadas a garantizar que el establecimiento de las sociedades europeas viniera acompañado de normas sobre la implicación de los trabajadores en ellas; y a este fin responde la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a dicha implicación.
Con estas dos normas se cierra un largo y complejo proceso en el que es cita obligada el proyecto de 5.ª directiva relativa a la estructura de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de sus órganos; el proyecto de directiva sobre los procedimientos de información y consulta de los trabajadores de 1980 -conocida como Directiva «Vredeling»-; la decisión de la Comisión Europea, entre los años 1989 y 1991, de separar la regulación jurídica del estatuto de la sociedad anónima europea mediante reglamento, de la relativa a la implicación de los trabajadores mediante directiva –lo que dotó de mayor libertad de acción de los Estados miembros para configurar los modelos de representación y participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las sociedades-; la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria –con la que ya se ensayaron fórmulas de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos transnacionales-; así como el trabajo realizado por un grupo de expertos -grupo «Davignon»-, que sugirió una organización basada prioritariamente en la negociación colectiva y articulada sobre un principio de conservación de los derechos adquiridos antes de la constitución de la sociedad europea, mediante sistemas de participación de los trabajadores en la gestión.
En el marco descrito, la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea ha de ser entendida como la información, la consulta y la participación y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa. Tomando como punto de partida el acuerdo entre las partes, la Directiva 2001/86/CE reconoce los derechos de información y consulta, así como el derecho de participación de los trabajadores en los órganos sociales de la sociedad anónima europea cuando existiera participación previa en las sociedades participantes en su constitución –así sucede en Alemania, en Austria y en los países nórdicos-. Y, en el caso de falta de acuerdo, prevé disposiciones subsidiarias de aplicación obligatoria en lo relativo a los derechos de información y consulta y, en determinadas circunstancias tasadas, también a los derechos de participación. Hay que destacar, especialmente, la importancia del acuerdo entre los órganos competentes de las sociedades participantes y la comisión negociadora integrada por representantes de los trabajadores, como forma prioritaria de determinar las normas que han de regir la información, la consulta y la participación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
La Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, en cuya virtud se traspone la Directiva 2001/86/CE, está en consonancia con la configuración constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaciones empresariales y a los sindicatos a la categoría de bases institucionales del sistema (artículo 7 de la Constitución Española), y reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos (artículo 37 de la Constitución Española). Por otra parte, y atendiendo a razones de economía legislativa, se ha incluido en esta Ley una disposición adicional atinente a la regulación de la sociedad cooperativa europea, en cuya virtud se traspone la Directiva 2003/72/CE, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Después de todo dicha Directiva responde en su estructura y contenido a los de la Directiva 2001/86/CE, salvo en sus artículos 8 y 9 que contemplan peculiaridades de la sociedad cooperativa europea.
La Ley se estructura en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales. El título preliminar fija el objeto de la norma y las definiciones a los efectos del resto del articulado. El título I, «Disposiciones aplicables a las sociedades europeas con domicilio en España», consta de tres capítulos. El capítulo I regula el procedimiento de negociación que permitirá hacer efectivos los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Europea, y desarrolla todo lo relativo a la constitución y funcionamiento de la comisión negociadora; desarrollo y duración de las negociaciones; contenido del acuerdo y normas supletorias, en defecto de pacto, y la vigencia, prórroga, denuncia y renegociación del acuerdo. El capítulo II recoge las disposiciones subsidiarias en materia de implicación de los trabajadores en las Sociedades Europeas, y en el capítulo III se regulan otras materias comunes a los otros capítulos -tales como la forma de cálculo del número de trabajadores (art. 21), la confidencialidad de la información (art. 22) o la protección de los representantes de los trabajadores (art. 23)-. El título II está dedicado a la regulación de las disposiciones aplicables a los centros de trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades anónimas europeas con domicilio en cualquier otro Estado miembro. Y, finalmente, el título III regula los procedimientos judiciales aplicables, la potestad jurisdiccional, la competencia, la legitimación de las partes, así como contempla el derecho de las partes a acudir a procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.

Sylvia Gil Conde

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

La protección de los consumidores y usuarios en España. Comentario de la Ley 44/2006

En relación con la protección de los consumidores y usuarios en España, es preciso referirnos a las mejoras introducidas recientemente en este campo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre (BOE 30 diciembre).
La presente Ley tiene por objeto introducir ciertas modificaciones en nuestra legislación sobre defensa de consumidores con dos objetivos muy claros. Uno de ellos es el de incorporar una serie de mejoras en la protección de los consumidores que en el momento presente se han calificado como necesarias. Y, el otro, es el dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70/2003), en la que se declaró que España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Por lo que se refiere a esta última cuestión, el Tribunal de Justicia considera que no se han adaptado correctamente a nuestro Derecho interno los artículos 5 y 6, apartado 2, de la directiva mencionada. Concretamente, ésta fue incorporada mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, en cuya virtud se modificó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En relación con el artículo 5, antes indicado, aunque en el mismo se establece la regla de interpretación más favorable a los consumidores de las cláusulas de los contratos celebrados por éstos, dicha regla no será aplicable en el marco de los procedimientos correspondientes a las acciones de cesación que establece el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva. En cambio, en nuestro ordenamiento jurídico no se incluyó restricción alguna en relación con las acciones colectivas de cesación (ex art. 10.2 LGDCU y art. 6 LCGC). Como advirtió el Tribunal de Justicia, «la distinción que establece el artículo 5 de la directiva, en lo que atañe a la regla de interpretación aplicable, entre las acciones que implican a un consumidor individual y las acciones de cesación, que implican a las personas u organizaciones representativas del interés colectivo, se explica por la distinta finalidad de ambos tipos de acciones. En el primer caso, los tribunales u órganos competentes han de efectuar una apreciación in concreto del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato ya celebrado, mientras que, en el segundo caso, les incumbe efectuar una apreciación in abstracto del carácter abusivo de una cláusula cuya posible inclusión se prevé en contratos que todavía no se han celebrado. En el primer supuesto, una interpretación favorable al consumidor individualmente afectado beneficia inmediatamente a éste. En el segundo supuesto, en cambio, para obtener con carácter preventivo el resultado más favorable para el conjunto de los consumidores, no procede, en caso de duda, interpretar la cláusula en el sentido de que produce efectos favorables para ellos. De este modo, una interpretación objetiva permite prohibir con mayor frecuencia la utilización de una cláusula oscura o ambigua, lo que tiene como consecuencia una protección más amplia de los consumidores». Motivo por el cual resulta necesaria la modificación de los artículos 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 6 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, para matizar que el principio de interpretación favorable al consumidor de las cláusulas oscuras sólo se va a aplicar en los supuestos en los que se ejerciten acciones individuales.
Y, por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, en el mismo se dispone que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección que ofrece la presente directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad». La incorporación al Derecho español de esta norma -mediante el art. 10 bis, apartado 3 LGDCU, y el art. 3.2 LCGC- ha supuesto, en opinión del Tribunal, la introducción en este ámbito de una restricción incompatible con el nivel de protección fijado en la Directiva 93/13/CEE, cuyo ámbito de aplicación material de la protección al consumidor abarca a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. Con el fin de cumplir con este aspecto de la sentencia se ha tenido en cuenta que la regulación del artículo 6 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación se dirige no tanto a los consumidores como a las relaciones entre empresarios o profesionales, por lo que se matiza que los supuestos en los que el adherente sea un consumidor su regulación se encuentra en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios -cuyo art. 10 bis, apartado 3 se aproxima a la del precepto de la Directiva 93/13/CEE-.
Asimismo, como antes indicamos, esta Ley pretende incrementar la protección del consumidor en diferentes ámbitos, introduciendo modificaciones destinadas a regular aspectos esenciales de las relaciones jurídico privadas con los consumidores. Para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato, se prohíben las cláusulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato -en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales-.
En el ámbito de los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado –uno de los principalmente afectados por este tipo de prácticas-, se determina el procedimiento para ejercitar este derecho, pudiendo hacerse en la misma forma en que se contrató, sin sanciones o cargas. Junto a ello, se contempla la integración del contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Asimismo, se establece la necesidad de que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales, evitándose de este modo ciertas prácticas por las que el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no sólo suponen costes adicionales a los consumidores, sino una retribución adicional al operador, mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
La protección del consumidor adquirente de vivienda se acomete calificando como abusivas las cláusulas que les trasladen gastos que corresponden al vendedor –tales como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda (enganche del suministro de agua, alcantarillado, etc)-.
En otro orden de cosas, se clarifican las modalidades de cálculo del precio de los contratos, evitando la facturación de servicios no prestados efectivamente. En materia contractual, se determina en el artículo 10 bis 1 la equiparación entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas expresamente con idénticos efectos para los usuarios. Se suprime, una vez constatada su ineficacia para prevenir la imposición al consumidor de arbitrajes distintos del Sistema Arbitral de Consumo, el artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de manera que reconducen, en el artículo 31, los pactos de sumisión al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente el alcance de su decisión, esto es, aquél en el que surge la controversia. Se facilita el ejercicio de las acciones en defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, y se amplía la concedida al Instituto Nacional del Consumo para el ejercicio de acciones de cesación. Se modifica la regulación del capítulo VI de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para establecer la regulación específica básica a que quedan sometidas las asociaciones de consumidores, conforme a la actual distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y, finalmente, en relación con el contrato de aparcamiento de vehículos, se determinan legalmente los requisitos que debe contener el justificante o resguardo que debe entregar el titular del aparcamiento, así como las formas admisibles de cálculo del precio que debe pagar el consumidor en los estacionamientos rotatorios.

Sylvia Gil Conde

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

"Turismo é o sector com mais conflitos de consumo internacionais"

"Mais de metade (61 por cento) das 861 reclamações recebidas em 2006 pelo Centro Europeu do Consumidor (CEC) dizem respeito ao sector turístico. O elevado número de conflitos neste campo, em crescimento constante ao longo dos últimos anos - 2005 é a excepção, com uma pequena quebra - é explicado pela quantidade substancial de conflitos no transporte aéreo, representando 78 por cento do total do sector. Curiosamente, a maioria dos problemas estão relacionados com perda, extravio ou atraso de bagagens. Estas matérias, lembra o CEC, foram excluídas da regulamentação comunitária aprovada em 2004 para o sector do transporte aéreo.
A compra dos chamados 'electrodomésticos castanhos' (material vídeo e áudio e informática), com 18 por cento de reclamações, é a segunda categoria mais reclamada. Neste campo, constata-se que é crescente o número de consumidores que recorrem ao CEC para pedir aconselhamento ou assistência em problemas com a compra de máquinas fotográficas, software ou acessórios de computador em sites estrangeiros.
A aquisição de veículos automóveis (11 por cento) e o timeshare (direitos reais de habitação periódica, 10 por cento) completam a lista das áreas de actividade com maior conflitualidade transfronteiriça. Aquela estrutura realça que o timeshare, em queda desde 2005, voltou a registar um aumento do número de casos no ano passado.
Segundo o relatório anual do CEC referente a 2006, os serviços do centro receberam 1432 solicitações, das quais 861 diziam respeito à compra de bens ou serviços. A Espanha é, de longe, o país mais envolvido em conflitos de consumo transfronteiriços, com quase 250 processos de reclamação contra empresas nesse território. França, Alemanha e Reino Unido aparecem nas posições seguintes, com um número de casos por país superior a 50 mas inferior a 100.
No que se refere ao tipo de problemas tratados pelo CEC, 40 por cento prendem-se com a não entrega do produto ou serviço contratado e pago - a perda ou extravio de bagagem no transporte aéreo contribui substancialmente para o elevado número de reclamações. A qualidade dos bens adquiridos (defeituosos ou não terem as características anunciadas) é responsável por 22 por cento dos problemas. As questões contratuais (possibilidade de resolução do contrato e cumprimento dos prazos de reflexão na venda à distância) ocupam o terceiro lugar e representam 20 por cento das situações.
A compra pela Internet é a opção preferida dos compradores (52 por cento). O correio electrónico é também o meio de contacto com o CEC escolhido pela maioria dos interessados (49 por cento).
O Centro Europeu do Consumidor é uma estrutura criada pela Comissão Europeia e pelo Instituto do Consumidor para dar apoio aos cidadãos europeus envolvidos em conflitos de consumo transnacionais. Ou seja, ajuda a resolver problemas que envolvem cidadãos portugueses noutros países europeus onde existem centros congéneres (actualmente, em 23 estados-membros da União Europeia) ou consumidores europeus que visitam Portugal e se debatem com situações conflituais em matéria de consumo.
A sede é na Praça do Duque de Saldanha, 31, 1.º, 1069-315 Lisboa, podendo ser contactado através do tel. 21.356.47.50 ou pelo e-mail euroconsumo@ic.pt ou em www.consumidor.pt/cec/." (Carlos Pessoa - Público, 19/03/2007)

STJ aumenta indenização à família de mulher que morreu após ser revistada em supermercado

Durante uma revista no supermercado Hiper-Líder, no Pará, Rejane Maria Silva Bezerra teve os pontos de uma cirurgia rompidos e morreu algum tempo depois, devido a uma infecção. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a empresa deve ser responsabilizada e tem de indenizar a família dela. A decisão seguiu o voto do relator, ministro Aldir Passarinho Junior.
Em junho de 1995, Rejane foi acusada de furto por uma funcionária e levada juntamente com os filhos e a sogra para um local reservado. Lá uma funcionária do supermercado a revistou, o que provocou o rompimento de pontos cirúrgicos que sustentavam uma sonda abdominal – cujo volume causou o engano da segurança da loja – usada pela vítima devido a uma cirurgia a que havia se submetido. Posteriormente, Rejane teve grave infecção, vindo a falecer em agosto do mesmo ano. Segundo relatos de outros clientes do estabelecimento, ela também teria sido humilhada, chamada de "ladra" e "safada".
O marido e os filhos ingressaram na Justiça, pedindo indenização por danos morais e materiais, com base no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Também fundamentaram a solicitação nos artigos 6º, 12 e 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que obrigam os fornecedores de serviços e seus contratados e representantes a garantir a qualidade e segurança para o consumidor. A família exigiu, ainda, o ressarcimento das despesas médicas e do funeral e por lucros cessantes – já que Rejane tinha um pequeno negócio de confecções – e o pagamento de pensão para os filhos, menores, da vítima.
Na contestação, a defesa do supermercado alegou inicialmente que a família não teria legitimidade para propor a ação, e sim o espólio de Rejane. Portanto o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito, como previsto nos artigos 265 e 295 do Código de Processo Civil. Afirmou também que não seria possível haver lucro cessante já que não houve comprovação da atividade da falecida. A defesa alegou que o pedido da família seria ilegal, com uma astronômica e indevida indenização e que o pedido teria sido feito de forma temerária. Contestou, ainda, a aplicação do CDC, pois o estabelecimento comercial teria o direito de fiscalizar. Por fim, afirmou que não haveria nexo de causalidade [relação de causa e efeito] entre a morte da vítima e a revista a que foi submetida. O óbito teria ocorrido pelo péssimo estado de saúde de Rejane, paciente terminal de câncer, conforme comprovava atestado médico.
O supermercado também apresentou pedido de reconvenção [réu demanda o autor, no mesmo processo em que por ele é demandado, por obrigação análoga, para opor direito que altere ou elimine a pretensão] no valor de R$ 700 mil. Matérias publicadas em jornais locais teriam sido danosas para a imagem da empresa.
Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, sendo fixada em 3,6 mil salários mínimos. Ambas as partes apelaram. O supermercado, contestando que a obrigação de pagar os honorários não tivesse sido partilhada, já que os familiares conseguiram apenas parte do que havia sido pedido. A família, questionando que somente o pedido de danos morais tenha sido aceito e os demais rejeitados.
O Tribunal de Justiça do Pará acabou reformando a sentença para incluir também as despesas com funeral e uma pensão alimentícia de um salário mínimo para cada filho até que eles completassem 21 anos, mas negou o ressarcimento das despesas com remédios e com as internações. Os desembargadores reduziram a indenização devida pelo supermercado para 300 salários mínimos.
Diante da decisão, ambas as partes interpuseram recurso especial ao STJ. A família de Rejane insistiu no pedido de ressarcimento dos remédios e despesas médicas e afirmou que a decisão do tribunal foi diferente do pedido, já que foi arbitrada uma quantia certa para a indenização e não o lucro cessante.
Em seu voto, o ministro Aldir Passarinho afastou os argumentos apresentados pelo supermercado. Considerou que rever as despesas de funeral, o nexo de causalidade entre a morte de Rejane e o dano moral causado ao estabelecimento comercial com as publicações jornalísticas exigiriam análise de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ.
Em relação ao recurso da família da vítima, o ministro concordou que a decisão da Justiça paraense deveria ser modificada. Segundo explica, não cabe a fixação da indenização com base no Código Brasileiro de Telecomunicações, além disso há a circunstância peculiar de o fato ter ocorrido em decorrência de ato abusivo de funcionário do estabelecimento, que, além de se equivocar ao atribuir um possível furto à cliente que não o praticou, ainda realizou revista de forma abrupta, o que acarretou o agravamento do já muito precário estado de saúde da vítima, que faleceu algum tempo depois. Assim, aumentou o valor da indenização de 300 salários mínimos para R$ 280 mil (atualizáveis a partir do julgamento pelo STJ).

GM deve indenizar comprador de caminhonete com defeito nos freios

A General Motors do Brasil terá de pagar R$ 35 mil, o equivalente a cem salários mínimos, a título de indenização por danos morais ao comprador de uma caminhonete modelo Bonanza que apresentou defeito nos freios. O valor da indenização foi fixado inicialmente em R$ 112 mil, mas foi reduzido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que considerou esse montante excessivo.
O veículo com defeito foi adquirido em janeiro de 1993, em uma concessionária em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em junho do mesmo ano, onze dias após a caminhonete passar pela revisão de 2.500 km, o proprietário viajou com a família. Ao acionar os freios depois de uma tentativa frustrada de ultrapassagem, o proprietário sentiu uma sacudida brusca na parte traseira do veículo, seguida por cantada de pneu e fumaça. O carro ficou desgovernado, invadiu a pista contrária e bateu em um carro que trafegava no sentido oposto. Um pneu da caminhonete estourou, e o veículo desceu aproximadamente 30 metros da encosta. Os passageiros tiveram lesões de leve a grave.
Após o acidente, a caminhonete foi levada à concessionária, onde o proprietário foi informado de que seria impossível a realização de perícia pela montadora. Em janeiro de 1994, sete meses após a colisão, a GM do Brasil publicou nos principais jornais do país a chamada dos proprietários de caminhonetes Bonanza para substituição dos componentes do sistema traseiro de freios, prática conhecida como recall.
Diante desses fatos, a Justiça de primeiro grau condenou a montadora, a concessionária e a seguradora a ressarcir, com correção monetária, todos os gastos do proprietário do veículo em decorrência do acidente e a pagar indenização por danos morais no valor mil salários mínimos (R$ 112 mil).
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento a todos os apelos, mantendo a condenação, e ainda aplicou multa à montadora por considerar os embargos declaratórios apresentados meramente protelatórios, ou seja, com o único objetivo de prorrogar o cumprimento da sentença.
No recurso ao STJ, a GM do Brasil alegou faltarem provas de que o acidente teria sido provocado pelo defeito no veículo já que a perícia técnica não foi realizada e que a culpa teria sido do proprietário ao tentar a ultrapassagem. Sustentou ainda ausência dos pressupostos para reparação material e moral. Pediu afastamento da multa em razão dos embargos e redução da indenização por danos morais para cem salários mínimos.
Para o relator do caso, ministro Hélio Quaglia Barbosa, não cabe ao consumidor produzir a prova uma vez que ele não tem conhecimento técnico. Além disso, o próprio recall da montadora comprova o defeito de fabricação dos freios, e a revisão de provas é vedada pela Súmula 7 do STJ. Analisando os autos, o ministro também não encontrou culpa do proprietário, que tentou uma ultrapassagem obedecendo às normas de trânsito.
O recurso especial da montadora foi provido em parte para afastar a multa pela apresentação de embargos, que o relator considerou ter o propósito de prequestionamento e não protelatório. Ainda, por considerar a indenização excessiva, o valor foi reduzido para cem salários mínimos. A decisão da Quarta Turma foi unânime.

Fonte: Informativo STJ.

Shell consegue que seja revisto pela Justiça do RJ valor a ser pago a empresa de transporte

A Justiça fluminense terá de apurar os lucros que a Sulbraz Transportes e Terraplanagens Ltda deixou de ganhar da Shell Brasil S/A. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo o entendimento do ministro Ari Pargendler, anulou, a partir da sentença, o processo que corre no Rio de Janeiro, para que outra decisão seja tomada diferenciando lucro de faturamento.
Segundo os autos, a Sulbraz Transportes e Terraplanagens Ltda. e Transgama Transportes S/A, sucedida por Shell Brasil S/A, firmaram contrato de prestação de serviços de transportes rodoviários de derivados líquidos de petróleo e de álcool. Apesar da existência de cláusula de rescisão do contrato, que obriga notificação com a antecedência de trinta dias, a Shell Brasil deixou de utilizar os serviços contratados. O fato levou a Sulbraz Transportes a entrar com ação na Justiça requerendo indenização por perdas e danos.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente em parte, condenando a Shell ao pagamento de indenização de R$ 307.937,50, bem como da multa contratual da ordem de R$ 47.375,00, totalizando, pois, R$ 355.312,50, quantia essa a ser atualizada desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação – mais honorários de advogado à base de “15% sobre o valor da condenação”.
Shell entrou com recurso no tribunal estadual pedindo que, “alternativamente, em caráter subsidiário, seja reduzido o valor da indenização por lucros cessantes para, diferenciando-se lucro de faturamento, utilizando-se dos mesmos parâmetros adotados pela Receita Federal para verificação do lucro presumido, qual seja, 8% do faturamento, fixar a indenização com base em apenas um mês R$ 3.790,00, ou que seja adotado o raciocínio da sentença e a fixe em R$ 24.615,00”.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a sentença. “Muito embora, na inicial, o pedido específico de 'lucros cessantes' tenha sido quantificado em R$ 72.455,52, há pedido abrangente de 'perdas e danos', que engloba tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes”, afirma a decisão. Entendeu, assim, ser a verba indenizatória razoável, tendo levado em conta a média de faturamento dos meses nos quais vigorou o contrato, atendendo à multa contratualmente ajustada.
A decisão levou a Shell a recorrer ao STJ. Pretende, com o recurso especial, que seja esclarecida a confusão entre lucro e faturamento. Defende, ainda, ser impossível acumular-se cláusula penal e perdas e danos.
No julgamento da questão na Terceira Turma, o relator, ministro Castro Filho, afastava as alegações da empresa, entendendo que os R$ 72.455,52 referiam-se aos lucros cessantes mensais, que serviriam de base de cálculo do valor da condenação depois de fixada a data da rescisão contratual. Pelo voto do relator, a decisão da Justiça fluminense ficaria mantida.
O ministro Ari Pargendler, no entanto, apesar de concordar com esse ponto específico do voto do ministro Castro Filho, entendeu que foi apreciada pelas instâncias ordinárias tanto a confusão entre lucro e faturamento quanto a questão da impossibilidade de cumulação da cláusula penal e de perdas e danos. “Adotando o faturamento para mensurar o lucro, o TJ-RJ suscita naturalmente questão emergente do artigo 1.059 do Código Civil, a de que ‘as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar’; por outro lado, se condena o devedor ao pagamento de lucros cessantes e, concomitantemente, aplica a cláusula penal, pré-questionado está o artigo 918 do Código Civil, a cujo teor ‘quando se estipular cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor’”, explica o ministro Pargendler.
Ora, não se pode confundir faturamento com lucro”, destaca o ministro. “Como todo negócio empresarial, as prestadoras de serviços de transportes têm despesas operacionais (salários, equipamentos, impostos, depreciação do ativo, imobilizado etc), mais os riscos próprios do negócio (acidentes, consertos etc). Só depois de deduzidos esses custos, pode-se falar em lucro propriamente como tal”, continua. Assim, entende, a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias não pode ser mantida.
O entendimento do ministro Ari Pargendler foi o que prevaleceu no julgamento.

Fonte: INformativo STJ