Una investigación realizada por la Fiscalía General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a cargo de Alejandra Gils Carbó, reveló serias irregularidades en el trámite de 100 acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) presentados ante la Justicia para su homologación.
Así, se advierte un 54% de casos en que se ofrecen quitas superiores al 65% del crédito –el máximo legal permitido–. En un 26% de los casos, la quita ofrecida supera el 80% del crédito y se observa un 18% de propuestas con quitas que, en su mayoría, oscilan entre el 40 al 60 por ciento.
Asimismo, en 56% de los casos no se exhibe documentación alguna para acreditar la existencia y legitimidad de los créditos; en otro 26% de los casos no se exhibe ninguna documentación y sólo en un 16% exhiben los títulos de los acreedores que votan el acuerdo. En ningún caso se acredita su existencia y legitimidad con la debida sustentación.
También se realizaron acuerdos para créditos privilegiados laborales. En ningún supuesto se acreditó la existencia y legitimidad de los créditos invocados para formar mayoría y fueron homologados ante la ausencia de oposición.
"Así es posible burlar el cumplimiento de las leyes laborales,merced a la voluntad de sujetos que invocan créditos cuya existencia y legitimidad no le consta a los afectados ni a los jueces", señala el informe al que accedió infobaeprofesional.com.
Perjudicados
En los cien casos registrados en la investigación, "las víctimas predilectas son los acreedores laborales, los bancos y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", advierte Gils Carbó. Así, se señala que:
- A un abogado que no es experto en materia concursal le puede resultar muy difícil desentrañar el engaño del cual está siendo objeto su cliente. Además, la inferioridad de negociación de los trabajadores facilita la celebración de acuerdos en los cuales votan quienes están en relación de dependencia, para mutilar los créditos de los que fueron despedidos, sin que ello pueda detectarse ante la ausencia de un síndico concursal.
- Los créditos bancarios también son mutilados mediante el voto de personas cuya identidad los bancos no logran constatar, porque no se enteran del proceso o porque no hallan en el expediente información para advertir la maniobra y elaborar una impugnación por fraude.
- En tanto, la AFIP, luego de fracasar en sucesivas oposiciones y planteos de inconstitucionalidad, está promoviendo a través del Ministerio de Economía un proyecto de ley para que lo excluyan del APE.
Metodología
Esta consistiría en presentar una propuesta con importante quita y espera, publicar los edictos y si se presentan oposiciones –"lo que es improbable debido a que ningún ciudadano común lee los edictos", señala la investigación– se negocia con los reticentes para obtener el desistimiento de la impugnación o el recurso.
A tal fin, se ofrecen ventajas especiales –que no percibirán los acreedores que quedan sometidos al acuerdo– para que retire sus objeciones contra el acuerdo, lo que está prohibido por el artículo 180 del Código Penal.
Abusos
En un primer grupo de acuerdos se presentaron seis APE con distintos abogados, que responden a una dirección común. En dichos casos se habría seguido la estrategia de obtener la aprobación de propuestas abusivas "con acreedores evidentemente ficticios porque se repiten en los diversos expedientes", aunque las empresas deudoras no están conectadas por su actividad ni económicamente.A tal fin, los acreedores invocan créditos por mutuo que no tienen las características de una operación celebrada con propósito comercial, ya que se prestan elevados montos, sin garantías, en documentos que carecen de fecha cierta.
En algunos casos, se trata de préstamos millonarios en dólares otorgados por sociedades offshore; en otros, los prestamistas son sociedades anónimas nacionales, habiéndose determinado en sede penal que los directivos inscriptos ante la Inspección General de Justicia no conocían a los representantes presentados en el expediente.
También abundan los créditos por servicios profesionales sin debida justificación. Incluso, los mismos abogados patrocinantes del APE aparecen en algunos casos votando la propuesta, invocando no sólo honorarios profesionales sino un préstamo.
Fraude
En otro caso (Anedra SA), el abogado habría obtenido la homologación de un APE sin contar con las mayorías legales. Para ello, se habría invocado la conformidad de un acreedor que representaba el 63,6% del pasivo, cuyo contenido muestra que se trata de un contrato bilateral que no contiene ninguna referencia al APE. A tal fin, se lo habría enmascarado como una opción de la propuesta denominada "pago mediante contratación de servicios". Ante el éxito obtenido al lograr la homologación de este APE, se habría repetido el procedimiento de adjuntar contratos bilaterales certificados por escribano, en lugar de la conformidad a la propuesta.
Aquí es donde se advierte el aprovechamiento de las deficiencias de la regulación legal: al notificarse a los acreedores por edictos, nadie se entera, nadie se opone y el juez homologa ante la falta de oposición, sin advertir que no están las mayorías legales porque nadie se lo señaló y la sentencia de homologación queda firme.
En estos casos, la fiscalía planteó la nulidad absoluta de los acuerdos homologados y la denuncia penal por estafa procesal.
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