A propósito de horarios, farmacias y la Forza Antitrust Italiana.

Desde comienzos del mes se viene debatiendo en Italia sobre la (des)regulación de los horarios de las farmacias. El tema surgió a consecuencia de una segnalazione de la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), en la cual se llama a los gobiernos regionales para que:

• Se elimine el límite de horas máximas de apertura diaria o semanal.
• Se eliminen los días de cierre obligatorio dominicales, por festividad y entresemanales.
• Se elimine el límite mínimo de feriados anuales·
• Se eliminen las disposiciones, tanto regionales y comunales, que establecen la uniformidad de los horarios de apertura.
• Se evite que las decisiones de la administración local no sean condicionadas a la intervención de los organismos representantes de las farmacias o de los farmaceuticos.

Ciertamente el debate sobre las reglamentación de las farmacias en Italia no es reciente. Ya en 1998 la AGCM se había referido a diversas normas restrictivas de la competencia. Para quienes no se llevan bien con el italiano, una versión en inglés del comunicado de 1998 lo encuentran aquí, dentro del site de un grupo denominado de manera bastante ilustrativa: Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (Movimiento Nacional de Farmacéuticos Libres).

Algunas asociaciones, como Federfarma Ascoli, aceptan la liberalización de los horarios, pero sólo si se evita que al amparo de este nuevo derecho las farmacias de turno obligatorio no dejen de atender o que se perjudiquen las pequeñas farmacias rurales ante la existencia de mayor competencia. Si entiendo bien entonces, se le dice sí a los horarios libres, siempre y cuando se asegure la existencia de una oferta determinada obligatoria, lo que sería equivalente a que existan otras vías por las cuales se logre lo mismo que se obtiene con los horarios regulados.

El debate español.
Los italianos pueden ir no muy lejos de su propio continente y preguntarle a los españoles qué cosa han hecho y dicho sobre el tema de las farmacias y los horarios. A continuación algo de lo que en España se ha dicho.
Jorge Valín del Instituto Juan de Mariana, en un artículo titulado "Más farmacias no significan un mercado libre" escribe:

La Comisión Europea (CE) solicita a España que se liberalicen las farmacias equiparándolas al resto de comercios. Para la CE el sistema español es discriminatorio y no reúne las condiciones necesarias para abastecer a todos los ciudadanos. El gobierno español tiene dos meses para contestar a Europa. La advertencia ya fue lanzada también a Italia, y el gobierno de Romano Prodi lo está intentando con las quejas de costumbre. Evidentemente no provienen de los consumidores, sino de farmacéuticos que ven como sus abultados márgenes de beneficios pueden empezar a caer en beneficio de la competencia y el consumidor.

Como siempre, la CE no tiene idea alguna de lo que significa liberalizar. Liberalizar no significa introducir más empresas en un sector sino desregular, abolir leyes, impuestos y abrir el mercado a cualquiera que quiera arriesgar su capital en montar un negocio. Es el consumidor el auténtico soberano y sólo él ha de decidir qué empresa sigue y cuál cierra, qué productos se han de vender y cuáles no. En definitiva, somos nosotros quienes hemos de condicionar la oferta y no un funcionario de Bruselas (07/09/2006).

Por otro lado, en el Blog español Ajopringue leemos dedicado en general al tema de la libertad de horarios, pero que bien se aplican al tema de los horarios de las farmacias. De él se puede extraer lo siguiente:

Los argumentos que suelen esgrimir los que están en contra de la libertad de horarios comerciales se centran en la indefensión del pequeño comerciante frente al grande y la “explotación” de los trabajadores. No obstante siempre omiten mencionar al rey del mercado: el cliente. Al fin y al cabo todos somos consumidores finales, incluidos los pequeños comerciantes y los trabajadores. Y si atendemos a las encuestas, la mayor parte de los ciudanos contemplan con buenos ojos esta liberalización. Las restricciones a la libertad de horarios va en el sentido opuesto a los nuevos hábitos sociales. Cada vez más hogares tienen todos sus miembros trabajado, por lo que se incompatibilizan los horarios laborales y los horarios comerciales.

Desde una óptica liberal el Estado no debe injerir en los acuerdos a los que libremente han llegado un grupo de ciudadanos. Si un proveedor decide vender un bien o servicio a un cliente el Estado no debe inmiscuirse en el día y la hora en la que deciden llevar a cabo dicha transacción.

Desde el punto de vista económico todo son ventajas a la liberalización comercial, ya que con las mismas instalaciones se puede atender a un público mayor. Este principio lo vienen aplicando todos los grandes centros de producción, muchos de los cuales funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. Al producirse las ventas en un período de tiempo más amplio se simplifica la gestión de almacenes. También se pueden reducir costes al producirse economías de escala por el mayor volumen de las ventas.

Por último debe atenderse también a la discriminación que se produce con respecto a otros productos. Todos podemos comprar una serie de productos cualquier día del año en cualquier momento. No hace falta recurrir a los ejemplos de las tiendas virtuales de internet, tenemos ejemplos mucho más cercanos, como el ocio, los hidrocarburos, la electricidad o el teléfono (10.05.04).

A estas ideas desarrolladas a partir de la libertad de empresa y libertad de elección del consumidor se les oponen, por ejemplo, las reflexiones de Ignacio Cruz Roche en un artículo publicado en El País el 04.09.2004. Entre ellas se pueden leer los siguientes extractos:

La regulación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada...aunque desde un punto de vista económico no es el principal problema a que se enfrenta el comercio, sí que tiene una gran importancia política, ya que afecta a la configuración del modelo de vida de los ciudadanos en general y a la forma concreta de desarrollar su actividad por parte de los comerciantes y los empleados del comercio.

...la mayoría de los consumidores no parecen precisar horarios más amplios de los actualmente existentes, en los que encuentran una oferta suficiente para su abastecimiento.

La generalización de la apertura en festivos supondría que una gran parte de la población no pudiera compartir su ocio con el de sus familias. Por otra parte, el atractivo laboral de estos empleos en el comercio con la necesidad de trabajar en fines de semana, los harían menos interesantes para los nuevos demandantes de trabajo, haciendo más difícil la incorporación de los más jóvenes y de las personas más formadas.

Y volviendo sobre el caso particular de las farmacias también están quienes no consideraron necesaria la libertad de horarios, pues precisan que ello no conlleva a negocios más rentables, que la comodidad de cara al usuario es una de las razones que justifican que haya farmacias que no cierran nunca sus puertas pero que su existencia no responde a una necesidad sanitaria y que los horarios estaban perfectamente regulados por los colegios profesionales por lo que éstos deberían volver a ser los que coordinen las guardias, ya que la no obligatoriedad de realizarlas supone un problema.

Yo me quedo con lo que dice el español Xavier Xala-i-Martin:

Ah! Por cierto, todo este debate puede acabar siendo inútil dado que la introducción de las nuevas tecnologías hará que todos estemos funcionando 24 horas al día...diga lo que diga la regulación del gobierno.

Más información:

• En el Perú, el horario habitual de atención en las farmacias o boticas es determinado libremente por su propietario. (Art. 42 del D.S. 021-2001-SA "Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos").
• Se encuentra disponible en línea un informe económico titulado "The Economics of Germany's Shop Closing Hours Regulation".
• Vía Wikipedia se puede uno enterar qué días no atienden los comercios en ciertos países.

Libertad de decisión empresarial en el Derecho uruguayo, por Carlos López Rodríguez

Esta libertad, tiene una proyección fundamentalmente interna, referida a la organización empresarial, y una proyección externa, referida a la libertad de competencia [1].
* Libertad de asociación
En el artículo 39 de la Constitución uruguaya se consagra la libertad de asociación:
“Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la Ley”.
El artículo 22 de la Constitución española establece:
“1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.
* Libertad de competencia
Hasta el triunfo de la ideología liberal consagrado con la Revolución Francesa, para que un sujeto iniciara la explotación de una actividad económica, debía obtener la autorización real o de las diversas corporaciones profesionales. La Revolución instauró el principio de libre acceso al ejercicio de cualquier actividad económica y de libre competencia, como corolario del principio de igualdad ante la Ley. Cualquier ciudadano debía poder iniciar una actividad mercantil o industrial, autodeterminando libremente las circunstancias y las condiciones de su ejercicio. Consecuentemente, se habría de desarrollar el fenómeno de la competencia entre quienes se dedicasen a la misma actividad [2].
La evolución de los acontecimientos económicos demostró que el Estado tenía un papel considerable a desarrollar, puesto que por sí solo el mercado era incapaz de controlar las prácticas de competencia desleal y los actos anticompetitivos. Por ello, los Estados Unidos dictaron la primera Ley antimonopólica - la Sherman Act - hace ya más de 100 años. Asimismo, en Europa se hizo lo propio en 1957, a través de los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma. En las últimas décadas del siglo XX, los países desarrollados y la mayoría de las naciones en vías de desarrollo fueron incorporando soluciones de la misma índole [3].
Vicent Chuliá hace el resumen de la evolución del Derecho de la Competencia, de una manera muy gráfica [4]:
“En una reconsideración global de la evolución del Derecho de la competencia es posible señalar tres grandes etapas o modelos:
a) En la etapa o modelo ‘paleoliberal’ la represión de la competencia desleal aparece en forma de normas fragmentarias, generalmente penales, que se conciben como complemento del derecho de la propiedad industrial.
b) En la etapa o modelo ‘profesional’ o ‘cooperativo’ se impone la tesis de la gran industria, que reprime los comportamientos que se consideran desleales, en las relaciones entre competidores, por contrarios a los usos en materia comercial e industrial, de acuerdo con los intereses de las grandes empresas, las cuales, de este modo, amplían la zona de protección de los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas), mediante la protección de otros pretendidos ‘derechos’ (como el ‘derecho a la empresa’).
c) Por último, en la etapa o modelo ‘social’, que se va definiendo a partir de la segunda Guerra Mundial, el Derecho de la competencia desleal se transforma en un Derecho ordenador de las relaciones en el mercado, reconociendo y protegiendo, junto a los intereses de los competidores, los de los consumidores y el interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado...” [5].
En Uruguay, la libre competencia – en tanto posibilidad de que industriales y comerciantes accedan al mercado en forma igualitaria para ofrecer sus bienes y servicios - es un principio asentado en la Constitución de la República [6]. El artículo 36 de la Constitución establece:
"Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o a cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establecen las leyes".
Sin embargo, hasta la sanción de las Leyes 17.243 y 17.296 del 21 de febrero del 2001, en general, existían normas limitativas o distorsionantes de la competencia, creadas por los distintos poderes del Estado. El Poder Legislativo ha dictado leyes que prohíben instalar una farmacia a menos de cierta distancia de otra ya existente, o que establecen requisitos para la instalación de establecimientos de grandes superficies destinados a la comercialización de productos; el Poder Ejecutivo fija por decreto el precio de la leche, o prohíbe la importación de automóviles usados; y los Gobiernos Departamentales fijan el precio del boleto urbano de pasajeros, y permiten la instalación de vendedores ambulantes y de quioscos en la vía pública [7]. De acuerdo a la distinción que Vicent Chuliá sobre la evolución del Derecho de la Competencia, el Derecho uruguayo se encontraría en la etapa “profesional” o “modelo cooperativo”.
Como señala Hargain, las disposiciones referidas no fueron más que respuestas puntuales del Estado uruguayo a algunos problemas concretos que se fueron presentando a lo largo de la historia del país, sin que existiera una verdadera propuesta de Política de Competencia, que considerase globalmente el tema. Frente a esto, la Ley 17.243 (artículos 13 a 15) y la Ley 17.296 (artículos 72, literal d, 157 y 158), proporcionaron el principio general que faltaba. A partir de ahora, la libertad de competencia se ha erigido como regla: las restricciones a la misma deben ser excepcionales y establecerse por leyes que se promulguen por razones de interés general [8]. El Derecho uruguayo, a partir de las leyes referidas, ingresa en la etapa “social”, puesto que dichas normas reconocen y protegen expresamente el interés de los consumidores y el interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.
El artículo 13 de la Ley 17.243 ha establecido la libertad de competencia como principio general. Las restricciones a este principio deben ser excepcionales y establecerse por leyes que se promulguen por razones de interés general o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate:
“Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículos 7º y 36 de la Constitución de la República) o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate”.
En su artículo 14 [9], la Ley 17.243 tipifica tres ilícitos civiles:
"Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos..." [10]
Para que estos ilícitos se consumen, deben reunirse las condiciones siguientes: el acto anticompetitivo debe adecuarse a algunas de las conductas descritas en el primer inciso del artículo 14; deben tener por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios; y que la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general[11].
Las conductas anticompetitivas descritas por la Ley 17.243 son las siguientes: los acuerdos y prácticas concertadas entre los agentes económicos; las decisiones de asociaciones de empresa; y el abuso de posición dominante de uno o más agentes económicos.
Corresponde consignar que el Estado uruguayo está habilitado constitucionalmente para eliminar la competencia en determinado sector de actividad, instituyendo monopolios. El numeral 17 del artículo 85 establece que a la Asamblea General compete:
“Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.” (énfasis nuestro).
Entendemos que esta norma debe compatibilizarse con lo dispuesto por el artículo 36. Siendo el monopolio una limitación a la libertad de empresa, la Ley que lo conceda debe fundar su resolución en razones de interés general.

[1] Font Galán, Legitimación constitucional del Derecho Mercantil y desafio ético del ordenamiento del mercado competitivo, Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, t.Ip. 1.327.
[2] Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, p. 110.
[3] Hargain, Defensa de la competencia y política de competencia, in: López Rodríguez, Rodríguez Olivera & Bado Cardozo. Preguntas y Respuestas de Derecho Comercial, http://www.derechocomercial/. edu.uy.
[4] Vicent Chuliá, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, t. I, v. 2., p. 1.059.
[5] Vicent Chuliá, íd. ibíd.
[6] Rippe Káiser, Prácticas abusivas en el mercado, Control de Prácticas Abusivas en el Nuevo Milenio, p. 23.
[7] Hargain, op. cit.
[8] Hargain, íd. ibíd.
[9] Ley 17.243, artículo 14:
“Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:
A. Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores.
B. Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores.
C. Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.
D. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores.
E. En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales.
La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general”.
[10] La posición dominante ha sido definida como la posibilidad que tiene una empresa de desarrollar un comportamiento independiente que le permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o competidores. El abuso consistirá en un uso antijurídico del derecho de libertad de empresa o, dicho en otros términos, comportarse de forma contraria a las reglas imperantes en el mercado (Alonso Soto, Derecho de la competencia, in: Uría & Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, v. 1, p. 251).
[11] En ese mismo sentido, la Decisión 18/996, emanada del Consejo del Mercado Común, aprobó el Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur, que define las conductas y prácticas restrictivas de la concurrencia. Por éstas se entiende los actos individuales o concertados, que se manifiesten bajo cualquier forma, que tengan por objeto o como efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado. Se establecen tipos de acuerdos, prácticas o resoluciones de empresas que pueden ser consideradas como prácticas prohibidas y, también, se prohíbe que uno o más agentes económicos abusen de una posición dominante determinando hipótesis especiales.

"Confirmada condenação dos agentes de navegação por fixação de preços"

"O Tribunal de Comércio de Lisboa confirmou a decisão da Autoridade da Concorrência de condenação da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (Agepor) por prática anticoncorrencial de fixação de preços, mas baixou a coima aplicada pelo regulador, em Janeiro de 2006, de 195 mil para 130 mil euros, apurou o PÚBLICO.
A Agepor é a quarta entidade a ser multada pela Concorrência por fixação de tabelas comuns de preços - mínimos ou máximos - por órgãos representantes de empresas e sectores, por montantes globais em torno dos 400 mil euros. As outras três entidades multadas fazem parte da área da saúde: a Ordem dos Médicos Dentistas (coima de 160 mil euros), a Ordem dos Médicos Veterinários (coima de 76 mil euros) - ambas em 2005 - e a Ordem dos Médicos (2006), que tem pendente em Tribunal um recurso contra a decisão da Concorrência de a multar em 250 mil euros.
Na sentença sobre o caso Agepor, o tribunal é claro em considerar que 'a fixação de forma directa ou indirecta de preços é uma das práticas proibidas pelas legislação nacional e comunitária'. 'A fixação de preços constitui desde logo uma limitação ao funcionamento do mercado, vinculando os agentes económicos a praticar preços pré-determinados, (...) não permitindo o livre jogo da oferta e da procura', acrescenta.
A sentença diz ainda que a tabelas de preços máximos criada pela Agepor, tendo em conta a sua representatividade no mercado onde opera, 'surge como uma decisão que tem por objectivo restringir, de forma sensível, no mercado português dos serviços portuários de navegação, a concorrência', ainda que as tabelas tenham um carácter não vinculativo.

Agepor discorda
A investigação da AdC teve origem numa denúncia. Foi concluído pelo regulador que a Agepor, entre 2001 e 2004, elaborou, aprovou e publicou tabelas de preços máximos dos serviços prestados pelos agentes de navegação, situação que a Concorrência diz ser proibida à luz da legislação nacional e comunitária.
António Belmar da Costa, secretário-geral da Agepor, salientou, em declarações ao PÚBLICO, o facto de o Tribunal ter diminuído o valor da coima em mais de 30 por cento, é um sinal de que dá razão a alguns dos argumentos da associação. O responsável mantém a convicção de que Agepor respeitava a lei, defendo-se com o Decreto-Lei nº 76/89, onde se interpreta que é da responsabilidade da associação fixar os preços máximos cobrados. Aliás, lembra que, em 1994, a então Direcção-Geral do Comércio e Concorrência acusou os agentes de navegação de práticas anticorrenciais, tendo o processo sido arquivado por 'falta de fundamento'.
Belmar da Costa afirma ainda que a Agepor 'está de boa fé' no processo, 'como se prova pelo facto de ter suspendido de imediato a tabela de preços'. A associação ainda não discutiu o que irá fazer em relação à decisão do Tribunal, o que acontecerá apenas no início de Setembro. Belmar da Costa esclarece ainda que todos os anos, a pedido das administrações portuárias, a Agepor fixava os preços máximos. E adianta que a associação já tinha abordado internamente a possibilidade de acabar com a tabela, por considerar que a mesma estava a limitar alterações nos preços - mas para cima, não para baixo.

Influenciar casos futuros
A decisão do Tribunal face à questão da fixação de preços poderá influenciar o julgamento de casos futuros. Em particular o da Ordem dos Médicos (OM), multada pela criação de uma tabela que fixa preços mínimos e máximos para as consultas e actos clínicos de médicos que trabalham como profissionais independentes. Essa tabela encontra-se, no entanto, suspensa desde Julho de 2005, na sequência da aplicação de coimas às suas congéneres dos dentistas e veterinários.
A OM contestou a decisão da AdC, considerando 'absolutamente inaudito que uma entidade reguladora se atreva a aplicar uma multa a outra entidade reguladora'. O recurso da OM será igualmente julgado pelo Tribunal do Comércio de Lisboa.
A Associação dos Agentes de Navegação de Portugal concentra 80 por cento das empresas do sector. Em 2004 existiam em Portugal 120 agentes de navegação autorizados, cuja missão é prestar serviços aos importadores e exportadores de mercadorias e aos armadores e transportadores. Operam principalmente nos portos de Sines, Lisboa, Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Açores." (Anabela Campos - Público, 18/08/2006)

"Valentía en la Defensa de la Competencia"

"El ataque parcial e interesado de varios miembros del Gobierno actual - así como de otros importantes políticos del ámbito catalán - dirigido contra el Informe de la concentración Gas Natural Endesa elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y, de hecho, contra la misma institución que se pretende desacreditar y desprestigiar, me obliga a retomar la pluma –cosa que no había hecho en los últimos siete años- en defensa y promoción de la Competencia en España, lo que mucho tiene que ver con el buen hacer - laboriosamente conseguido - del TDC.
Ni en los gobiernos presididos por Felipe González ni, menos aún, en los gobiernos presididos por José María Aznar –incluso cuando en el TDC había mayoría abrumadora de Vocales nombrados por el PSOE- se había visto nada igual. Tampoco hay parangón en ningún Gobierno de cualquiera de la democracias occidentales medianamente consolidadas y con un mínimo de prestigio internacional. Los que tuvimos tan altas responsabilidades para el desarrollo económico de las empresas y los ciudadanos españoles al ocupar cargos como Vocales en el TDC no salimos de nuestro asombro ante la apresurada reacción partidista y sin argumentos por parte de varios miembros del Gobierno de España - así como de otros importantes políticos del ámbito catalán- nada más conocerse por los medios de comunicación el dictamen del Informe. En él –después de una amplia argumentación técnica y teórica muy coherente - se propone – por seis votos a favor y tres en contra - que el Gobierno declare improcedente dicha concentración económica y ordene que no se proceda a la misma.
Tanto el ministro de Industria José Montilla como el Secretario de Estado de Comunicación Fernando Moraleda – en unas declaraciones tan rápidas que se realizaron antes de haber recibido oficialmente el informe sobre la operación empresarial - arremetieron sin ningún tipo de criterio, ni desde la vertiente económica ni desde la doctrina jurídica asentada. El único argumento 'económico', 'técnico' y 'jurídico' que se atrevieron a esgrimir fue que habían sido nombrados por el PP. El exquisito respeto que tanto los gobiernos de Felipe González como los de Aznar tuvieron con las resoluciones e informes del TDC quedó dilapidado en un solo día con esas mediocres declaraciones que a la gran mayoría de los profesionales expertos en estas cuestiones seguramente les tuvo que producir sonrojo y vergüenza ajena.
Esa mediocridad argumental contrasta con los criterios solventes económicos y jurídicos que abundan en lo redactado por los seis Vocales. Puedo asegurar que es lógica esa solvencia conociendo a las personas a las que estoy defendiendo y animando su valentía, y es lógica también si tenemos en cuenta el historial profesional prestigioso tanto en ámbito judicial, en el fiscal, en el académico universitario o en el de funcionario de alto rango. Compárense los curricula de los seis con el de quienes les critican o con el de varios miembros de la Comisión Nacional de la Energía.
Basta con espigar aquí o allá a lo largo del Informe para fundamentar lo que acabo de afirmar. Fundamentos y criterios que por otra parte coinciden en este caso con el mero sentido común que la gran mayoría de las gentes – sin presiones ideológicas - entenderá rápidamente. Y ello es así porque la economía es acción humana en la que todos somos protagonistas y el sentido común está arraigado en todos los operadores que actúan en los diferentes mercados. Así, el primer párrafo del apartado 11 que lleva por título Valoración de los efectos de la operación – y que es meramente descriptivo - ya enmarca la cuestión con una claridad meridiana desde el punto de vista de la competencia. Allí se dice: 'Como resultado de la presente operación de concentración, GAS NATURAL, empresa controlada conjuntamente por REPSOL y LA CAIXA, líder indiscutible en el sector del gas en España y quinto operador en el sector eléctrico, adquiere el control de ENDESA, la primera empresa española en el sector de la electricidad y nuevo entrante en el sector del gas.' Y más adelante, en el apartado Reforzamiento del poder de mercado del aprovisionador dominante de gas natural se señala que: 'Gas Natural es el principal aprovisionador de gas natural del mercado español con cuotas próximas al 70% del gas destinado a España. Según los datos que obran en el expediente, es previsible que esta posición se mantenga en un futuro, a pesar de los elevados incrementos de demanda estimados.'
El Tribunal enmienda la plana a la Notificante en varias ocasiones como cuando éste con notable atrevimiento se atreve a señalar que como consecuencia de la operación 'no desaparece ningún competidor relevante'. Así, en esta ocasión, guardando las formas pero con contundencia contesta el Tribunal a Gas Natural que 'no está en absoluto de acuerdo con lo mantenido por el Notificante' y que 'esta actividad en los mercados de gas, a tenor de la evolución de los últimos años, está al alcance de muy pocos operadores. Es decir, la expugnabilidad de muchos de los mercados relevantes definidos para el gas natural está limitada a los operadores eléctricos que encontramos en los mercados nacionales y, aunque mucho más parcialmente, algunos operadores internacionales de los mercados del petróleo y derivados.(…) En definitiva, la pérdida de un competidor de gas como Endesa y la pérdida de un competidor de electricidad como Gas Natural son pérdidas muy sensibles desde la perspectiva de la dinámica competitiva.'
En las 205 páginas de ese informe demoledor desde el punto de vista de la defensa de la Competencia no deja de ocuparse de los aspectos territoriales, incluso en las conclusiones. Así por ejemplo en la conclusión octava, resumiendo el cuerpo anterior del análisis se afirma que en el mercado de distribución de gas, 'la empresa resultante vería incrementado su ámbito de actuación, y aunque a nivel nacional este incremento es de escasa entidad no ocurre lo mismo en los mercados relevantes de la Comunidades de Valencia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón, donde el incremento es preocupante, especialmente en las dos últimas. (…)' Y en la undécima se concluye que 'En lo que se refiere al mercado de solución de restricciones técnicas, el Tribunal estima que, con independencia de las mejoras regulatorias que hayan podido introducirse recientemente, la posición del grupo resultante se vería reforzada con la operación analizada debido al solapamiento en las Comunidades de Andalucía y Cataluña, y especialmente en las provincias de Cádiz y Barcelona, de diversas centrales de ENDESA y de GAS NATURAL que, constantemente, son requeridas para solucionar restricciones técnicas.'
Que el Gobierno que preside el Sr. Rodríguez Zapatero no cree en la competencia – que por otra parte es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea - queda corroborado cuando se pretende aprobar con condiciones - que no son más que artificios y juegos malabares - esta macrooperación energética en contra del Dictamen y de la conclusión vigésima del Informe del Tribunal donde se afirma con contundencia que 'La operación elimina uno de los operadores creíbles en los mercados de gas, con capacidad de crecimiento, con capacidad de contratación internacional a corto y largo plazo y para competir en distribución y comercialización. Se eliminan, adicionalmente, las asimetrías entre ambos operadores. Actualmente, estas asimetrías les obligan a competir a cada uno en los mercados en los que el otro es dominante, generando una tensión y una dinámica competitiva que permite, simultáneamente, mostrar el camino más competitivo hacia la convergencia entre ambos sectores e ir trasladando en mayor medida el resultado a los precios y a la calidad de los servicios ofertados de todos estos mercados.'

Como acabo de oír que Zapatero ha querido remachar la faena al afirmar que quiere una empresa “fuerte” energética en España está claro que no sólo el Presidente del Gobierno no cree en la competencia sino que como me dijo un buen amigo pretende regresar al monopolio franquista de CAMPSA. De la CAMPSA catalana se podría decir." (Expansión, 20/01/2006)
Jose Juan Franch
Profesor Titular de Economía UAM
Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia desde el 6 de marzo de 1999 al 6 de marzo de 2004
<www.josejuanfranch.com>
E-mail: jose.franch@uam.es

Madrid, 11 de enero de 2006

"Infarmed detecta vários casos de 'coacção' na distribuição de medicamentos"

"Das nove 'investigações' já concluídas pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed) na sequência de queixas de dificuldades de abastecimento apresentadas por alguns proprietários das lojas licenciadas para a venda de remédios fora das farmácias, 'em sete há confirmação de coacção', revelou ontem no Parlamento o ministro da Saúde, Correia de Campos.
No debate na especialidade do Orçamento do Estado, o ministro acrescentou que os resultados da investigação vão ser enviados para a Autoridade da Concorrência e garantiu que não vai ficar parado, mas não quis adiantar que outro tipo de medidas tem em mente.
O Infarmed enviou na semana passada um inquérito às 29 lojas então licenciadas para a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias. O objectivo era apurar se as queixas de alegado boicote por parte dos distribuidores - devido à suposta pressão exercida pelas farmácias - eram generalizadas. 'Algumas confirmaram dificuldades em adquirir medicamentos', 'nomeadamente à Codifar' (uma cooperativa de farmacêuticos), 'à Alliance UniChem e à OCP', adiantou Carlos Pires, assessor de imprensa do Instituto.

Mais de 100 candidaturas
O certo é que, dois meses depois de ter entrado em vigor a legislação que acabou com a exclusividade da venda de medicamentos nas farmácias, 38 estabelecimentos já estão licenciados pelo Infarmed e mais de uma centena apresentaram pedidos nesse sentido.
A maior parte das lojas não avançou ainda, porém, até porque está a fazer obras de adaptação ou a formar pessoal para o efeito. Mas vários proprietários garantem que só não arrancaram porque têm deparado com grandes dificuldades no abastecimento. É o caso da dona da Botica Fialho (com dois estabelecimentos, um em Mem Martins e outro na Terrugem), a farmacêutica Ana Maria Alves.
O processo atrasou-se porque vários armazenistas se recusaram a vender remédios, alegando "não ter autorização dos directores técnicos", conta. Por que não recorreu directamente aos laboratórios farmacêuticos? "As condições são muito más. Temos que comprar em quantidades muito elevadas, sem bonificações e a pronto pagamento", explica.

'Boicote das farmácias'
Luís Marques, do Ortotondela, queixa-se do mesmo. 'Só não estamos a vender ainda porque tem havido um boicote das farmácias [que pressionam] os armazenistas', diz. Luís Marques conta, a propósito, que tentou marcar reuniões com os responsáveis de uma grande distribuidora, sempre sem sucesso.
Em Coimbra, o estabelecimento Saúde à Flor da Pele, depois de aberto há mais de um mês, começou sexta-feira a vender medicamentos, mas ainda tem pouca variedade, também devido à dificuldade de abastecimento. '[Os armazenistas] apresentam os mais variados argumentos. Uns dizem que estão a estudar as propostas, ou que os produtos estão esgotados, outros afirmam que têm que mudar os estatutos (as cooperativas)', relata uma farmacêutica.
O PÚBLICO tentou contactar os responsáveis da Alliance UniChem (uma multinacional cujo ramo português é detido em 49 por cento pela Associação Nacional de Farmácias), da OCP e da Codifar. Mas só o director-geral da Codifar se mostrou disponível para falar. Marques da Costa considerou que, como cooperativa de farmacêuticos, a Codifar está 'fora desta discussão, porque apenas tem que trabalhar para os seus sócios, como mandam os estatutos. Os sócios são 'farmacêuticos proprietários de farmácias'. E desvalorizou as queixas, lembrando que continua a haver 'inúmeros fornecedores que têm que cumprir a lei'.
A Codifar tem entre 11 a 12 por cento do mercado da distribuição, enquanto a Alliance UniChem e a OCP possuem cerca de 20 por cento cada. Com Joana Ferreira da Costa" (Alexandra Campos, com Joana Ferreira da Costa - Público, 16/11/2005)

La competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia: los órganos autonómicos de defensa de la competencia

Mis primeras palabras en Santerna han de ser de agradecimiento al Profesor Doctor Manuel David Masseno por invitarme a participar en este Foro, así como por las calurosas palabras de Bienvenida que me ha dedicado al reseñar mi incorporación a Santerna.

Con mi modesta contribución quisiera haceros más accesible la información sobre las novedades legislativas y bibliográficas españolas más destacables en el ámbito del Derecho Mercantil. Y, en la medida de lo posible, quisiera también que este Foro se convirtiera en lugar de discusión y debate de mis investigaciones, las cuales, sin duda, se enriquecerán con vuestras opiniones.

Respecto de las novedades bibliográficas, tiene especial interés la publicación de la tercera edición del manual de Derecho Mercantil (Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson-Cívitas, Madrid, 2005. ISBN: 8447024474), dirigido por el insigne maestro de esta disciplina jurídica, D. Aurelio Menéndez, y en cuya redacción han colaborado profesores de reconocido prestigio.

En relación con las novedades legislativas habría que destacar, de las disposiciones legales publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el tercer trimestre del presente año, la Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura (B. O. del E., núm. 180, de 29 de julio, pág. 26894). Norma, que ha sido recientemente desarrollada por el Decreto 218/2005, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del citado Jurado (DO. Extremadura de 4 de octubre de 2005, núm. 115, pág. 13912).
Esta disposición legal tiene por objeto contribuir, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, a la tramitación de los procedimientos previstos en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, con la creación del Jurado de Defensa de la Competencia.
Con anterioridad a la promulgación de esta norma, otras Comunidades Autónomas ya adoptaron medidas de índole similar. La Generalidad de Cataluña ya dispuso la creación de sus órganos de Defensa de la Competencia en el Decreto 222/2002, de 27 de agosto (DO. Generalitat de Catalunya de 2 de septiembre de 2002, núm. 3711, pág. 15471). La Región de Murcia abordó, mediante el Decreto 13/2004, de 13 de febrero (BO. Región de Murcia de 21 de febrero de 2004, núm. 43, pág. 3848), la creación del Servicio Regional de Defensa de la Competencia. Por su parte, la Comunidad de Madrid, en virtud de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre (BO. Comunidad de Madrid de 30 de diciembre de 2004, núm. 310, pág. 549), creó el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid; y, por Orden de 29 de junio de 2005 (BO. Comunidad de Madrid de 15 de julio de 2005, núm. 167), creó el Registro del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. De igual manera, la Ley 6/2004, de 12 de julio, del Parlamento de Galicia (DO. Galicia de 22 de julio de 2004, núm. 141, pág. 10450) regula los órganos de defensa de la competencia de dicha Comunidad Autónoma; norma que ha sido desarrollada por el Decreto 20/2005, de 3 de febrero (DO. Galicia de 16 de febrero de 2005, núm. 32, pág. 2639). Y, más recientemente, el Decreto 81/2005, de 12 de abril, crea el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (BO. País Vasco de 6 de mayo de 2005, núm. 84, pág. 7762).
Todas estas disposiciones inciden sobre el tema del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. Originariamente, los órganos estatales eran los únicos competentes -según la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia-, para conocer de esta materia, distinguiéndose entre la función de instrucción de expedientes sancionadores –que se atribuía al Servicio de Defensa de la Competencia-, y la función de decisión –que se encomendaba al Tribunal de Defensa de la Competencia-. La situación descrita se mantuvo hasta que se planteó ante el Tribunal Constitucional el tema del reparto de competencias en este campo entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Concretamente, esta cuestión fue abordada en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 2009/1989 y 2027/1989, promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. En la citada sentencia se estimaron parcialmente tales recursos, por considerar que no se habían reconocido debidamente las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas, a quienes la Ley 16/1989 había tratado como meros agentes colaboradores de los órganos estatales de defensa de la competencia.
El Alto Tribunal fundamentó su fallo en que la materia denominada «defensa de la competencia» no se atribuyó expresamente al Estado por la Constitución. Y es también un hecho cierto que en los Estatutos de Autonomía se incluye con mayor o menor extensión una atribución competencial a favor de las Comunidades Autónomas en materia de «comercio interior», lo que incluye, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, una cierta competencia objetiva en materia de defensa de la competencia, aunque limitada a aquellas actuaciones ejecutivas que deban realizarse en el territorio de cada Comunidad Autónoma y que no afecten al mercado supraautonómico.
Sobre la cuestión de fondo aquí planteada matiza el Alto Tribunal que el ejercicio de las competencias en esta materia por las Comunidades Autónomas también conoce límites. Deberá armonizarse con la necesaria unidad de la economía nacional y con la exigencia de que exista un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la economía –art. 149.1.13 CE–. En consecuencia, deberán corresponder al Estado no sólo la competencia legislativa en esta materia –cuestión que no pusieron en tela de juicio las Comunidades Autónomas-, sino también todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional, esto es, aquellas actuaciones ejecutivas en relación con prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, también hemos de tener presente que los órganos estatales de Defensa de la Competencia seguirán ejerciendo las competencias de ejecución que corresponden a las Comunidades Autónomas hasta el momento en que aquéllas que tengan previsión estatutaria, hayan constituido sus respectivos órganos de defensa de la competencia.
Por razones obvias, el Tribunal Constitucional advirtió sobre la necesidad de establecer, mediante Ley Estatal, el marco para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas. En la situación descrita, era imprescindible que se fijasen una serie de mecanismos de coordinación que garantizasen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional, así como los mecanismos de conexión, de colaboración e información recíproca necesarios para ello. A este objetivo responde la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de la Jefatura del Estado, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas (BOE de 22 de febrero de 2002), en la que se hace referencia a la creación por las Comunidades Autónomas de sus propios órganos de Defensa de la Competencia.
En la Ley 1/2002 se determina que serán competencia del Estado aquellas conductas que, pese a realizarse en el territorio de una Comunidad Autónoma, alteren o puedan alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional –p. ej. conductas que puedan atentar contra el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español-. Asimismo, corresponderá al Estado la aplicación de las normas contenidas en el capítulo II y en el capítulo III de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia; la autorización, mediante reglamentos de exención, de categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas a que se refiere el artículo 5 de la citada Ley; la representación en materia de defensa de la competencia ante otras autoridades nacionales e internacionales; y, la aplicación en España de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho derivado.
Junto a las precisiones anteriores, la Ley 1/2002 establece un mecanismo de resolución de los conflictos que pueda generar la aplicación de los puntos de conexión, basado en el dictamen no vinculante de la Junta Consultiva en materia de Conflictos, y si las Administraciones en conflicto discrepan del resultado del dictamen, será el Tribunal Constitucional el que decida acerca de qué Administración debe ser la que resuelva el procedimiento en cuestión a través del planteamiento de un conflicto, positivo o negativo, entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre éstas entre sí.
Otro elemento clave contenido en la Ley 1/2002 es la regulación de distintos mecanismos de coordinación para el correcto desarrollo de las competencias por el Estado y las Comunidades Autónomas. En primer término, se crea el Consejo de Defensa de la Competencia, formado por representantes de todas las Administraciones Territoriales con competencia en la materia, cuya misión es la centralización de la información relevante sobre la competencia en los mercados. En segundo lugar, se establecen los mecanismos que aseguran la completa y recíproca información acerca de las conductas restrictivas de la libre competencia de las que tengan conocimiento los órganos competentes. Y, finalmente, se legitima al Servicio de Defensa de la Competencia para intervenir en los procedimientos tramitados por los órganos autonómicos, con la finalidad de servir como instrumento de cierre para evitar diferencias en la doctrina que se siga a la hora de aplicar el ordenamiento de defensa de la competencia.
Y, finalmente, en relación con la creación de órganos autónomos de defensa de la competencia, se señala en la disposición adicional primera.2 de la citada Ley, que los órganos que en las Comunidades Autónomas ejerzan las funciones que en el Estado se atribuyan al Tribunal de Defensa de la Competencia, deberán actuar con independencia, cualificación profesional y sometimiento al ordenamiento jurídico.
Pese a que todas las Comunidades Autónomas están en disposición de crear sus propios órganos de defensa de la competencia, pocas lo han hecho hasta el momento. Y, respecto de aquéllas que sí han hecho uso de tal facultad, hemos de referir la existencia de distintos modelos organizativos de defensa de la competencia. Un primer modelo, adoptado por las normas de Cataluña, Galicia, País Vasco y Madrid, reproduce fielmente la estructura del modelo estatal de defensa de la competencia, basado en la atribución de la función instructora a un órgano administrativo y de la potestad de dictar resoluciones en este ámbito a un Organismo Autónomo de carácter administrativo. Un segundo modelo sería el de la Comunidad Autónoma de Murcia que atribuye a la Consejería competente en materia de comercio interior el ejercicio de las competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia, creándose el Servicio Regional de Defensa de la Competencia –que asumiría la función instructora-, pero no una figura equivalente al Tribunal de Defensa de la competencia estatal, de manera que la potestad de dictar resoluciones tendría que recaer sobre el superior jerárquico de dicho Servicio, esto es, la Dirección General de Comercio y Artesanía –a la que se define como el “órgano competente en dicha Consejería para el ejercicio de las citadas competencias ejecutivas”-. En relación con este segundo modelo, se cuestiona la doctrina si se respetarían, con la atribución de tal potestad a la Dirección, los requisitos de autonomía funcional y de gestión requeridos en la disp. adic. Primera.2 de la Ley de Coordinación. No obstante, del artículo tercero del Decreto 13/2004 que regula el modelo murciano parece desprenderse una segunda posibilidad: que una vez instruido el expediente por el Servicio, se remita al Tribunal de Defensa de la Competencia estatal para que lo resuelva, en la medida en que en el artículo tercero citado se prevé la creación del Registro de Defensa de la Competencia, en el que “se inscribirán los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas autorizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia cuando éste actúe en ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Murcia”.
En el marco legal descrito, la Ley 2/2005, de 24 de junio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, se adscribiría al primero de los modelos indicados. Con dicha norma se pretende establecer en líneas generales la composición, organización y funciones de este órgano colegiado, con sede en Mérida, adscrito a la Consejería competente en materia de Economía. Junto a este objetivo principal, se definen las funciones del Servicio Instructor -una unidad competente para la instrucción de los procedimientos que conozca el Jurado-, y se crea el Registro de Defensa de la Competencia en Extremadura gestionado por el Servicio Instructor –donde se inscribirán los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que el Jurado de Defensa de la Competencia haya autorizado y los que haya declarado prohibidos total o parcialmente-.

Contenido íntegro de las disposiciones legales citadas

• Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura (B. O. del E., núm. 180, de 29 de julio, pág. 26894): http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-29/pdfs/A26894-26897.pdf
• Ley 1/2002, de 21 de febrero, de la Jefatura del Estado, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas (BOE de 22 de febrero de 2002): http://www.boe.es/boe/dias/2002-02-22/pdfs/A07148-07153.pdf
• Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999: http://www.boe.es/boe/dias/1999-12-16/pdfs/T00046-00059.pdf

Bibliografía:

• ALONSO SOTO, “Lección 9. Derecho de la Competencia” en Lecciones de Derecho Mercantil (dir. Aurelio Menéndez), Madrid, 2005, pp. 203 y ss.
• REBOLLO PUIG, “Competencia sobre competencia” en Estudios de Derecho de la Competencia (coords. FONT GALAN/PINO ABAD), Madrid-Barcelona, 2005, pp. 69 y ss.
• LOPEZ BENITEZ, “La defensa de la competencia en el estado de las autonomías: del Tribunal de Defensa de la Competencia estatal a los tribunales autonómicos” en Estudios de Derecho de la Competencia (coords. FONT GALAN/PINO ABAD), Madrid-Barcelona, 2005, pp. 99 y ss.
• ARZOZ SANTISTEBAN, “Comunidades autónomas, puntos de conexión y defensa de la competencia” en Derecho de la Competencia Europeo y Español (coords. ORTIZ BLANCO/GUIRADO GALIANA), V, Madrid, 2004, pp. 15 y ss.
• ESTEVEZ MENDOZA, “Los puntos de conexión en la Ley 1/2002 de 21 de febrero de Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia” en Derecho de la Competencia Europeo y Español (coords. ORTIZ BLANCO/GUIRADO GALIANA), V, Madrid, 2004, pp. 130 y ss.
• MARTINEZ LAGE, “La aplicación del Derecho de la Competencia por las Comunidades Autónomas: delimitación competencial”, Gaceta Jurídica de los Negocios, 218, 2002, pp. 5 y ss.
• SORIANO GARCIA, “Comentario de urgencia a la Ley 1/2002”, Gaceta Jurídica de los Negocios, 218, 2002, pp. 19 y ss.
• AMILS ARNAL, “Los nuevos Tribunales autonómicos de Defensa de la Competencia”, Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, 224, 2003, pp. 75 y ss.
  
  Sylvia Gil Conde
  Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid

Microsoft escolhe especialista que garantirá concorrência na UE

A Comissão Européia anunciou nesta quarta-feira ter chegado a um acordo com a Microsoft sobre o especialista que irá verificar o cumprimento, pela gigante americana, das medidas antitruste decididas por Bruxelas contra a empresa em 2004.
O anúncio foi feito quase simultaneamente ao encontro entre a comissária de defesa da concorrência Neelie Kroes e o presidente da Microsoft, Steve Ballmer, em Bruxelas.
Neelie comunicou a Ballmer a escolha do especialista em informática Neil Barrett como mediador responsável por verificar o cumprimento das medidas antitruste aplicadas em março de 2004 contra a Microsoft.
Bruxelas puniu a número um mundial do software com uma multa recorde de 497 milhões de euros, e a obrigou a tomar uma série de medidas em favor da livre concorrência.
A Microsoft foi obrigada a vender uma versão do sistema operacional Windows sem o leitor de programas de áudio e vídeo Media Player, além de divulgar protocolos de informática necessários ao funcionamento do Windows com os produtos concorrentes.
A Microsoft também deveria propor um representante, aprovado pela Comissão, responsável por comprovar a aplicação das medidas. As partes tentavam há meses chegar a um acordo sobre a escolha deste especialista.
"Após analisar cuidadosamente o perfil de todas as pessoas indicadas pela Microsoft, a Comissão concluiu que Barrett era o mais qualificado para cumprir o mandato em questão", diz um comunicado divulgado pela Comissão Européia.
O britânico Barrett é especialista em segurança de computadores.
"Para dar opiniões técnicas objetivas, o representante deve ser independente, ter os requisitos necessários para o cargo e a possibilidade de convocar especialistas para o ajudar."
No que se refere à venda casada, "ele poderia verificar se a Microsoft cumpre devidamente a obrigação de oferecer aos fabricantes de PCs uma versão do sistema operacional Windows que não inclua o Windows Media Player (...) De qualquer forma, os serviços europeus de defesa da concorrência irão manter a responsabilidade exclusiva pelo controle do cumprimento, pela Microsoft, do conjunto de obrigações impostas à mesma em 2004". (Fonte: AFP)

Comissão aprova rito sumário em caso de fusão de empresas (Brasil)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou na quarta-feira (21) o Projeto de Lei 5174/05, do deputado Celso Russomanno (PP-SP), que disciplina o rito sumário na análise prévia das fusões e aquisições de empresas no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Pelo projeto, que altera a Lei 8884/94, o conselheiro relator não submeterá mais os atos ou condutas ao plenário do Cade para deliberação, mas os decidirá individualmente. Emenda apresentada pelo relator, deputado Reinaldo Betão (PL-RJ), acrescentou o prazo de 30 dias para essa decisão.
Ao plenário caberá decidir – caso haja recurso nesse sentido – a partir do pedido protocolado por qualquer interessado, no prazo de 15 dias, ou por suspensão definida pelo presidente do conselho. Reinaldo Betão acrescentou nova emenda definindo que a deliberação pelo Plenário também pode ser provocada por iniciativa de pelo menos três conselheiros.

Protocolos de intenção
Ainda de acordo com a proposta, o objeto de exame pelo Cade serão os protocolos de intenções do ato, em vez do ato em si, sendo que os documentos referentes a tais protocolos deverão ser encaminhados não apenas à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae), à Secretaria de Direito Econômico (SDE) e ao Cade, mas também a diversas instâncias do conselho, como a Procuradoria, o representante do Ministério Público, o relator e a presidência.
Outra inovação é que os pareceres da Seae, da SDE, da Procuradoria do Cade e do Ministério Público poderão ser conjuntos. A proposta reduz ainda o prazo para exame pelo Conselheiro do Cade dos atuais 60 dias para 15 dias, removendo os prazos previstos de análise de Seae e da SDE.
O relator entende ser urgente a reestruturação do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Para ele, essa proposta de redução no número de atos de concentração a serem deliberados pelo plenário do Cade vai simplificar e dinamizar o processo.

Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=284742)

Fabricante do Atroveran faz acordo para livrar-se de ação civil pública (Brasil)

Foi homologado na 33ª Vara Cível de São Paulo o acordo entre DM Indústria Farmacêutica Ltda - que produz e vende o medicamento Atroveran - e o Ministério Público paulista. Pela transação, a empresa se compromete a doar 58.476 unidades do medicamento, cujo valor somado é de R$ 136.825,20, para hospitais que não tenham vínculo com ela.

O Atroveran é um analgésico usado no tratamento de cólicas abdominais, de grande uso popular no Brasil, há mais de 50 anos. Seu nome genérico é cloridrato de papaverina.

O acordo foi fechado em ação civil pública movida pelo MP paulista. O laboratório foi acusado de alta maquiada do preço do medicamento e cobrança abusiva. A empresa estava cobrando, pelo frasco de 20ml do Atroveran, o preço de um frasco de 30ml (R$ 9,48).

A DM tem prazo de 15 dias para a fazer a doação, que são contados a partir da data da homologação. No caso de descumprimento dos termos do acordo a empresa fica sujeita a uma multa diária no valor de R$ 20 mil.

O acordo trata apenas do dano coletivo objeto da ação civil pública. A empresa está obrigada a restituir aos consumidores os valores recebidos a mais com a venda do medicamento. Para isso, o consumidor terá que comprovar a compra do medicamento Atroveran líquido 20ml e Atroveran comprimidos 4/25mg no período de janeiro a dezembro de 2001 (para o primeiro) e janeiro a julho de 2001 (para o segundo). Na prática isso deve dar em nada - pois dificilmente alguém terá guardado nota de compra.

De acordo com informações da revista Consultor Jurídico, o remédio, na apresentação de 20ml, não tem registro na Anvisa e só poderia ser vendido em frascos de 25ml e 30ml. No caso do Atroveran comprimidos, a cartela com quatro unidades foi majorada, na época, de R$ 0,56 para R$ 1,24.

Em janeiro deste ano a fabricante do Atroveran foi condenada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, formada por representantes dos ministérios da Saúde, da Fazenda, da Justiça e da Casa Civil, ao pagamento de 3 milhões de UFIRs, valor correspondente a R$ 3,192 milhões. A multa foi determinada porque a empresa desrespeitou as regras de preços para medicamentos (Proc. nº: 00.04.008842-1). (fonte: Espaço Vital)

Presidente da Vale diz que derrota no Cade colocará empresa em risco (Brasil)

O presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, afirmou nesta sexta-feira que espera uma decisão técnica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre os processos de atos de concentração que estão sendo analisados contra a mineradora. Caso contrário, ele acredita que a empresa poderá até mesmo ter o crescimento freado.

"Esperamos uma decisão técnica, isenta, que não coloque em risco uma empresa que está crescendo, que está investindo e se posicionando no mercado internacional", disse Agnelli.

Sobre a disputa pela produção da mina de Casa de Pedra, um dos questionamentos em pauta no Cade, Agnelli defendeu que existe um contrato assinado entre a Vale e a Companhia Siderúgica Nacional (CSN) , dona da mina, e por isso considera que tudo está dentro da legalidade.

A Vale e a CSN assinaram em 2001 acordo pelo qual a mineradora compraria todo o excedente de minério de ferro da mina, que abastece a produção da CSN. A siderúrgica, porém, quer criar um braço no setor de mineração e vai expandir a produção da mina das atuais 16 milhões de toneladas para 40 milhões de toneladas em 2007, visando a exportação do minério excedente.

Para Agnelli, a CSN está aproveitando o momento para colocar em pauta a discussão. O executivo argumentou que a Vale produz hoje dez vezes mais minério de ferro do que a demanda brasileira e que entre 85 e 90 por cento desse total é exportado.

"Isso não afeta e não tem porque esta preocupação da siderurgia brasileira com referência ao abastecimento ou a fixação do preço do minério de ferro, que é determinado pelo mercado internacional", acrescentou.

LOGÍSTICA

Agnelli lançou mão tambem do acordo de acionistas para defender a posição da Vale na MRS Logística, cuja participação é superior ao permitido pelo edital de privatização do setor ferroviário. A atuação da Vale em logística também é alvo de processos no Cade.

Ele lembrou que a Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT) já abriu precedentes para que empresas tenham participação de mais de 20 por cento, como previsto no edital. A própria Vale conseguiu deter mais do que esse limite na Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e a CSN tem o controle da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN).

"Agora, estamos sempre abertos a negociar da melhor maneira possível", afirmou.

A Vale enviou à ANTT proposta de reduzir o número de conselheiros representantes da Vale na MRS Logística e abrindo mão do direito de voto relativo às ações da Ferteco, mineradora comprada pela Vale, enquanto existir a limitação de 20 por cento no capital da ferrovia. A agência não deu resposta e já havia comunicado que vai aguardar a decisão do Cade para definir a questão.

O Cade começa a julgar as aquisições de cinco mineradoras independentes feitas pela Vale entre 2000 e 2001 e o descruzamento de participações acionárias entre a Vale e a CSN no próximo dia 10. (Fonte: Reuters)

"Distribuidores acusam cervejeiras de os quererem 'esmagar'"

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da associação, Afonso Barros Queiroz, afirmou que a entidade reguladora presidida por Abel Mateus deu, no ano passado, luz verde a alterações contratuais com os concessionários-distribuidores exclusivos das duas marcas, que 'penalizam, no entanto, a parte mais débil, que são os distribuidores'.

Está sobretudo em causa uma nova cláusula em que reservam para si os 'clientes directos, actuais e futuros' nas áreas que pertencem aos concessionários exclusivos. Para Barros Queiroz, 'pretende-se prosseguir o desvio da clientela dos seus concessionários-distribuidores exclusivos, sem compensação, mantendo os clientes que foram absorvendo no território dos concessionários e lançar mão dos futuros'. O responsável associativo contrapõe, por exemplo, a atribuição de compensações por desvio de clientela, numa área em que as cervejeiras se constituem concorrentes dos seus próprios distribuidores.

A Autoridade da Concorrência entende que as razões da APDCOB fazem parte dos direitos e obrigações das partes, portanto, 'do foro cível' e, assim, fora da alçada do direito da concorrência. Esta posição consta do parecer emitido por ocasião da aceitação dos novos termos contratuais das duas companhias.

Para a associação, tal significa, então, que 'as cláusulas ilegais e a perda dos direitos adquiridos pela parte mais fraca não foram objecto de apreciação e ainda menos de qualquer autorização'. É, aliás, nestes termos que a APDCOB condena o facto de a Central de Cervejas invocar globalmente a decisão da Autoridade da Concorrência, junto dos seus distribuidores, para a assinatura dos respectivos contratos.

A associação tem feito junto da entidade reguladora diversas diligências desde a decisão, por considerar que esta tem 'uma visão formalista da concorrência e que um contrato que esmague os distribuidores é um jogo cumulativo com o risco de o mercado ser cada vez mais fechado, em termos de acesso de outras marcas, exteriores' A interpretação é a de que 'é por esta via que se limita a concorrência', num mercado dominado pelas duas marcas e que lhes rendeu mais de 760 milhões de euros de vendas no ano passado -312 milhões para a Central de Cervejas e 420 milhões de euros para a Unicer.

As alterações aos contratos das cervejeiras, impostas pela AC, já tinham sido, por sua vez, suscitadas por denúncias da associação, que se mostra, todavia, insatisfeita com o resultado.

'Guerra' semelhante na Europa

A Unicer, cujo capital se encontra repartido entre o núcleo duro português (56 por cento) formado pelo grupo Violas, Arsopi e BPI, e pela Carlsberg (44 por cento), declarou que 66 por cento dos seus distribuidores aderiram até agora ao aditamento aos contratos de concessão e garante que os que recusem assiná-lo 'manterão o actual quadro contratual', que a AC considerava, no entanto, lesivo do ponto de vista da concorrência.

Quanto à Central de Cervejas, totalmente detida pela Scottish & Newcastle, desde 2003, referiu que 15 por cento dos distribuidores abrangidos assinaram o novo contrato, estando mais 17 por cento em negociação.

Na parte do mercado que concorre directamente com os seus distribuidores, a Central de Cervejas alega que a sua quota actual é 'idêntica' à de 2000, uma questão para a qual não foi possível obter resposta junto da Unicer. A APDCOB diz que o mercado das duas marcas tem crescido, nomeadamente nas zonas de grande consumo.

As duas cervejeiras foram nos últimos anos objecto de condenações por práticas anticoncorrenciais de abuso de posição dominante, quer por via das entidades reguladoras, quer por via judicial, em relação aos seus distribuidores exclusivos, todos eles PME. A decisão mais significativa foi emanada no ano passado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão a um distribuidor da Unicer, condenando esta ao pagamento de indemnização. Para o pequeno sector da distribuição de bebidas, esta decisão faz jurisprudência.

O movimento que se verifica no país é semelhante ao verificado em outros estados europeus, em que as redes de concessionários distribuidores têm sido reduzidas ou suprimidas, tendo ocorrido o primeiro caso na Dinamarca, com a Carslberg, na década passada.

Para os padrões europeus, Portugal tem um número de concessionários considerado elevado face ao número de pontos de venda. O exemplo francês, que serve de referência para esta área, sugere que o número de concessionários para todas as marcas deveria rondar a centena, embora o país tenha mais do dobro, de acordo com as estimativas da associação, e segundo a qual mais de uma centena é da Unicer e cerca de 70 da Centralcer, sendo o resto de de marcas como a Tagus, Sumol e Cintra." (Público - Economia, 6 de Junho de 2005)

Entrevista do Presidente da Autoridade da Concorrência

Foi publicada no jornal Público de hoje uma entrevista do Prof. Abel Mateus, Presidente da Autoridade da Concorrência, dada no programa Diga Lá Excelência, uma parceria Público/Rádio Renascença, às jornalistas Lurdes Ferreira e Graça Franco.
Com fundamentos estritamente científicos e didáticos, em seguida transcrevemos algumas passagens, pois o Público passou a estar acessível apenas para assinantes desde a semana passada.
"[...]
Quis fazer do processo de cartel das farmacêuticas um exemplo para o mercado. Aplicou uma multa histórica de 3,2 milhões de euros, mas a lentidão da justiça vai arrastar o processo de recurso em recurso. Até onde vai a eficácia da sua decisão?
É um problema que me preocupa muito, e não é um problema só de Portugal. Todos os países do sul da Europa têm problemas semelhantes com a lentidão da justiça. O Tribunal do Comércio tem mostrado uma grande celeridade nos recursos, nos últimos tempos. A seguir, poderá haver recurso para a Relação, que é a ultima instância de recurso. Esperemos que as coisas sejam mais céleres que no passado. O atraso nessas decisões reduz a eficácia da autoridade. Disso não tenho dúvidas.
Anunciou como grande prioridade do seu mandato a luta contra os cartéis, combinações entre empresas com vista a dividir o mercado, mas dentro dos cartéis identificou os concursos públicos. É um problema grave na nossa economia?
É uma preocupação fundamental, não apenas da autoridade portuguesa, mas de todas as autoridades europeias. A coligação de empresas em concursos públicos leva a que os preços de venda desses produtos ao Estado sejam muito mais elevados do que se houvesse concorrência, prejudicando os contribuintes e o público em geral.
Estou satisfeito porque em Portugal, apesar de sermos uma entidade jovem, já temos cerca de 25 concursos em que foi identificada a coligação.
Quer dizer que já identificou 25 casos de cambão em Portugal?
Exactamente, que estão em investigação.
E que entidades e sectores?
Isso está em segredo de justiça.
São na construção, na saúde?
São concursos públicos de dois sectores. Não posso avançar mais.
Estes 25 casos resultam de denúncias à AdC ou de sua iniciativa?
Resultam de denúncias das empresas e das entidades que supervisionaram os concursos.
E o que está a fazer nos casos de concursos públicos feitos à medida, ou seja, de conluio entre a entidade ajudicatária e o fornecedor?
Estamos a criar um grupo de trabalho com o Ministério Público, com a Inspecção-Geral de Finanças e com o Tribunal de Contas para olhar para as melhores práticas europeias nesta área e vamos ver dentro das entidades adjudicatárias que casos concretos existem.
Muitas vezes, acontece que há uma adjudicação a empresas que, por um motivo ou por outro, parecem ser as únicas fornecedoras.
Não é a via correcta. Deve-se repetir todo o processo. A concorrência é a melhor forma de o consumidor obter o melhor preço. As compras electrónicas vão tornar o processo mais transparente e mais eficaz.
Nesta linha de defesa dos consumidores, quando vou daqui para o Porto e entro numa auto-estrada não tenho concorrente, desde a portagem a pagar ao preço dos combustíveis e do café. O que pode a AdC fazer para defender o consumidor?
Quando, entre dois pontos, há alternativas de ligação, há possibilidade de haver concorrência. Por exemplo, estou a falar da A8, que já constitui uma alternativa à A1 para uma série de localidades.
Pode-se estabelecer uma concorrência entre essas duas vias, a nível da portagem ou a nível de prestação de serviços. Hoje, para ir de Lisboa a Leiria, posso optar entre a A1 e a A8.
Há um ano, fez uma entrada inédita na PT, apreendeu documentação e correspondência, mas o Tribunal obrigou à devolução de uma parte dos documentos. Não foi uma derrota, mesmo que o processo esteja em curso?

A devolução de parte dos documentos não foi efectuada porque estamos em recurso. Isto em nada limita a nossa capacidade actual, porque estamos a prosseguir com os processos.
[...]
Como viu o anúncio da venda de medicamentos de venda livre fora das farmácias?

É uma medida amiga da concorrência porque aumenta o número de empresas que oferecem esses produtos.

E há alguma justificação para a exclusão dos medicamentos de venda livre comparticipados pelo Estado?
Esses produtos estão incluídos numa receita médica e estas têm um controlo.
Porque o Estado só quer comparticipar medicamentos de venda livre dentro das farmácias e não nos hipermercados?
O processo administrativo de controlo é que é complicado. Um caso interessante é a venda de produtos por causa da Sida. Houve pressão para que os medicamentos para a Sida se vendessem a preços mais baixos nos países subdesenvolvidos. Aconteceu que se organizaram cadeias de empresas para comprar produtos nesses países e reexportá-los para os países desenvolvidos. Quando há subsídios há sempre que controlar de forma apertada o processo.
Já há um ano, identificava no sector das farmácias os limites à liberdade de estabelecimento. Propôs, depois, alguma iniciativa com vista a liberalizar este acesso?
Não somos o único país da Europa a ter este tipo de regulação. É um sector que está a ser analisado hoje em muitos países europeus. Estamos a fazer um estudo que será publicado no final do Verão, sobre a venda a retalho dos medicamentos e a fixação de preços.
Mas ainda não uma recomendação para que se liberalize o acesso a este negócio?
Estamos a preparar essa recomendação que será resultante desse estudo. O problema básico é o de separar o papel de gestor da farmácia do papel de técnico. Não tem que coincidir exactamente.
[...]
Ao fim de um ano e alguns meses de liberalização do mercado dos combustíveis, os consumidores sentem-se frustrados, não só porque apanharam um pico dos preços do petróleo, mas também porque constatam que o diferencial de preços face à União Europeia se agravou. O que está a correr mal?
Há aqui vários aspectos que estão a ser trabalhados pela Autoridade, e devemos ter notícias dentro em breve.
A AdC fez a recomendação de abertura de postos de gasolina nos supermercados, que foi acolhida, e sabemos que há estabelecimentos que vão avançar com a medida. No entanto, é evidente que o mercado começa com um monopólio da refinação da própria Galp, que tem praticamente 90 por cento da oferta de combustível. Depois, há um número reduzido de empresas neste mercado, pelo que à partida não é muito concorrencial.
É preciso recolher evidência concreta de que, de facto, há colusão entre petrolíferas, que já foram várias vezes acusadas de o fazer, para haver condenação em tribunal.
O 'lobby' dos revendedores, contrário à abertura dos postos de gasolina nos supermercados, alerta para uma série de normas de segurança que parecem razoáveis. A opinião pública ficou sem saber se a medida foi, então, uma cedência ao 'lobby' dos supermercados.
Em Espanha, a quem fizer um supermercado, é requerida a instalação de um posto de combustível, para incentivar essa concorrência.
E a segurança?
Essas questões estão acauteladas. Por exemplo, o novo diploma diz que os bombeiros têm de dar um parecer sobre a localização.
Mas ao abdicarmos de critérios objectivos não estaremos a abrir a porta a outro tipo de distorção da concorrência?
Os critérios estabelecidos são compatíveis com essas preocupações. Não são diferentes das que existem em outros países europeus."

As Empresas e os Mercados no Programa do XVII Governo Constititucional, de Portugal

Além de assumir que, em termos gerais: "Um dos principais obstáculos com que hoje se defrontam as empresas reside na excessiva regulamentação que afecta as diferentes actividades económicas. A legislação e regulamentação, mesmo quando concebida com as mais válidas finalidades do bem-estar colectivo (segurança de pessoas e bens, qualidade de vida, defesa do consumidor, etc), por vezes não pondera o impacto que tem sobre o exercício das actividades económicas, sobre os custos envolvidos e sobre as dificuldades de acesso de novas empresas. Torna-se, pois, essencial promover a simplificação da legislação e dos procedimentos em áreas centrais à actividade das empresas, bem como desenvolver práticas de avaliação sistemática do seu impacto."

Para "Estimular a concorrência, garantir a regulação", o novo Governo defende que "Para a competitividade das empresas é importante fomentar o desenvolvimento de uma cultura de concorrência assente em "regras do jogo" claras, transparentes e iguais para todos. Importa, para tanto, assegurar uma aplicação estrita da legislação da concorrência.
As empresas portuguesas enfrentam uma desvantagem competitiva considerável em aspectos difíceis de ultrapassar no curto prazo. Por outro lado, o preço dos factores de produção é frequentemente mais elevado do que o suportado pelos seus concorrentes, como sucede com a energia ou as comunicações. Nestes sectores, importará promover uma maior concorrência, nomeadamente através da remoção gradual de barreiras à entrada de produtores mais eficientes e, também, por via da correcção de posições dominantes de incumbentes. Destas medidas, poder-se-á esperar uma redução do preço dos factores resultante de uma maior possibilidade de escolha pelos utilizadores, aproximando-o, assim, dos padrões aplicáveis aos seus concorrentes noutros países.
O reconhecimento da superioridade do mercado como forma de organização da economia subentende, porém, a existência de mecanismos que zelem pelo seu adequado funcionamento concorrencial, prevenindo monopólios e posições dominantes, gerando eficiência no interesse da economia nacional e garantindo, também, os direitos dos consumidores. Os interesses dos consumidores, aliás, devem merecer uma atenção crescente nas prioridades das entidades reguladoras.
O correcto funcionamento do mercado não dispensa, pois, sobretudo nos domínios mais sensíveis, designadamente quando está em causa a prestação de serviços essenciais, uma regulação independente, forte e eficaz. É preciso evitar, por meio de regras de transparência e incompatibilidade rigorosas, que as entidades reguladoras sejam "capturadas" pelos interesses regulados. Mas é necessário, também, reforçar-lhes os meios e aperfeiçoar os seus poderes de intervenção.
Para efeitos da melhoria do sistema de regulação, será promovido um procedimento sistemático de "Avaliação do impacto da regulação", numa lógica de ponderação custo-benefício. Este procedimento considerará, também, as eventuais alternativas para melhor atingir os objectivos das políticas públicas"

Por vez e para "Melhorar a governação societária", afirma-se que "A melhoria dos sistemas de governação societária (corporate governance) é uma das prioridades para uma economia moderna, dinâmica, inovadora e competitiva. A promoção de uma cultura empresarial assente em critérios de maior rigor e transparência pode contribuir decisivamente para o reforço da fiabilidade quer dos modelos de gestão das empresas, quer da informação que prestam sobre a sua situação financeira.
Para uma qualificação da governação societária têm sido particularmente valorizadas iniciativas tendentes a: melhorar a qualidade e fiabilidade da informação financeira sobre a empresa por via de melhores normas contabilísticas; reforçar a independência dos auditores, melhorar as normas de auditoria e sujeitar a sua actividade a um sistema público de supervisão e controlo de qualidade; definição de processos de nomeação e composição dos orgãos de gestão societária que garantam uma representação equilibrada dos interesses envolvidos e uma fiscalização independente; adoptar políticas de remuneração dos gestores que promovam a prossecução dos interesses das empresas na gestão; estabelecer sistemas de controlo interno para uma efectiva verificação dos procedimentos adequados de produção de informação financeira, de modo a prevenir situações de conflito de interesses; fomento da responsabilidade social das empresas; criar mecanismos e procedimentos, tirando partido das novas tecnologias, de forma a melhorar os canais de informação para o mercado e a facilitar a participação dos accionistas na vida da empresa.
O Estado, pela posição que ainda ocupa em importantes empresas, deve ser um exemplo catalisador da adopção de boas práticas de governação societária, tendo em vista a definição de um quadro de gestão que fomente o rigor, que responsabilize os responsáveis e promova uma maior transparência da sua acção. O Estado, deste ponto de vista, é um accionista como os demais e deve reger a sua actividade dentro do quadro normativo vigente.
No âmbito das empresas privatizadas, ou em vias de privatização, as regras a adoptar devem ser as aplicáveis às empresas cotadas. Quanto às empresas do Sector Empresarial do Estado (SEE) não abertas ao mercado, o Estado deverá integrar, com os devidos ajustamentos, as regras de Corporate Governance aplicadas às sociedades cotadas no mercado regulamentado. O Estado deverá também, como accionista, fomentar uma relação contratualizada com a administração destas empresas, através da definição clara das responsabilidades assumidas pelo accionista e pela administração, abstendo-se de se imiscuir na gestão corrente. Desta forma, as administrações disporão de um quadro claro de referência para a gestão das empresas, sendo possível uma efectiva responsabilização dos administradores quanto ao sucesso ou insucesso da sua acção."